Las cuentas de Marine Le Pen

Heredera política y personal del abanderado más reconocido de la derecha radical francesa, Marine Le Pen ha tenido que comparecer ante la justicia por haber puesto a sus asistentes en el Parlamento Europeo, donde ha sido diputada, a trabajar en el engranaje de su partido político en el escenario nacional. 

La acusación se extiende a otros miembros de su representación en el nivel europeo y lleva implícito un mensaje de descalificación de las credenciales del personaje, que aspira a competir nuevamente por la presidencia en 2027, con mayores posibilidades de éxito que en las tres ocasiones anteriores. 

Poco imaginaron los primeros practicantes de la democracia, ocupados de las cosas de fondo, sobre la relevancia que muy pronto traería la inserción del dinero como medio de financiación de partidos y campañas políticas. 

El asunto de los gastos se convirtió, al poco andar de los experimentos democráticos, en factor esencial de la vida política. No era simplemente cuestión de salir a la calle, o al ágora, a decir bellezas, verdades o mentiras, y a vender o frustrar ilusiones a punta de oratoria, demagogia o buenas razones. Pronto se hizo necesario contar con fondos suficientes para hacerse ver, difundir el contenido de plataformas y animar la logística cada vez más compleja del funcionamiento de agrupaciones políticas, parlamentos, congresos, campañas de promoción en busca de votos y apoyo en el empeño de acceder al poder.

En muchos casos, aunque explicable en la lógica de los negocios, financiar partidos y campañas se convirtió en “inversión” de rentabilidad política y económica. Como una forma de adelantarse al futuro y asegurar decisiones públicas favorables a intereses particulares. También los elegidos buscan que alguna instancia pública financie el funcionamiento de sus equipos.

Como quiera que para muchos resulta inevitable considerar el sesgo político de las acusaciones ante la justicia, y no todo el mundo tiene disposición para entender la finesa estrictamente jurídica de los argumentos que pueden llevar a una figura política ante los estrados judiciales, la acusación a la señora Le Pen adquiere importancia particular en este momento político de la vida francesa. 

Su partido obtuvo en las elecciones europeas de junio de 2024 un resultado favorable, y tenía ya candidato a primer ministro, en caso de haber obtenido mayoría parlamentaria en las elecciones parlamentarias que, de manera sorpresiva y tal vez infortunada, convocó el presidente Macron para cerrarle prematuramente el paso hacia las presidenciales de 2027. Medida que no resultó del todo acertada pues en la primera vuelta de las elecciones nacionales la Agrupación Nacional de Marine volvió a quedar en primer lugar y solo vino a quedar sin opción de gobierno cuando las demás fuerzas políticas se pusieron en su contra. 

El problema ante la justicia, que surge en momento tan importante, es que Marine y otros copartidarios vincularon asistentes para que trabajaran en asuntos del partido que los congrega en Francia, mientras su pago provenía de fondos del Parlamento Europeo, como si trabajaran allí. Ella, con su talante de abogada y la resolución y el vigor que lleva desde niña, compareció a la corte para decir que los asistentes parlamentarios, pagados por Bruselas, “están naturalmente involucrados en política, y eso fue lo que les atrajo de ese trabajo”, por lo cual, según ella, es ingenuo suponer que no estaban participando todo el tiempo en el trabajo político, y que sería una “falsa distinción” esperar que trabajaran solamente para el Parlamento Europeo.

Marine subrayó además que “hay que ver la cantidad de diputados que empezaron su carrera política como asistentes parlamentarios por su interés en la política”. Lo malo es que por ejemplo Catherine Griset, su asistente personal, acreditada en Bruselas como si trabajara en el seno del Parlamento Europeo, sólo habría estado durante doce horas en su supuesto lugar de trabajo entre 2014 y 2015. Algo similar pasó con su guardaespaldas y con un diseñador gráfico, que figuraban en el equipo y no laboraban en Bruselas al servicio del foro parlamentario europeo, sino que eran trabajadores del partido en Francia, pagados con fondos europeos. 

Las cosas son muy diferentes vistas desde el ángulo de la Fiscalía, que considera que se trata de funcionarios que laboran al servicio de un partido político en Francia, contratados como asistentes parlamentarios a cargo del presupuesto de la Unión Europea. Lo cual, estrictamente, implicaría que deberían cumplir funciones en Estrasburgo y Bruselas, dentro de la maquinaria de funcionamiento del Parlamento de la Unión, y no en París u otro lugar. Argumento que Marine controvierte diciendo que pensar así es prueba de la inconveniente desconexión entre el parlamento europeo y la vida real de su país. 

Como suele suceder en casos judiciales que involucran a personas que tienen, o pueden llegar a tener poder, y ante la contundencia de hechos que podrían cambiar el rumbo de las cosas por razones de refinamiento jurídico que no se suelen tener en cuenta en el fragor de la lucha política, los involucrados juegan con el tiempo. Es decir, buscan que los procesos se alarguen lo más que se pueda, de manera que cuando haya por fin sentencia definitiva, sus efectos sean lo más inocuos que se pueda. 

Mientras tanto, eso sí, se juega a hacer circular la idea de que los procedimientos judiciales son maniobras políticas. Argumento que encuentra terreno fértil en la parcela de los adictos a ultranza al jefe cuestionado y también en las favorables a cualquier teoría conspirativa, que existen en todas partes. Mientras tanto el jefe, o la jefe, gana tiempo, aunque pierda puntos. Además de estar en estado de alerta para interponer, por si acaso, todo tipo de recursos, rechazar con vigor lo que le sea desfavorable y exaltar lo que le pueda servir. 

Cuando la gente tiene talante dictatorial, o al menos aspiraciones autoritarias, guarda en la manga sus propias alternativas ante posibles derrotas jurídicas, así sea para armar un desorden político de cualquier proporción que pueda resultar favorable a unos cálculos que no dejan de ocupar sus trasnochadas y sus ilusiones. 

En este caso Marine sabe que, si resulta condenada, una interdicción de diez años para ejercer cargos públicos la sacaría de la carrera presidencial de 2027. De manera que, si el proceso subsiste luego de la elección de ese año, en el mejor de los casos tendría inmunidad. Mientras tanto, sabe que en la Asamblea Nacional tiene votos suficientes para acabar en pocos minutos con el gobierno precario de Michel Barnier. Aunque para eso tenga que coincidir con la izquierda, también lista a aliarse con el diablo por esos mismos minutos, si es lo que le conviene. Cosas de animales políticos aquí y allí.