La reforma constitucional japonesa

Sentada en la silla que ocupó Zelensky cuando lo maltrató la manada de la Casa Blanca, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, presenció impasible el alarde grisáceo de ingenio del presidente de los Estados Unidos cuando dijo, respecto de un tema que no tenía nada que ver con la reunión, que los japoneses sí que sabían de sorpresas, por lo de Pearl Harbour.

La misma señora, inquebrantable y sin estridencias, tuvo hace poco la audacia de disolver el parlamento y llamó a elecciones en busca de un apoyo más amplio que el obtenido cuando llegó a ser la primera mujer que, en una historia milenaria, ocupara la jefatura del gobierno en unas islas que por siglos dominaron hombres con espadas de samuráis.  

El resultado de los comicios no pudo ser más contundente, inédito y satisfactorio para su proyecto político. La obtención de la victoria electoral más contundente de la postguerra le permitirá velar con mayor solvencia por el avance vigoroso de la economía y del aparato administrativo del Estado, como responsabilidad de todo gobernante sensato. Además, como novedad, le permitirá eventualmente la introducción de reformas a una constitución que no ha sido modificada desde su expedición en 1947, porque los japoneses respetan a fondo su constitución y no se han tomado a juego su reforma conforme a caprichos de coyuntura de uno u otro jefe de gobierno. 

En vez de continuar la tradición de interpretaciones flexibles del texto del 47, salido de la pluma del General estadounidense Douglas MacArthur, vencedor de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi pretende en primer lugar introducir reformas en materia de defensa, para que su país cuente con capacidad bélica propia ante el resto del mundo, en condición diferente de la de protectorado estratégico de los Estados Unidos. 

También se propone introducir herramientas institucionales ahora inexistentes que le permitan al gobierno expedir decretos con fuerza de ley ante crisis de impacto colectivo y de diferente índole, como pandemias, desastres naturales e inclusive conflictos armados, mediante la declaración de estados de emergencia, sin aprobación parlamentaria previa. 

Además, ante las dificultades que se presentan en la sucesión dentro de la familia imperial por falta de herederos del sexo masculino, y para no abandonar el esquema milenario de existencia de un emperador como símbolo de la unidad nacional, se busca que miembros varones de antiguas ramificaciones del árbol de los emperadores recuperen el status de “nobles”, suprimido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y adquieran vocación de acceder eventualmente al trono.

Ninguno de los propósitos de reforma resultará fácil de manejar. El primero porque afecta el contexto estratégico de una región suficientemente candente con la presencia agresiva de la fuerza militar de Corea del Norte y la creciente actividad de China en todo el hemisferio, los inesperados cambios de actitud de los Estados Unidos frente a sus tradicionales aliados, y la necesidad de una abierta autonomía defensiva. El segundo, porque siempre habrá sospechas sobre la posible extralimitación de los gobiernos ante las emergencias, y el tercero porque, al adoptar el cambio propuesto, se cierra en pleno Siglo XXI la opción de que una mujer llegue al trono imperial.  

De todo esto, lo más relevante desde el punto de vista internacional es el asunto de un posible nuevo armamentismo japonés. Preocupación que no tardó en aparecer, con temores internos y externos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la Guerra Fría demostraron la inconveniencia de un Japón indefenso y sometido a depender integralmente de los Estados Unidos como garantes de la defensa y la integridad del archipiélago, con los costos económicos, estratégicos y políticos que ello implicaba. 

Entonces, sin cambiar la constitución, para no meterse en problemas, tradicionalmente se buscaron fórmulas pragmáticas para evadir la prohibición constitucional establecida en el Artículo 9 de la Carta, que dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales.” Y que: “Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.”

Para salirse del marco de esas prohibiciones, surgieron “interpretaciones flexibles” o “incrementales” de la constitución, orientadas a permitir, con aquiescencia de los Estados Unidos, la existencia de unas Fuerzas de Autodefensa. Opción que no ha dejado de producir una sensación de ambigüedad respecto de la prohibición constitucional y también un sentimiento de indefensión nacional, por el hecho de no contar abiertamente con fuerzas propias, ante las circunstancias cambiantes de la seguridad internacional en el Pacífico Noroccidental.  

La primera ministra propone añadir una cláusula al Artículo 9, por la cual se reconozca la existencia de las Fuerzas de Autodefensa Nacional, suficientemente capaces para la defensa del país, con lo cual se elimina la ambigüedad existente y se produce el efecto de contar con respaldo constitucional para una nueva política de defensa. Propuesta que algunos sectores parlamentarios consideran insuficiente, pues consideran que sería mejor eliminar la prohibición, para contar con una fuerza militar de verdad soberana. Mientras surgen también reclamos de pacifistas que prefieren seguir en la ambigüedad, que no ha dejado de dotar al país de unas poderosas fuerzas armadas, en lugar de aventurarse otra vez a un desarrollo militar que causaría alarma en el Pacífico y el Índico.

Las eventuales reformas de las instituciones japonesas implicarían el cierre de una época y la apertura de una nueva página. Eso es lo que ha planteado la primera ministra, que considera es tiempo de hacer algunos ajustes, sin estridencias, y sin exponer todo el cuerpo constitucional a la rebatiña de reformas sin límites, ni pies ni cabeza. Posición explicable porque, siendo admirable la estabilidad institucional provista por la Constitución de 1947, entre impuesta y adoptada en medio de la incertidumbre de la inmediata postguerra y el propósito de reconstruir un país desolado, hay una “marca de intervención extranjera” que no ha dejado de figurar como “sello de agua” del fondo de su texto y que suscita en ciertos sectores una buena dosis de vergüenza nacional. Marca que desaparecería en cuanto el país no continúe maniatado en materia de soberanía para su propia defensa. 

En ese orden de ideas, cualquier cambio constitucional representa, en una u otra proporción, un cambio en el tutelaje institucional establecido por MacArthur. Que curiosamente no fue el primer acto de intervención estadounidense en el destino del Japón, porque ya desde 1853 figura en la historia una relación Sui generis con los Estados Unidos, en términos de exigencias y concesiones, cuando los americanos enviaron una cuarta parte de su armada, bajo el mando del famoso Comodoro Perry, para obligar a Japón a abrir sus puertos en favor de pescadores y comerciantes de Estados Unidos, que hasta entonces apenas habían merodeado en la región en busca de ballenas. 

El Japón terminó entonces forzado a aceptar las exigencias formuladas, que a la postre resultaron trascendentales pues motivaron cambios tan importantes como la “Restauración Meiji”, que cambió dramáticamente el modelo encerrado del sistema Tokugawa, clásicamente feudal, en favor de uno unitario, y no solamente comenzó a abrir al Japón hacia el mundo, sino que permitió que se lanzara en una carrera de industrialización extraordinaria, que incluyó su propio desarrollo armamentístico.

Se estima que los amigos del Japón, comenzando por los Estados Unidos, verían con buenos ojos un nuevo marco para la defensa y el papel estratégico del Japón, a partir de las reformas planteadas. Esto porque implicaría la posibilidad de cumplir nuevos propósitos estratégicos y aliviaría los costos que la protección del archipiélago significa para sus aliados. 

Los países de la región, y en particular los que fueron objeto de agresión y ocupación japonesas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que son muchos e incluyen nada menos que a China y Corea del Norte, no verán los cambios con los mismos ojos. Les aterra la idea de un Japón eventualmente militarista, deseoso de jugar en el futuro otra ronda de esas que el sentido de los ciclos históricos puede llegar a propiciar en el momento menos pensado.

La casi octogenaria constitución japonesa del 1947, que reemplazó a la de 1889, tiene la particularidad de haber surgido de una iniciativa estadounidense que no pretendió instaurar un régimen presidencial sino uno parlamentario. A ello obligaba la preservación de la monarquía constitucional, así fuese con el emperador como símbolo de la unidad nacional, no ya como dios ni como representante vivo de dios en la tierra. 

La carta se ha sostenido a lo largo de 79 años, y las reformas que ahora se plantean tienen que ver con asuntos que verdaderamente merecen ser revisados. El de las fuerzas armadas, porque es de soberanía nacional. El de los poderes de emergencia, porque es una herramienta útil para la respuesta oportuna del gobierno ante amenazas súbitas e imprevisibles. Y el de la sucesión imperial, porque el país necesita garantizar la supervivencia de una tradición milenaria que juega un papel fundamental en el alma de la gente, sin perjuicio de que la opción que escojan sea una u otra.

La aprobación de la reforma se hará por la vía parlamentaria, sin acudir a inventar atajos al impulso de afanes políticos. Para ello se requiere de una mayoría de dos tercios en el parlamento, y después de mayoría simple en un referendo en el que pueden participar todos los ciudadanos. Nada de proyectos fascistoides, así sean de tinte rojo desteñido, como los que en otras épocas y lugares plantean cambios a la medida de quienes buscan usar el poder constituyente como un juguete para quedarse con un poder que justifique fechorías contra la democracia.

El eventual fin del “pacifismo de jure”, no solamente abriría una página nueva para el Japón, sino para el Asia y el resto del mundo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Alemania, aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también marcha, obligada por nuevas circunstancias, a jugar un papel cada vez más relevante en el contexto de la defensa europea.