El descabezamiento del régimen dictatorial de Venezuela, aunque inédito e incompleto, es apenas el primero de muchos cambios en la jefatura de gobiernos que tendrán lugar a lo largo y ancho del mundo, bajo modalidades diferentes, en 2026.
Sin perjuicio de que factores internos o externos conduzcan a relevos por fuera de toda regla, sobre la base de consideraciones políticas, económicas, o fruto de la combinación de ambas, en distintos países están previstos procesos electorales de trascendencia en una época de ambiente enrarecido por el desorden de la vida internacional.
Dentro de las modalidades de gobierno que desde su independencia de España ha experimentado Venezuela, no se había dado el de la anunciada administración por parte de los Estados Unidos. Algo que, de realizarse, irá todavía más lejos que la omnipresencia cubana en escenarios estratégicos del funcionamiento del país.
El conmovedor discurso de María Corina Machado escrito para recibir el Premio Nobel de Paz en Oslo, y magistralmente leído por su hija, tiene una referencia no muy precisa a la trayectoria de la democracia venezolana. En efecto, da a entender que allí existió desde siempre una tradición democrática que vino a ser usurpada por los gobiernos de los últimos años, cosa que da una maravillosa impresión, pero no corresponde a la realidad.
Venezuela ha sido gobernada a lo largo de la mayor parte de su vida independiente por dictadores y militares. Tradición que, por supuesto, da mayor valor a los esfuerzos de los demócratas que ahora tienen el compromiso adicional de obtener cuanto antes un gobierno auténticamente democrático, que no dependa de la potencia extranjera que ha anunciado que administrará el país, con énfasis en el manejo de sus recursos petroleros.
La forma que tome un nuevo gobierno de Venezuela nos debe importar en alto grado, pues una cosa es tener allí, como es deseable, un gobierno democrático escogido libremente por los venezolanos, mientras que algo muy diferente sería tener del otro lado de la frontera un experimento de ocupación extranjera inédita en Suramérica y que no se anuncia tranquila. Esto último sobre todo si se tiene en cuenta que, conforme a la tradición venezolana, falta por ver qué camino señalan los jefes militares del país, acostumbrados a gobernar, ahora con el apoyo de paramilitares preparados precisamente para apoyar lo que los primeros decidan, o suplantarlos.
Todo lo cual nos concierne pues allí habita y ejerce un papel activo, en ambas direcciones y sobre la frontera de los dos países, la retaguardia de actores violentos de la vida colombiana que buscarán jugar un nuevo papel, sea ante la presencia norteamericana que les cae de perlas para un posible protagonismo, o la auténtica restauración democrática venezolana, que les puede afectar negativamente.
Nuestros propios procesos electorales, que figuran en lugar prominente dentro de la feria de elecciones de este año, se verán afectados por la situación del vecino país, pues la exigencia de definiciones sobre ese tema se convierte automáticamente en elemento diferenciador de posturas y propuestas de los candidatos. A ellos no solamente les corresponderá manifestarse sobre la eventual orientación de su política exterior hacia Venezuela y los Estados Unidos, con el fondo de lo que ha sucedido, sino proponer acciones de eventual participación colombiana en la reconstrucción de la economía del vecino país, que puede ofrecer oportunidades interesantes.
Si bien lo anterior aplica de manera inevitable en cuanto a las propuestas presidenciales, es posible que el asunto venezolano aparezca también en el proceso de elección de nuestro poder legislativo. Proceso que no puede ser eclipsado por la feria de nombres de presidenciables, pues reviste importancia fundamental en cuanto al rumbo que nuestro propio país tome hacia el futuro en momentos de agitación inocultables.
Es costumbre política entre nosotros, como lo demuestran las cifras de participación electoral, que la atención se concentre en las elecciones presidenciales y se menosprecie la importancia de las legislativas, con el manido argumento de que en el congreso anida una clase política repugnante. Cuando lo cierto es que el congreso tiene en sus manos resortes fundamentales para convertir en realidad, mediante la legislación, el control político y su capacidad de reformas constitucionales, la vigencia del Estado de Derecho.
Nuestra propia historia nos demuestra con creces que no basta con llegar al solio presidencial para hacer lo que al elegido le parezca, como si fuere el único depositario de la voluntad y el mandato del pueblo. Concepto del que precisamente los populistas se suelen adueñar para jugar con él a la manera de comodín que les sirve para todo, inclusive para desconocer al legislativo e inventar atajos para suplantarlo con corporaciones convocadas a la medida de sus intereses. Colombia no debe caer en la trampa de deslumbrase con la elección presidencial y se debe ocupar de elegir primero que todo un buen congreso. Está en nuestras manos.
En Brasil aparece en el panorama el dilema de la búsqueda, o no, de un cuarto mandato para el presidente Lula da Silva. Mandato que, como el colombiano, se ha de inscribir dentro de la secuencia de movimientos del péndulo entre derecha e izquierda, con posibles adormecimientos hacia el centro, en el conjunto de América Latina. A lo cual, en el caso brasileño, se ha de sumar el cumplimiento de la promesa de Lula, en su última campaña, de no presentarse de nuevo. Pero, mucho más, la consideración de si el Brasil tiene una alternativa creíble que avance en el sentido de Lula o busque el retorno de la tendencia de Bolsonaro, el amigo de Trump ahora en la cárcel.
Brasil ha demostrado en los últimos tiempos, pasada la tormenta de Odebrecht, una madurez institucional y un exitoso funcionamiento del Estado de Derecho perfectamente oponibles a los desvaríos de los propios Estados Unidos de América. Incipiente tradición que necesita ser refrendada precisamente por la voluntad popular de las elecciones de este año, sea cual fuere el resultado.
Las elecciones de renovación parcial del Congreso de los Estados Unidos serán en esta ocasión, más que nunca, escenario de una batalla muy significativa para el futuro de ese país. La eventual reedición de una mayoría republicana traería como consecuencia la profundización del modelo Trump de ejercicio de una presidencia imperial, con poderes auto atribuidos más allá de las fronteras nacionales. Algo temido por los europeos y necesariamente urgente para tener en cuenta en todas las cancillerías del mundo, en las que el escritorio de las relaciones con los Estados Unidos juega un papel fundamental en materia de política exterior. Por el contrario, una mayoría demócrata, así ese partido haya demostrado hasta ahora una esterilidad política desastrosa, podría representar una confrontación equilibrante en las relaciones del Capitolio con la Casa Blanca. También con sus consecuencias exteriores que tener en cuenta.
En el otro extremo del espectro político, en Haití se planea realizar elecciones por primera vez en casi una década. En ausencia de partidos, y lejos de cualquier tradición electoral, el país llegaría a los comicios bajo la preeminencia de las pandillas armadas que en algunos casos se piensan convertir en partidos políticos. Solo que algunas agrupaciones de esas han sido consideradas organizaciones terroristas por los Estados Unidos. De manera que, según el resultado, la infortunada nación caribe caería fácilmente en un nuevo abismo.
Lejos de nuestro continente, habrá elecciones en países que han tenido recientes conmociones populares significativas, como Nepal y Bangladesh. Allí está por verse la fuerza política de generaciones enteras de nuevos ciudadanos que, llegados a la edad de votar, tienen en sus manos por la vía de las urnas la introducción de cambios de tradiciones ancestrales de muy vieja data. Por lo cual el resultado de los comicios en esos dos países, y el respeto que merezcan las elecciones como medio de salida de crisis, servirán como medida para muchos otros donde los modelos orientales de sociedad se verían obligados a dar paso a experimentos democráticos de corte occidental, con el riesgo siempre presente de que el campo no esté todavía fértil para su progreso.
En Hungría aparece este año una nueva oportunidad de cuestionamiento popular democrático del poderío político y cultural del muy controvertido Viktor Orbán, espécimen extraño dentro del mosaico de los gobernantes europeos. Conservador antiglobalista, antieuropeísta, autoritario, carismático, apreciado por Trump y putinista de corazón, ha sido piedra en el zapato y a la vez filtro importante para las decisiones de la Unión Europea. Los pronósticos no muestran indicios de que los húngaros deseen cambiar radicalmente de orientación, de manera que el reto más importante a su continuidad en el poder proviene de un antiguo aliado, Peter Magyar, que representaría nada más que una cara nueva del mismo partido acomodado en el poder.
Para completar por ahora el cuadro, Israel tendrá elecciones a finales de octubre, las primeras después del mortífero ataque del 7 del mismo mes del año 23 y de la secuencia violenta que desató. Será entonces, en ese país severamente democrático, donde nadie hasta ahora ha dejado de pagar por sus equivocaciones, un proceso electoral pleno de cuentas pendientes que han de ser saldadas por decisión popular.
En medio de un mundo que vive profunda crisis de los valores democráticos, y donde numerosas pruebas, internas y exteriores, amenazan su vigencia y la del Estado de Derecho, bien vale la pena que se haga presente, comenzando por nuestro propio proceso, una acción democrática decidida y profunda, que no de tregua para que autoritarismos propios o ajenos interfieran en la voluntad popular. Acepción de lo popular que no es exclusividad de ningún alucinado político vociferante, sino manifestación cotidiana de quienes no debemos perder las oportunidades de ejercer el derecho soberano y la obligación que nos asiste de elegir bien.