Desprofesionalizar la Cancillería: un riesgo inminente para Colombia

El mundo contemporáneo es cada vez más inestable y retador a escala global. La coyuntura internacional por la que atravesamos, que plantea nuevos desafíos en prácticamente todas las latitudes, así lo demuestra. Por ello, Colombia necesita, más que nunca, un servicio exterior profesional y estratégicamente preparado bajo los más altos estándares internacionales. Sin embargo, el debate que ha venido ganando terreno en el país en los últimos años parece avanzar en una dirección, tal vez, opuesta. Desde una narrativa elaborada para presentarse como democratizadora, se ha ido legitimando una idea profundamente riesgosa: que la profesionalización del servicio exterior es, en el fondo, una forma de elitismo que debe desmontarse.

Ese argumento puede sonar seductor en un país atravesado por desigualdades históricas y por una larga concentración del acceso a ciertos espacios de representación del Estado. Ahora, frente a dicha condición, conviene traer al debate una diferencia decisiva que debe discutirse con rigor: ampliar el acceso a escenarios diplomáticos para sectores históricamente excluidos es necesario, pero vaciar esos espacios de las capacidades profesionales que requieren es profundamente irresponsable.

La discusión de fondo, entonces, no debería plantearse como una elección entre una supuesta diplomacia de élites y una improvisada “diplomacia popular”. Ese es un falso dilema. Tal vez, lo que deberíamos preguntarnos es: ¿cómo construir una diplomacia más socialmente diversa y representativa  sin renunciar a la competencia, al conocimiento, a la formación y al mérito que exige representar a Colombia ante el mundo? Esa pregunta se vuelve todavía más urgente cuando se observa con atención la volatilidad del sistema internacional que hoy debe navegar Colombia.

En este sentido, y apenas como ejemplo, si consideramos uno de los roles fundamentales del servicio exterior, el de embajador, es importante anotar que este no se reduce a un rostro político ni a una lealtad ideológica. Representa, o debería representar, la capacidad del Estado para ser interlocutor, negociar, anticipar riesgos, construir confianza, abrir oportunidades, manejar profesionalmente las crisis y posicionar estratégicamente al país. Para lo cual, se requieren competencias elementales: idiomas, experiencia, formación, criterio, conocimiento del mundo y capacidad de lectura política.

Es por eso que resulta preocupante que ese discurso, que invoca la apertura de la Cancillería mientras erosiona sus capacidades técnicas y profesionales, ya haya tenido expresiones concretas. Una de las más visibles fue la actualización del manual específico de funciones y competencias laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Resolución 10142 de 2025. Allí desapareció, para el cargo de embajador, la exigencia expresa de acreditar el dominio de una lengua internacional de trabajo o del idioma del país de destino, que sí figuraba en la regulación anterior. Posteriormente, el Ministerio volvió a abrir el manual a revisión y adelantó una nueva actualización en 2026, mediante la Resolución 00341, en la que esa exigencia no fue restablecida pese a la revisión del manual.

Esta decisión respecto del requisito del idioma no es, entonces, un detalle aislado. Es uno de los indicios más visibles de una señal institucional preocupante: la disposición a flexibilizar los estándares de idoneidad en la alta representación exterior del Estado colombiano. Esto no es un asunto menor, ya que, en el mundo diplomático, el idioma no es un adorno elitista, sino una herramienta básica de interlocución, negociación y representación. Así, desestimar dicho estándar no amplía las capacidades del Estado, por el contrario, las reduce.

Pero el problema de fondo no se agota en ese retroceso puntual. Lo que está en discusión es algo más amplio: si Colombia va a responder a la demanda legítima de una diplomacia más diversa, fortaleciendo sus capacidades estatales, o si, por el contrario, va a confundir la apertura con la erosión de sus capacidades institucionales. Dicho de otro modo, no se trata de oponerse a una Cancillería más abierta, más diversa o más conectada con los territorios. Esa apertura, bien entendida, es más que necesaria. También en la carrera diplomática pueden existir medidas legítimas de democratización del acceso, siempre que preserven el mérito, la competencia y la formación rigurosa. Sin embargo, el problema surge cuando el lenguaje de la inclusión se convierte en una coartada para reducir las exigencias técnicas en la representación exterior del Estado.

Si de verdad se quiere democratizar el servicio exterior, entonces hay que crear y fortalecer rutas estratégicas de formación diplomática. Hay que llevar programas de relaciones internacionales a los territorios. Hay que construir rutas de acceso para jóvenes de regiones periféricas, de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes y de sectores históricamente excluidos. Hay que ofrecer becas, formación intensiva en lenguas extranjeras de uso internacional que complementen y potencien la riqueza lingüística ya existente en Colombia, así como acompañamiento académico y mecanismos de preparación de alto nivel. Y hay que hacerlo, además, con enfoques diferenciales que reconozcan la diversidad real del país.

Nuevamente, eso supone entender que la inclusión real no consiste en eliminar requisitos para simular una aparente apertura. Consiste en hacer posible que una joven indígena del Cauca, un estudiante afro del Pacífico, un líder del Amazonas o una profesional del Caribe accedan, con excelencia, a una carrera diplomática exigente y de alto nivel. No mediante la flexibilización populista de los estándares, sino mediante la instalación de capacidades desde los territorios.

Y sí: por supuesto que cualquier “hijo de obrero”, como se le ha escuchado decir al presidente, debería tener la posibilidad real de acceder al servicio exterior colombiano. Esa tendría que ser una aspiración incuestionable de una democracia seria. Pero precisamente por eso, el Estado debe garantizar que pueda hacerlo con la más alta y rigurosa formación en competencia abierta, junto a los mejores. Democratizar no puede significar sustituir una vieja diplomacia de privilegios por una nueva diplomacia sin mérito. Lo contrario solo cambiaría los nombres del privilegio, mientras Colombia seguiría siendo representada por personas sin las capacidades que exige un mundo cada vez más complejo.

Visto así, la clave no está en desmantelar la Cancillería ni en expulsar de ella el conocimiento experto. Todo lo contrario, Colombia necesita preservar y fortalecer un núcleo profesional de primer nivel en su servicio exterior. Lo que debe cambiar no es la exigencia, sino la manera en que se redistribuyen y amplían las oportunidades para alcanzarla. En ese escenario,la diplomacia pública, la cooperación internacional descentralizada y el enfoque territorial, propuestas de las que me he ocupado en entradas anteriores, pueden desempeñar un rol decisivo en las apuestas internacionales de Estado.

Una política seria de democratización del servicio exterior debe partir de un criterio básico: la representación del Estado no puede improvisarse ni quedar atrapada en los ánimos del gobierno de turno. Debe hacer parte de una política de Estado que trascienda los gobiernos y que forme, cultive y entrene constantemente los mejores talentos del país. Allí habría que elevar el estatus de la diplomacia pública como apuesta estratégica para sembrar capacidades en los territorios, articular regiones, universidades, gobiernos y comunidades con la acción internacional, y convertir la diversidad colombiana en una fortaleza diplomática real y en un campo fértil donde se cultiven las nuevas fuerzas diplomáticas de Colombia. En el fondo, de eso se trata: no de elegir entre profesionalismo o inclusión, sino de construir una diplomacia capaz de reunir ambas. Así sería posible armonizar excelencia y diversidad, mérito y apertura territorial, formación rigurosa y acceso real.

En tiempos de incertidumbre global, Colombia no puede darse el lujo de reemplazar la profesionalización por el populismo. Lo que el país realmente necesita es una Cancillería más fuerte, más diversa, más territorial y más democrática, por supuesto, pero también más rigurosa, más preparada y más competente que nunca. Esa tendría que ser, además, una preocupación fundamental para el próximo presidente de Colombia. Fortalecer las capacidades internacionales del Estado no puede seguir siendo un asunto de retórica que legitima ideologías de turno ni de improvisación disfrazada de apertura. Se trata de una condición básica para que el país pueda defender sus intereses, ampliar sus oportunidades y navegar con inteligencia en un sistema internacional cada vez más exigente. De lo contrario, seguir debilitando el servicio exterior en nombre de una falsa inclusión no dejará en desventaja únicamente a una institución cada vez más aislada, sino al país entero.