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Procedimiento para tasar existencia de perjuicios en condena por indemnización plena por daños en accidente de trabajo o enfermedad profesional

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La Corte Suprema de Justicia recalca cómo el juez debe tasar la existencia de perjuicios en la condena por indemnización Plena de Perjuicios regulada en el artículo 216 del Código Sustantivo del trabajo.

Cuando se logran establecer los supuestos de hecho que determinan la condena por indemnización plena de perjuicios, con el objetivo de garantizar de forma efectiva la protección de la seguridad en salud y la vida del trabajador en el desarrollo de la actividad laboral para la que fue contratado, objeto de tutela, el juzgador tiene como responsabilidad evaluar la plataforma probatoria obrante en el expediente, esto para extraer los elementos que sean necesarios que permitan definir los perjuicios sufridos por la víctima, así como su monto.

Así mismo, se expone que hay suficiente jurisprudencia que se refiere a los perjuicios morales generados por un accidente de trabajo en el que se produce la muerte del colaborador, en este caso no hay necesidad de probarlos, ya que se da por sentado los daños ocasionados por una pérdida de un ser querido, por ello que se sostiene que la tasación queda a cargo del juzgador, ya que es un daño que no se puede evaluar monetariamente al entender que no se puede cuantificar el dolor, sin embargo, el juez encargado puede hacer la valoración pecuniariamente según su criterio y partiendo del reconocimiento de la existencia del dolor.

Consulte la sentencia aquí: Sentencia 45997 de 2016. Corte Suprema de Justicia.

 

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Es posible eximir el pago de la moratoria sobre el auxilio de cesantías que se le retiene a un trabajador oficial condenado por un ilícito contra la administración pública

La Corte Suprema de Justicia aclara que si es posible eximir el pago de la moratoria sobre el auxilio de cesantías que se le retiene a un trabajador oficial que ha cometido un ilícito frente a la administración pública.

Conforme a lo expuesto en el artículo 1 del Decreto 2712 de 1999, se pretende que la administración pública retenga las sumas correspondientes al auxilio de cesantía del servidor destituido con la intención de recuperar de alguna manera la afectación de la cual dicha entidad ha sido objeto. Lo anterior para incrementar la posibilidad de defensa del erario público sin violar las competencias de las autoridades en lo relacionado con la imposición de sanciones, además de brindarle al fiscal o juez los medios para que su laborar se dé, no solo con la imposición de una pena –sí se establece una responsabilidad criminal – sino con la posibilidad de compensar a la administración pública con los bienes del ex-servidor.

Sumado a esto, la Corte Suprema, recalca que “Así, bien puede decirse que no hay lugar a considerar de mala fe la posición del empleador, que con fundamento en una interpretación medianamente razonable de las normas que prevén figuras como la retención o pérdida del auxilio de la cesantía, se sustrae a su pago a la fecha de terminación del contrato de trabajo, cuando quiera que se dan los demás supuestos fácticos de la norma pertinente”.

Consulte la sentencia aquí: Sentencia 43835 de 25 de mayo de 2016 – Corte Suprema de Justicia.

Precisiones para aplicación de buenas prácticas empresariales para la competitividad para vigilados de la SuperPuertos

La Superintendencia de Puertos y Transporte recuerda las buenas prácticas empresariales para la competitividad y sus indicadores asociados, siendo un mecanismo de prevención y corrección buscando optimizar la competitividad del sector.

Para cumplir con estas prácticas es necesario tener presentes las siguientes consideraciones:

La SuperPuertos debe velar por el desarrollo de los principios de libre acceso, calidad y seguridad en la prestación del servicio de transporte, buscando implementar acciones de prevención para evitar los riesgos en la prestación del servicio o lograr que estos disminuyan sus efectos. También debe hacer la planificación de las actividades que desarrollará, teniendo como base el Plan de Desarrollo, haciendo seguimiento anual a este y definiendo los resultados obtenidos frente a las metas que tiene previstas esta entidad para el cuatrienio.

Sumado a lo anterior, recuerda que las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberá establecer, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, los objetivos para el desarrollo de las funciones del año siguiente, incluyendo los recursos presupuestados y las estrategias para lograr dichos objetivos, esto para poder hacer la respectiva evaluación según los indicadores de eficiencia.

Consulte la circular aquí: CIRCULAR 94 de 2016 SPT Buenas prácticas empresariales para la competitividad.

Proyecto de resolución que definiría esquema de tomadores del precio del Cargo de Confiabilidad

La Comisión de Regulación de Energía y Gas hace público un nuevo proyecto de resolución que busca definir el esquema de tomadores del precio del Cargo de Confiabilidad para que los interesados e involucrados hagan llegar sus opiniones o sugerencias.

Considerando las recomendaciones que ha recibido esta Comisión deciden que es necesario incentivar la participación de plantas de costos totales competitivos que puede prestar el servicio de confiabilidad y ofertar energía para contratos.

Por lo anterior y si el proyecto de resolución es aprobado, El Esquema de tomadores del Cargo de Confiabilidad tendrá estas características:

Podrán participar las plantas nuevas, plantas especiales, existentes con obras o plantas existentes, algunas de estas deben tener licencia ambiental.

Las plantas que deseen participar deben registrar contratos de venta de energía con demanda no regulada de precio fijo ante el ASIC con una duración mínima de 5 años por una cantidad superior al 70% de la energía firme de la planta.

Consulte la resolución aquí: RESOLUCIÓN 253 de 2016 CREG P – Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, «por la cual se define el esquema de tomadores del precio del Cargo por Confiabilidad».

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