Venezolandia, ¿Colombialand?

 Colombia no necesita ponerse el cerebro de Donald Trump para pensar por sí misma y decidir su destino.

El presidente Trump confunde a Venezuela con Disneylandia, su reino mágico petrolizado.

Lo que pase en Venezuela, no se queda en Venezuela, porque puede ocurrirle a Colombia.

Lo que pasa con Venezuela, bueno y malo, se volvió de interés público mundial, y ante todo regional, porque nos toca a los colombianos de muchas maneras; así que de los políticos y la prensa se espera ecuanimidad y sabiduría a la hora de ponderar los acontecimientos.

Donald Trump amenazó a Colombia y a un presidente, Gustavo Petro, elegido democráticamente, acusándolo de ser “un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos”, según recoge El Espectador.

Desde la Conquista española, no ha habido en la historia colombiana una amenaza externa más evidente que ésta y quizás sea la puerta de oportunidad que estábamos esperando para echar a andar un acuerdo nacional, sin mezquindades ideológicas. Porque Trump pasará cuando entregue su gobierno —aunque como están las cosas, ya no hay certeza de nada—, pero las consecuencias de sus acciones, si se lo permitimos, podrían ser dolorosamente irreversibles, incluso para las generaciones que no han nacido.

Lo que está en juego hoy, son los intereses de la sociedad toda, dueña de un territorio, de su riqueza, (por debajo y por encima de nuestro suelo); de su historia, de su presente y de su futuro. Dueña, cómo no, también de sus dichas y sus desdichas.

El país es una unidad indivisible en el marco de la Constitución y sus leyes, la norma superior que nos arropa como colombianos. Para decirlo en términos castizos, nos debemos a la tierra que nos parió y a la Constitución que nos obliga.

La Constitución Política de Colombia es la biblia de las leyes —la norma de normas—, que estamos obligados a acatar los aquí nacidos. En esta coyuntura, se nos impone, por lo tanto, el deber de desempolvarla y apropiarnos de lo consignado en su preámbulo:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia:”. (Los subrayados son míos).

El artículo 4 de la Constitución es claro: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Si la intención de Trump es capturar al mandatario colombiano, sin pruebas, por la cocaína que Colombia produce y los gringos consumen, lo lógico sería, en consecuencia, que el gringo venga por todos los presidentes que ha habido desde Julio Cesar Turbay Ayala, y eso implica sacarlo a él, a Belisario Betancur y a Virgilio Barco de sus tumbas, y llevarse esposados a todos los demás, incluidos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Duque, porque el tráfico de drogas no es de ahora, y, por el contrario, hasta donde nos consta el país ha pagado un precio muy alto para combatirlo —nada más recuerden que a don Guillermo Cano, el director de El Espectador, lo mataron los narcos—, y documentado está, con resultados tangibles, que cada gobierno ha hecho lo que ha podido en la lucha antidrogas.  

Además, como lo reseñó el diario The New York Times “no existe evidencia de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lidere o tenga vínculos con organizaciones criminales”. Mientras tanto, en el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York quedó claro que el tal “Cartel de los Soles” no existe.

Dice, con contundencia, este editorial de El Espectador: “Las amenazas del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro son una agresión directa contra Colombia. No hay justificación alguna para que el líder de Estados Unidos fantasee con una operación militar en nuestro país y contra un mandatario elegido democráticamente. Nuestro país es una democracia estable y en proceso de fortalecimiento, con instituciones robustas, con una sociedad civil activa y con una Constitución garante de libertades individuales. Nuestra soberanía es innegociable. Cualquier apoyo a lo dicho por el presidente Trump es complicidad con un golpe de Estado y una traición a este país que con tanto esfuerzo, dolor y sangre hemos construido”.

Y esto agrega el editorial del El Universal de Cartagena: “nuestro país ha mantenido una tradición de respeto a la normativa que preserva el multilateralismo y la primacía de la diplomacia ante cualquier conflicto. Esta es la posición correcta y la que debe prevalecer”.

Un paréntesis para decir que la conversación telefónica y amistosa entre los presidentes Petro y Trump no significa nada por ahora, porque la civilización pende de un hilo y del genio con que se levante el gringo. Es más, con este mundo al revés, vale la pena hacerse una pregunta, con todo respeto por los creyentes: ¿El destino de la humanidad está hoy en manos de Dios o de tres hombres: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping? Digamos que de los cuatro para no pelear con Dios ni con el diablo.

En este momento los editorialistas de prensa, tanto como el gobierno, el Congreso y los partidos políticos, deberían declararse en sala de crisis permanente, y prestar toda la atención posible a cada cosa que se diga desde Estados Unidos. Ningún hecho doméstico puede ser más relevante que una amenaza a la soberanía colombiana, que podría ponerlo todo patas arriba si permitimos el más mínimo manoseo a dos siglos de vida republicana

Cuando el destino de todo un país está en juego, la entereza de los tres poderes se pone a prueba, y así con la prensa como el cuarto poder que es. La separación de poderes debe funcionar en una democracia para garantizar su existencia y protegerla de las amenazas internas, pero no puede actuar separadamente cuando las amenazas vienen desde afuera.

Ante las circunstancias, y una vez conocida la denuncia del ministro de Justicia contra tres congresistas (María Fernanda Cabal, Lina Garrido y JP Hernández) por presunto llamado a intervención militar extranjera, a todos los políticos en campaña se les debe exigir que actúen con sentido patriótico, y no en función de consignas, votos o ambiciones personales u odios particulares. Quizás lo que estos personajes necesitan, más que una demanda, es que se les obligue a leer la Constitución y, mediante un examen, cerciorarse de que la leyeron y, sobre todo, de que la entendieron.

Señores: El palo no está para cucharas. Nuestras pulgas las matamos nosotros. Somos Colombia, no Colombialand.