Prohibir o no prohibir las encuestas electorales

“Las encuestas electorales adquieren relevancia en los periodos de campañas electorales, y aunque no todas aciertan, la historia también muestra que algunas de las firmas encuestadoras presentan buenas aproximaciones con respecto a los resultados electorales”: Mayo Luz Polo, profesora asociada del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).  

La Corte Constitucional estudia tres demandas que piden declarar inconstitucional la Ley 2494 de 2025, la cual prohibía entre julio y noviembre de este año realizar y publicar encuestas en Colombia.

“A pesar de sus fallidos resultados al predecir ganadores, las encuestas electorales siguen siendo un tema atractivo para el público y una herramienta para entender las preferencias políticas de los ciudadanos, permitiendo tomar decisiones en cuanto a los candidatos o a los partidos políticos en países con democracias estables”, dice en este artículo de UN Periódico, la profesora Mayo Luz Polo, del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien analiza lo bueno y lo malo de dicha ley.  “… pese a la buena intención detrás de la Ley, se pueden identificar claramente algunos desaciertos relacionados con la teoría de muestreo”, añade.

Más allá de la autopsia a la norma, lo que está pasando en materia de encuestas en Colombia es preocupante —se habla incluso de posibles amenazas a los encuestadores—, a juzgar por este episodio de Presunto Podcast.

Pareciera que hoy quieren crucificar a César Caballero aquellos a quienes la última encuesta de Cifras y Conceptos no les sirve, pero que con absoluta seguridad lo bajarán en hombros de la misma cruz, si mañana el viento les sopla a favor.

¿Qué creo yo? Lo que yo creo es que el gran pecado del encuestador es hacer análisis de su propia encuesta bajo el argumento de tener “una opinión informada”, porque, de entrada esas dos palabras juntas llevan implícito el sesgo detrás de toda opinión personal. Quizás el encuestador deba tomar distancia, no lo sé, y dejar que terceros interpreten el universo estadístico de sus encuestas, tal vez.

¿Por qué digo esto? En el mismo episodio de Presunto Podcast, César Caballero dijo lo siguiente: “Yo tengo una frase que puede ser muy dura: Colombia ha elegido dos tipos de presidentes. Aquellos que les gusta el trabajo de ser presidente y aquellos que les gusta el honor de ser presidente.  Yo creo que el presidente Gustavo Petro es del segundo tipo, le gusta el honor pero no sentarse a trabajar juicioso”.

Para una persona como él, cuyo negocio son las encuestas que le miden el pulso político al país, declaraciones como esa casi que invalidan la imparcialidad de su trabajo o al menos siembra dudas sobre la transparencia del mismo, porque, para empezar, quien tiene arte y parte en la industria de las encuestas, podría incurrir, creo yo, en un conflicto de interés al fijar posiciones que dejan ver sus afectos o desafectos políticos de cara a las elecciones del 2026. Una opinión informada sigue siendo una opinión, es lo que quiero decir.   

Una solución salomónica, se me ocurre, es que las encuestas sean pagadas y contratadas por los partidos políticos y los candidatos, pues al fin de cuentas son los directamente involucrados en una elección, y por lo general la información arrojada les sirve de insumo para tomar decisiones a partir de lo que indiquen esos indicadores.

No creo, como dice Mauricio Vargas, el columnista de El Tiempo, que “la aplicación de una ley restrictiva (…) nos está violando el derecho a estar informados, consagrado en el artículo 20 de la Constitución y considerado derecho fundamental”. Lo de la posible censura es más una falacia ideológica.

Nunca habrá certeza de si hay o no intereses ocultos detrás de las encuestas, ni de por qué o quién escoge este u otro momento para darlas a conocer.

Siendo las firmas encuestadoras negocios privados, los electores deberíamos tener derecho a decidir tranquilamente a quién le damos el voto, sin la coerción velada (¿constreñimiento?), de una encuesta, que actúa como intermediaria entre los partidos políticos y la ciudadanía. Suficiente influencia tenemos con la exposición mediática de los candidatos y el trato preferencial que algunos de ellos reciben (y recibirán cuando se acerque la elección), por parte de ciertos medios de comunicación.

Nunca habrá certeza de si hay o no intereses ocultos detrás de las encuestas, ni de por qué o quién escoge este u otro momento para darlas a conocer. Y no es de ahora. Las encuestas siempre han sido objeto de escarnio público. Se parte en todo caso de la buena fe del encuestador y del carácter científico de la encuesta.

Lo que muestra la foto del momento en Colombia es que el problema en sí no son las encuestas, (mientras escribo esto, acaba de aparecer la del Centro Nacional de Consultoría), sino la satanización que hacen de ellas los políticos si los números los dejan mal parados, o la manera como los medios las interpreten. La encuesta gusta si sirve a los intereses proselitistas y disgusta a aquellos que se sienten maltratados por los resultados.

Con todo, el país está en mora de dar un gran debate en torno al papel que cumplen las encuestas y las firmas encuestadoras en los procesos electorales. Por ejemplo: ¿Se debería prohibir la publicación de encuestas, más no la realización de las mismas? Es decir, ¿se deberían limitar las encuestas para que sean de consumo interno y exclusivo de los partidos?

Durante los tres meses de veda a las encuestas por cuenta de la ley, en el país se respiraron mejores aires.  Sin encuestas, el ambiente electoral mejora y eso nos obliga a los ciudadanos y electores a escudriñar en los programas de gobierno de los candidatos, sin quedarnos en unos números que, en el fondo, nada dicen sobre las capacidades reales de quienes quieren gobernarnos. 

Así mismo, los medios deberían generar contenidos a partir de las plataformas programáticas de los presidenciables para que sepamos qué hay en sus cabecitas, y no quedarse en la especuladera sobre los muestreos. En una sociedad con exceso de información y escasez de formación política, el riesgo está en dejar que primen los números sobre las ideas.

Dicho de otra forma, es irresponsable poner la elección de un presidente de la República en manos de una encuesta, porque estadista y estadística no son la misma cosa. Y en Colombia necesitamos más de lo primero.