Por la plata baila el mono: El caso David Racero… y otro$

Imagen del IG del congresista David Racero.

“Poderoso caballero… es el buen dinero / Olé, olé un funcionario / Olé, olé de la nación / Olé, olé fue señalado / Olé, olé por corrupción / Olé, olé un hombre serio / Olé, olé intelectual /Olé, olé ahora resulta / Olé, olé controversial”. (Por la plata baila el mono, canción de Wilfrido Vargas)

El trabajo en el sector público saca lo peor del ser humano y rara vez hace mejores a las personas, porque el poder y el dinero envilecen a unos y doblegan a otros.

De los pocos cuentos políticos que me sé, el que más me gusta es este que le escuché a una politóloga amiga: “Dos señoras entran al Capitolio Nacional y una le dice a la otra: —¡Mija, agarra bien tu cartera porque estamos en el Congreso de la República!”.

Parece chiste pero es anécdota.

También trabajé en esa Corporación, como periodista. No niego que la primera vez (2000) me dio cosita aceptar el cargo por la mala fama que precede a los políticos. Llamé a un amigo, que en ese entonces era subeditor político en un periódico, y él sin vacilar me aconsejó: “Acepte de una, porque acreditar experiencia en el sector público es algo muy bueno para su hoja de vida, ¡pero ni se le ocurra firmar papel alguno a ningún político!”.

—”Dios mío, ¿en qué me iré a meter?”, pensaba yo.

—“¡Cuidado con lo que firma o con prestar su cuenta bancaria, es fácil que alguien quiera untarle la mano a otro”!”, insistió el colega, que llevaba rato cubriendo escándalos y sesiones en comisiones y plenarias.

Necesitaba el trabajo, así que lo tomé.

En el tiempo que estuve allí, nunca nadie me propuso cuestiones raras ni indecentes, pero sí pude darme cuenta que de vez en cuando pasaban cosas en ese mundo de oficinas que llaman Unidades de Trabajo Legislativo, UTL. Son unas 280 (contando que son 108 senadores y 172 representantes a la Cámara), distribuidas entre el edificio nuevo del Congreso y el Capitolio Nacional, conectados por un túnel que pasa por debajo de la Carrera 7ª.

No sé si tales vainas sigan pasando. Me refiero a los malos tratos, con gritos incluidos, de algunos jefes hacia sus subalternos; empleados que figuraban en nómina y nunca iban a trabajar (se les llama corbatas y se usan para pagar favores políticos); el intercambio de empleados entre congresistas (yo contrato a tu familiar, tú contratas al mío); el secretario de Comisión acusado de ataques sexuales y acoso laboral, los congresistas que se hacían negar cuando la gente llegaba reclamando los puestos que les prometieron en campaña o presionando para mover palancas en una entidad oficial, las garroteras por la repartición de oficinas cada cuatro años, porque resulta que en el Congreso hay oficinas de primera, segunda y tercera categoría, y así mismo esas etiquetas definen la categoría a la que pertenece un parlamentario… 

¿Quién es un parlamentario de primera clase? Esos que, para bien y para mal, usted ve mojando prensa todos los santísimos días o como comentaristas en la radio. Los demás poco figuran, así que nadie les pone la lupa ni les paran bolas.

Infundados o no, aquellos secretos a voces circulaban por el correo de las brujas y los pasillos. Algunos llegaron a oídos de la prensa.

Recuerdo la vez que un noticiero de televisión llegó a una UTL a mediodía, entre semana, preguntando por Fulanita de tal, la asesora de un congresista. Le contestaron al reportero que la funcionaria estaba en hora de almuerzo… y no le mintieron, pues en efecto la susodicha, según las malas lenguas, estaba en pleno voleo, de cajera, en el restaurante de la familia. Nunca supimos en qué terminó el cuento, ni si la investigación salió al aire.

Muy sonado fue también el caso del ex-congresista indígena Francisco Rojas Birry por sus fiestas en el Congreso y por el escándalo de llamadas a líneas calientes que se hicieron desde su oficina en el año 2000, como contó este artículo de El Tiempo.

Quisiera seguir, pero el espacio es corto y el prontuario largo.

Colombia necesita hace rato una Reforma Política, pero antes los ciudadanos deberíamos exigir que se actualice la Ley 5ª del Congreso (Ley 5ª de 1992, ver texto aquí), que es la que determina los procedimientos administrativos que rigen a esa Corporación, incluidos los sueldos de los funcionarios.

ARTÍCULO 388. Modificado por el art. 1, Ley 186 de 1995 , Modificado por el art. 7, Ley 868 de 2003 Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas. Cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una unidad de trabajo a su servicio integrada por no más de seis (6) empleados, y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada Congresista postulará, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara y, ante el Director General, o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato. La planta de personal de cada unidad de trabajo legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en este Artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha planta o unidad de trabajo no podrá sobrepasar el valor de treinta y cinco (35) salarios mínimos para cada unidad.

La ley 5ª de 1992 estipula, por ejemplo, los salarios asignados a los funcionarios de las UTL, sean asistentes o asesores, jerarquizados por grados, del I al V en el caso de los asistentes: mientras el asistente I se gana al mes 3 salarios mínimos ($4.635.000), el asistente V recibe 7 salarios mensuales ($10.815.000). Y del grado I al grado VIII en el caso de los asesores: mientras el Asesor I recibe 8 salarios mensuales ($12.360.000), al Asesor VIII le corresponden 15 salarios mínimos ($23.175.000).

Cada congresista tiene total libertad para distribuir como mejor le parezca los 35 salarios asignados cada mes. Al sumar 280 UTLs por $54.075.000, eso nos da algo así como $83 mil millones por mes (sin incluir las prestaciones de ley).

Demasiada tentación para transar por debajo de la mesa, como si fuera la caja menor, ¿no les parece? Y sin contar que, para 2024, el sueldo de un congresista es de $48.142.046, según datos del “Informe sobre la remuneración del empleo público en Colombia” del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Sepan que toda esa burocracia se sostiene con nuestros impuestos, razón de más para que seamos veedores de la cosa pública, porque con solo emberracarnos nada sacamos. La indignación ciudadana debería tener siempre un propósito.

La Ley 5ª también aclara en el artículo 388 que “la certificación del cumplimiento de labores de los empleados de la unidad de trabajo legislativo será expedida por el respectivo Congresista”. Con base en dicha certificación se paga el salario de los servidores.

Pregunta al viento: ¿Qué instancia al interior del Legislativo supervisa que, en efecto, los funcionarios sí van a trabajar, no sólo a cobrar el sueldo, o con qué frecuencia cambian sus nóminas las UTLs?

En el pasado, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo “al encontrarse que incurrió en indebida destinación de recursos públicos”.

“Según el fallo proyectado por el magistrado de la Sección Segunda Rafael Francisco Suárez Vargas, uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recibió la totalidad de su salario por días durante los cuales no laboró. En el curso del proceso se comprobó que en junio del 2012 recibió su sueldo completo, pese a que en esa época se ausentó varios días, por haber viajado a Panamá, lo mismo ocurrió en noviembre del 2013, cuando estuvo en Canadá. Sin embargo, el congresista certificó que había laborado los 30 días del mes. La Sala Plena determinó que, con su conducta, el congresista hizo que se le reconociera a su subalterno el pago de un dinero al que no tenía derecho, por lo que se configura una destinación indebida de recursos públicos”.

Como dije en una Cura de reposo anterior, (Enséname a no robar), la honradez, siendo una virtud, es el requisito que se le debe exigir a todo funcionario público, aunque la realidad muestra que es más fácil que los honrados se vuelvan corruptos, y nunca al revés.

Imagen del IG del congresista David Racero.

Dicho lo anterior, a lo que vinimos, vamos.

Vergonzoso leer los chats que le sacó Daniel Coronell al representante David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), una figura joven de la política, ayer con fama de persona seria, juiciosa, ecuánime y decente, y hoy, deshonrado, entre el agua y la pila bendita.

En uso del derecho a la presunción de inocencia, el congresista tendrá que demostrarle al ente investigador (la Corte Suprema de Justicia en este caso), que es falso de toda falsedad que les exija un porcentaje del sueldo a funcionarios de su UTL, o que los ponga a trabajar en negocios privados, o que haya movido sus influencias para pedir puestos en el Sena. Ante el riesgo de una posible pérdida de investidura, por bien suyo y el de la Izquierda, ojalá salga con las manos limpias.

Haciendo de abogado del diablo, me pregunto a quién —en estos tiempos de Gran Hermano, en que todos sentimos que nos vigilan—, se le ocurre dejar por escrito la prueba de lo que podría ser un presunto delito de concusión. Muy sospechoso eso sí que nadie en la oposición de Derecha esté indignado, sabiendo que aprovechan cualquier papayazo para caerle encima al Petrismo.  

El asunto se volvió mediático por tratarse de un alfil del gobierno, pero apenas unos días antes habíamos conocido la denuncia contra el exsenador Carlos Ferro (Partido de la U), por presuntamente incurrir en la misma práctica; el asunto pasó casi que de agache en los medios.  El 24 de septiembre de 2024, la revista Cambio tituló: “Por pedirle su sueldo a un subalterno, va a juicio el exsenador Carlos Ferro Solanilla”.

Recuerden también el caso de la ex periodista Tatiana Cabello Flórez: de ser reportera política se convirtió en representante a la Cámara por el Centro Democrático. Fue a juicio en el 2021 por presuntamente haber “exigido porcentajes de sus salarios a mujeres funcionarias que pasaron por su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre 2014 y 2017”, que así lo reseñó El Espectador.

¿Acaso quitarle plata a un empleado es lo de ley o se trata de la corrupción “legalizada” y llevada a sus justas proporciones, como lo decretó de palabra Julio César Turbay Ayala, el expresidente al que más chistes le sacaron en este país, pero que se desquitó imponiendo su maquiavélico Estatuto de Seguridad, dejándonos además como servidor público a su nieto, el niño Miguel Uribe, el mismo que tiene ganas presidenciales como el abuelo?

Volviendo al cuento: ¿Qué hacer, entonces, para poner a raya tanta sinvergüencería?

Una reforma a la Ley 5ª debería obligar a los congresistas y a su séquito a trabajar de lunes a viernes como lo hace todo empleado, y no únicamente dos días, a lo sumo tres, y apenas un par de horas diarias, con vacaciones de diciembre a marzo y nuevamente de junio a julio.

Hago esta acotación para que el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), no siga diciendo que madruga a las 4:00 de la mañana a “trabajar, trabajar y trabajar”, porque el cuentico no se le creyó ni él. Eso sí, en lo chistoso algo le sacó al abuelo. 

Para que no quede duda de que nuestros “honorables” son la flor del trabajo, ya la Cámara de Representantes anunció que no sesionará esta semana de receso escolar.

También es inaudito que senadores y senadoras en ejercicio estén ya en campaña política cuando deberían estar haciendo leyes o modificándolas, discutiendo las reformas que necesita Colombia, promoviendo audiencias públicas o ejerciendo control político (debates), en lugar de desbaratar el quorum cada vez que se les da la gana. Lo sensato sería que precandidatos y candidatos renuncien a las curules y se dediquen a hacer proselitismo con plata de sus bolsillos o la de sus benefactores, no con la nuestra.

Pero no me hago ilusiones, porque quienes deben reformar la Ley 5a de 1992, ¡ah caramba!, son los propios “padres y madres de la Patria”, que ni bobos legislarán contra sí mismos y sus chequeras. Porque los políticos perdieron el rubor hace rato.

Bien lo dijo Wilfrido Vargas: “Por la plata baila el mono”. ¡Olé, olé, ¡qué poder tiene el dinero!