¿Influyen los empresarios en el voto de sus trabajadores usando contenido de La Silla Vacía?

Los portales Revista Raya y La Silla Vacía han estado en el centro de la polémica en medio de una campaña presidencial. Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA)

Ni los hombres son de Marte, ni Juanita León es de Júpiter; del Proyecto Júpiter, quiero decir.

No vengo a defender ni a atacar a La Silla Vacía. Sin tomar partido en la polémica, diré lo que veo: medio país considera que Revista Raya cruzó la raya con una investigación a la que le falta carne y sustento, y la otra mitad piensa que La Silla Vacía no está tan vacía, después de que también la revista Semana cuestionó la independencia del portal. Esas dos posturas son el reflejo natural de un país polarizado, encolerizado y apasionado políticamente. Es como si todos los periodistas estuviéramos bajo sospecha, igual si abrimos la boca, igual si la mantenemos cerrada.

Lo cierto es que el periodismo que cubre a los políticos y al poder, hoy enfrenta el escarnio público y su labor está sometida al escrutinio de las audiencias. Pero al periodismo debemos defenderlo siempre, y con más veras hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, dos días después del Día Internacional del Trabajo.  

Ahora bien, yo creo que la conversación sobre el Proyecto Júpiter y la supuesta alianza con La Silla Vacía (LSV) se fue por donde no es. Mientras los periodistas se atacan mutuamente —¡y a qué costo en términos de credibilidad y respeto para este oficio!—, en el subsuelo —allá donde nadie escarba, porque estamos acostumbrados a nadar en la superficie de las cosas, a veces de manera conveniente—, hay un tema delicado y es la manera cómo los empresarios, quizás no todos por supuesto, podrían estar metiendo manos y narices en la campaña presidencial, usando el material pedagógico que distribuye y vende el portal periodístico, del cual es directora y dueña la periodista Juanita León.

Es decir, puede ser que de mala fe los unos se estén aprovechando de la buena fe de los otros. Ojalá sea eso por el bien del periodismo, acusado tantas veces de ejercer militancia solapada, con estándares éticos dudosos, ajeno a la autocrítica, manoseado dentro y fuera de las salas de redacción. El señalamiento recae sobre medios privados y medios públicos por igual.

Hasta donde se entiende, el especial periodístico “¿Cómo llegamos aquí?” y el material pedagógico “El ABC de la Democracia” son dos productos de la LSV, portal que creó una red de Superamigos, quienes hacen aportes voluntarios para su sostenimiento.

“¿Cómo llegamos aquí?” es un especial (apoyado por ProBogotá, según aparece en los créditos finales) que usa la palabra crisis o riesgo en sus ocho episodios —están en Youtube— para explicar el momento actual de la economía colombiana, a la luz de los errores o desaciertos del gobierno de Gustavo Petro. El título de cada especial es una afirmación rotunda: “Colombia atraviesa la peor crisis de su sistema de salud en décadas” y “Colombia ante el riesgo de un apagón nacional”, por poner dos ejemplos.

Nadie le ha preguntado a Juanita León en qué consistió el apoyo de ProBogotá. ¿Patrocinó el especial con dinero? ¿Contrató a LSV para hacer el especial y ponerlo a circular en los canales oficiales de LSV en lugar de los de ProBogotá? ¿Los expertos de ProBogotá asesoraron el contenido del especial? ¿Era necesario hacer esas aclaraciones a las audiencias o con el solo uso de las palabras “gracias al apoyo de ProBogotá” era más que suficiente?

En la página web de la entidad explican su objeto social:“ProBogotá Región es una fundación sin ánimo de lucro, privada e independiente que busca el bien común e incidir en la formulación de políticas públicas de largo plazo. Su misión es llevar a cabo análisis en profundidad que contribuyan a hacer de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir; buscando ideas que resuelvan los problemas que enfrenta la sociedad en el orden local, nacional y global, enfocados en movilidad, ciudades inteligentes, desarrollo urbano sostenible, seguridad, liderazgo público y futuro del empleo”. (Las negritas y subrayados son míos).

Su equipo de expertos, a juzgar por lo que se lee, lo conforman quince personas, entre urbanistas, arquitectos, politólogos, internacionalistas y economistas.

A mí modo de ver, el problema no es que organizaciones como ProBogotá apoyen este tipo de iniciativas, sino el uso que cualquier empresario pudiera darle a dicho contenido (contenido que, hay que decirlo también, en líneas generales es catastrofista, en momentos en que hay una puja por la jefatura de Estado para el siguiente cuatrienio).

El otro producto se llama “El ABC de la Democracia: Dosis para no comer cuento en campañas políticas”. En este enlace, LSV explica que se trata de “una microexperiencia de aprendizaje por WhatsApp (cuatro módulos en los que el participante interactúa con un chatbot), que le ayudará a conocer cómo funciona el sistema electoral, cómo defenderse ante la desinformación en campañas políticas y qué está en juego este 2026”.

Me llama la atención, este mensaje que incluye LSV. “Y si olvida el curso, el bot envía recordatorios amigables y mensajes motivadores”. Me pregunto cómo por qué razón LSV tendría interés de que la persona tenga presente algún mensaje si ya tomó el curso. ¿Es una manera de mantener activo y vigente ese canal de WhatsApp?

En un video introductorio de “El ABC de la Democracia” se previene a las audiencias-clientes sobre el peligro de las dictaduras, entre otros temas. “¿Qué pasaría si mañana la democracia desapareciera? ¿Qué pasaría si alguien decidiera cambiarlo todo?”, pregunta el conductor.

LSV les explica lo siguiente a sus lectores: Una persona paga $24 mil por la licencia pero si es una empresa que adquiere más de 500 licencias, hay planes entre 3000 y 6000 por licencia. ¿Cuántas empresas han comprado “El ABC de la Democracia” y cuántas licencias por empresas? ¿Por qué una empresa querría que sus colaboradores tomen este curso? ¿El curso lo financia en su totalidad el empresario o lo descuentan por nómina a los empleados? ¿De qué manera o bajo qué argumentos una empresa persuade al trabajador para que tome el curso? ¿Es un curso obligatorio para el trabajador? ¿Participa LSV en charlas internas de las empresas como parte integral de este producto? Yo solo pregunto, que es lo que mejor sabemos hacer los periodistas.

Hay dos frases que me generan suspicacias: “¿Preparado para fortalecer el pensamiento crítico de su equipo? Brinde las herramientas a sus grupos de trabajo para que no sean presa fácil de la desinformación y la manipulación electoral”. Es decir, de forma directa —y sin que esa sea necesariamente la intención, el curso invita a los empresarios y a sus organizaciones a tomar parte activa en el debate electoral a través de este curso.

Preguntémonos qué pasa en aquella compañía que adquirió el curso para sus 500 empleados. ¿Se hacen reuniones internas para discutir el contenido del mismo, ampliarlo, resolver dudas o explicarlo a partir de los programas de cualquiera de los candidatos en contienda?

Llama la atención también que LSV ofrece (¿ofreció?) 1.100 becas para que jóvenes colombianos accedan sin costo al curso. Como requisito: tener interés en participar en las votaciones del 2026, un contacto de WhatsApp activo y aceptar la política de tratamiento de datos de La Silla Vacía. Es decir, LSV asume un doble rol: portal periodístico y canal pedagógico en materia política y electoral.

Uno no ve al empresariado colombiano queriendo votar por un candidato como Iván Cepeda, o por ninguno con talante progresista.

Quede claro que no estoy poniendo en tela de juicio las buenas intenciones de LSV al proponerse hacer pedagogía política en un país analfabeta en estos asuntos, pero, insisto, queda la preocupación sobre el uso por parte de los empresarios. Porque, seamos honestos, uno no ve al empresariado colombiano queriendo votar por un candidato como Iván Cepeda, o por ninguno de izquierda o con talante progresista, aunque, como escribe el columnista Julio César Londoño en El Espectador, “muchos empresarios confiesan, en privado, que Cepeda es un opción a considerar, más ecuánime que el salto al vacío que encarna Abelardo y mucho más interesante que el regreso al pasado que representa Paloma”.

Volviendo al meollo, hay cositas para preocuparse.

Por un lado, en el centro de este entuerto está Jaime Bermúdez Merizalde, empresario y asesor de empresas, quien fue ministro y embajador del gobierno de Álvaro Uribe, según Wikipedia. Sobre él, el periodista Daniel Coronell escribe lo siguiente en Cambio. “Está en marcha una paracampaña política de un sector de la derecha para influir en la elección presidencial. Lo que viene haciendo el excanciller Jaime Bermúdez con el llamado “Proyecto Júpiter” no es –como él pretende– una jornada altruista de educación cívica y difusión de los valores democráticos. Lo que realmente hace es propaganda para promover una visión de ultraderecha, exacerbar el miedo entre los trabajadores de las empresas que le abren la puerta, y consolidar un falso dilema según el cual Colombia está condenada a escoger entre quien diga Álvaro Uribe y el abismo”.

Por otro lado, en La República apareció una columna titulada “Carta abierta a nuestros empleados”, firmada por su columnista habitual Juan Fernando Samudio, presidente del Grupo Preflex (tuve que goglearlo). Pongo el enlace aquí para que continuemos la conversación en una próxima entrada de este blog.

El hombre arranca con una acusación temeraria contra Iván Cepeda, sin siquiera nombrarlo: Afirma: “De un lado está el candidato de izquierda, un comunista abiertamente hostil a las empresas privadas -como la nuestra-, que toda su vida ha simpatizado con grupos guerrilleros. Por el otro, hay dos candidatos que creen que la única forma de progresar es a través del crecimiento de las empresas privadas -como la nuestra- y derrotando la criminalidad con la autoridad del Estado”.

¿Qué más hostil que esa forma de escribir?

Después todo, quizás el “proselitismo corporativo” —lo llamaré así—, sea menos problemático que un presunto constreñimiento al elector, tipificado en Colombia como delito electoral, pero ese es otro asunto.  

Como única conclusión, una súplica: rogar para que el periodismo, como cuarto poder, conserve su alma independiente de otros poderes, y no sea nunca el idiota útil de la clase política o de intereses mezquinos.