¿El Congreso legisla contra los colombianos o contra Petro?

Capitolio Nacional. Foto: archivo El Espectador.

“Estoy plenamente seguro de que el día que empecemos a valorar la mano de obra, este país empieza a cambiar (…) no necesariamente los CEOs y los grandes jefes son los que tienen derecho a ganar buenos salarios, y no quienes hacen el trabajo duro”: Mauricio Armitage, empresario colombiano.

La oposición celebra la derrota de Petro con la reforma laboral —porque así la hacen ver— cuando a quien han derrotado es a la clase trabajadora que sigue clamando por chichiguas más que justas. Celebran el desprecio.

Imagínese que usted va a la universidad y a la hora de sustentar a favor o en contra de una tesis, decide no asistir u oponerse sin más argumento que la rabia, porque le cae mal o el profesor o el autor de la tesis. Piense: ¿Habría consecuencias?

Ciertos congresistas están haciendo lo que les da la gana. Se creen los dueños del Congreso de la República. Ahora resulta que el Senado restringió el ingreso de invitados a las sesiones. Se les olvida que son servidores públicos, no meros inquilinos, a quienes los electores podemos echar de allí no eligiendo a esos mismos la próxima vez. A ellos no se les pide aprobar todo lo que el gobierno proponga. Se les exige sesionar, porque para eso se les paga un sueldo jugoso que les llega de manera puntual.

Lo que un personaje de estos devenga en un mes, trabajando pocos días a la semana y con varios meses de vacaciones, un asalariado se lo gana luego de años. Empecemos por ahí para que se entienda por qué la impotencia.

Este Congreso legisla en contra de la clase trabajadora. La misma que cumple horario para compartir vía impuestos parte de su sueldo con ellos, porque los y las “honorables” gratis no trabajan.  

Creen que el daño se lo hacen al presidente Gustavo Petro al poner el palo en la rueda.

“Por eso no quieren que el Congreso apruebe la reforma laboral, no quieren que el jornalero rural devengue el salario mínimo (por lo menos), no quieren que se paguen con equidad horas extras y días festivos laborados, no quieren que los trabajadores de las plataformas tecnológicas tengan seguridad social, que los primeros empleos de los aprendices del Sena (técnicos) sean remunerados. No quieren. Parte de estos derechos laborales fueron abolidos por Uribe Vélez desde el año 2002, y un gobierno nuevo, el presente, quiere restablecerlos. 23 años de retroceso en justicia laboral”, resume el periodista Carlos Piñeros en su cuenta de Facebook.

Sus preguntas son más que válidas: “¿Es justo perjudicar a la nación por hacerle oposición al gobierno? ¿Para eso están en el congreso los “representantes” del pueblo? ¿Esa es la manera de respetar la democracia que eligió al gobierno?”.

Lo mismo pasó en diciembre cuando se discutía el aumento del salario mínimo. Entonces escribí: Mientras a un ciudadano del común le aumentaron $123.500 en 2025, el reajuste de los congresistas fue 23 veces esa misma cantidad cada mes. ¡Dos millones ochocientos mil pesos!  Es decir, el solo aumento mensual para ellos fue el equivalente a dos salarios mínimos del colombiano raso.

Fuera de todo, es una oposición torpe que le hace campaña a la Izquierda, cuyas posibilidades de reelegirse en 2026 se mantienen intactas, hasta que el país político entienda que las reformas se necesitan (y se podrían hacer de forma concertada) o hasta que tengan el decoro mínimo de hundirlas pero mediante el debate justo de las ideas.  

Los representantes a la Cámara hicieron la tarea. Estudiaron la reforma laboral, debatieron y modificaron lo que consideraron pertinente. Los senadores de la Comisión Séptima, irrespetando a sus colegas, con su firma le aplicaron los santos óleos al proyecto, negándose a discutirlo sólo porque este gobierno les cae mal. Esa no es una razón para legislar. Legislan a las malas, anteponiendo odios personales y partidistas, pasándose por la faja la ley 5a de 1992.

Sobre las sesiones, dice el artículo 89: “Llamada a lista. Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión, cada uno de los Presidentes de las Corporaciones ordenarán llamar a lista para verificar el quórum constitucional. En el acta respectiva se harán constar los nombres de los asistentes y ausentes a la sesión, y las razones de excusa invocadas, con su transcripción textual. Su desconocimiento por el Secretario es causal que puede calificarse de mala conducta”.

Más adelante, en lo relativo a los debates, la Ley señala, en su artículo 94:“El sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva Corporación, es lo que constituye el debate. El debate empieza al abrirlo el Presidente y termina con la votación general”.

Al no sesionar, los honorables no solo violan la ley por inasistencia, sino que incumplen el mandato de debatir. En democracia, y se supone que el Congreso es la casa de la democracia, defensores y detractores de las leyes o reformas deben tener la oportunidad para el argumento y la réplica.  

Ni usted ni yo estamos sentados en el Capitolio porque sería imposible poner a 50 millones de personas a legislar. Esa es la razón por la que cada cuatro años elegimos a quienes representarán nuestros intereses como ciudadanos. La génesis del Congreso se remonta a 1811, cuando se le llamaba “Alteza Serenísima” y a los congresistas les decían “Señorías” y no tenían salario.

“Desde entonces, demostrando la enorme influencia de las tesis de Montesquieu, se creó el sistema bicameral y se establecieron sesiones por un periodo de 60 días, para mayo y junio igualmente, se aceptó la reelección, siempre y cuando no fuera para un período inmediato…”, se lee en la propia página web del Senado.

Y añade: “La Constitución de Cundinamarca, de 1812, ratificó las dos Cámaras, dispuso un período de 2 años y 19 miembros, lo que equivalía a uno por cada 10.000 habitantes”.

Los “honorables” se han multiplicado como los panes y los peces bíblicos. Hoy son 280 legisladores (172 representantes y 108 senadores); mal contados 1 por cada 185 mil habitantes.

Si somos más, ¿Cómo es posible que unos pocos tengan el poder de legislar en contra de las necesidades de quienes los eligieron? 

Próxima entrega: Los riesgos de la consulta popular.