Candidatos al Congreso con investigaciones en curso, de acuerdo con un reporte del diario El País:  Julio Elías Chagüi, del Partido de la U; Martha Peralta, del MAIS; Berenice Bedoya, de ASI; Wadith Manzur, del Partido Conservador, Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador y Karen Manrique, de las curules de paz.

Debería existir un partido político que se llame Indignos. Imagínese cuántos políticos tendrían cabida en él.

El otro día preguntaba en mi muro de Facebook que podría pasarme si voy, digamos, a un banco con el ánimo de hacer un depósito y resulta que el 62% de los billetes que entrego son falsos. —¡Pues eso es delito y usted debe ir a prisión!, dijo muy convencido uno de los lectores, cosa con la que estoy de acuerdo. Es más: las autoridades harían lo imposible hasta hacerme confesar dónde tengo la fábrica de crear billetes chimbos.

Eso me pasaría a mí que soy un ciudadano común y corriente, de los de lavar y planchar, aunque no sé hacer lo uno, ni lo otro. Algunos políticos, en cambio, parecen protegidos por la inmunidad, una deformación perversa de nuestro ordenamiento jurídico que les permite salir a buscar votos aun teniendo cuentas pendientes con la justicia.

Sucedió con las firmas que varios presidenciables presentaron para avalar sus candidaturas; eran firmas falsas y nada ha pasado y nada pasará. Se trata, entre otros, de Abelardo De La Espriella, Vicky Dávila y Claudia López. ¿Existe alguna demanda en curso contra estos candidatos?

Con razón el abogado Ramiro Bejarano se preguntaba ofuscado en su columna de El Espectador: ¿Cómo así que valerse de firmas falsificadas para avalar ante la Registraduría una aspiración presidencial no es un delito?

Pero esa noticia es periódico de ayer. Hoy nos levantamos leyendo un titular de El País edición Colombia: “Seis congresistas investigados por corrupción en la UNGRD aspiran a reelegirse en las próximas elecciones. Cuatro de ellos buscan llegar al Senado pese a las investigaciones en su contra, y dos más quieren volver a la Cámara de Representantes”.

Se refiere a las personas cuyos rostros encabezan este artículo: Julio Elías Chagüi, del Partido de la U; Martha Peralta, del MAIS; Berenice Bedoya, de ASI; Wadith Manzur, del Partido Conservador, Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador y Karen Manrique, de las curules de paz.

Es decir, a aquellos con malas notas y dudosa conducta (hasta que demuestren lo contrario), se les permite postularse a cargos de elección popular, a sabiendas de que sobre ellos recae el peso de la sospecha (con demandas por pérdida de investidura), por actuaciones indebidas (posible tráfico de influencias para gestionar coimas, contratos y cargos).

Se les agradece a tres parlamentarios más que hayan declinado su aspiración para permitir que la justicia haga su trabajo: el liberal Juan Pablo Gallo, la conservadora Liliana Vitar y el representante liberal Julián Peinado. ¿No deberían los demás seguir su ejemplo?

Toda investigación por corrupción debería ser causal de inhabilidad para aspirar al Congreso de la República. Por eso necesitamos con urgencia una reforma política. En otros países robarse el erario público se castiga con la pena máxima. Dice el Cana DW: “China: exministro es condenado a pena de muerte suspendida. Tang Renjian, exministro de Agricultura, se declaró culpable de aceptar sobornos y expresó remordimientos en su alegato final”.

Depurar la política es tarea de los ciudadanos en las urnas.

El cartel de los indignos

Desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación (PARES) monitorea a los candidatos cuestionados que aspiran a cargos públicos por la vía del voto. De 3.144 candidatos inscritos para las legislativas del 8 de marzo, documentó 195 candidaturas cuestionadas, así: 78 al Senado, 111 a la Cámara de Representantes y 6 entre curules especiales CITREP, Afro e Indígenas.

Dice PARES: “Estas candidaturas representan un riesgo para la democracia y para la construcción de un escenario político idóneo y libre que garantice la pluralidad y la participación de todos los actores”. Estamos advertidos, este es el enlace con el listado de los 195 indignos.

En un país normal, candidatos con procesos abiertos, serían motivo suficiente para que los ciudadanos se indignaran. Pero Colombia no es un país normal. Está más cerca de parecerse a un paciente psiquiátrico con permanente pronóstico reservado. El problema no son ellos, somos nosotros por ser permisivos y, muchos, por ser cómplices conscientes.  

En mis épocas se exigía el pasado judicial para aspirar a un puesto en una empresa privada. Ya que el Consejo Nacional Electoral no lo hace, los electores deberíamos tener el derecho a exigirles el pasado judicial a los candidatos al Congreso.

Pensemos mejor nuestro voto.

¿Se merece el apelativo de honorable aquel o aquella que en su conducta habitual no conoce a lo que obliga ese término: persona honrada, decente, respetable, digna, íntegra, distinguida, venerable?

Amigo lector: Resuelva esa pregunta antes de ir a las urnas. Fortalecer la democracia y depurar la política es tarea de los ciudadanos en las urnas; los políticos no lo harán por nosotros, está más que visto.