Conspirando por un mundo mejor

Publicado el Yolima Vargas Garzón @yoligrilla

La confusión conceptual del director de la ANLA: «Si son licencias exprés»

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA Fernando Ireguí, que viene de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: los que hacen las vías, es la ficha clave de Germán Vargas Lleras para «destrabar las obras de infraestructura» al precio que sea.

Iregui no tiene en la cabeza cómo mejorar el proceso de licenciamiento ambiental en el país para que la ANLA sea más eficaz en su misión y razón por la cuál existe: «proteger el ambiente y la salud de los colombianos de proyectos que podrían resultar nocivos». Al contrario, entre una y otra línea de su entrevista en El Espectador ni siquiera disimula que su única preocupación son las empresas que solicitan permisos de explotación, y por tanto que se entreguen Licencias Ambientales de manera veloz.

Para justificarlo usa argumentos y da algunas cifras, que sugieren que lo importante no es evaluar si una Licencia debe o no ser entregada, sino que el número de negaciones no ascienda del actual 7%.

Argumento 1

Ineficiencia de la ANLA en el proceso de entrega de Licencia Ambiental. Aunque parezca increíble para cualquier otro gerente, como parte de su justificación para las Licencias Exprés, Iregui cataloga como ineficiente el proceso de Licenciamiento Ambiental de la ANLA porque en 3 años, de 675 solicitudes (muchas atrasadas de años anteriores) sus técnicos han logrado analizar 633, y a pesar de que la ANLA no tiene más que tres años e existencia, Irreguí critica su funcionamiento debido a que hay Empresas que llevan cinco o seis años de espera del trámite de licenciamiento.

Argumento 2

«Cuando uno mira el proceso encuentra que a lo largo de ese tiempo se hicieron 6 o 7 u 8 solicitudes de información adicional»

Una declaración escandalosa que requiere de la intervención inmediata de la Procuraduría, puesto que el artículo 25 del mismo Decreto 2820 que quieren modificar, establece que la autoridad solo puede solicitar información adicional una vez, no seis u ocho. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Quizá un proceso de corrupción al interior de la ANLA, en el que se viola la confidencialidad de la evaluación, proporcionando información confidencial a los solicitantes, de modo que puedan presentar nuevos documentos que la ANLA está obligada a recibir y revisar. Quizá estas sean las solicitudes de información adicional a las que hace referencia el nuevo Director, y que deben ser investigadas.

Argumento 3

Una empresa no debería verse sometida a hacer un Estudio de Impacto Ambiental si desde el principio se sabe que le van a rechazar su solicitud.

Aunque es razonable, el problema es que ese es el único mecanismo que tiene hoy el Estado de Colombia para proteger el ambiente y la salud de los colombianos de proyectos peligrosos: negarles la licencia después de que ellos mismos hagan un estudio del impacto ambiental (que ya es polémico pues las empresas solicitantes son juez y parte).

Argumento 4

Colombia tiene una Ley Ambiental muy madura.

En esto también tiene razón, solo que lo descontextualiza. Omite que con procesos como el de Licencias Exprés que él hoy defiende, esta Ley ha sido sistemáticamente mutilada, al punto que ningún gobierno desde su existencia (1993) se ha tomado la molestia de implementar lo que la Ley establece: ordenar y planificar el territorio nacional de acuerdo a la variable ambiental. Esto implicaría hacer un estudio de la vocación de las diferentes regiones y ecosistemas del país y así, determinar de acuerdo a sus suelos, aguas, coberturas, población, entre otras, qué tipo de actividad económica  puede ser permitida y cuál prohibida.

Esto en definitiva, es a lo que el señor Fernando Ireguí en su desconocimiento se refiere, como una solución real para que una empresa no tenga que realizar un Estudio Ambiental que por obvias razones tendría que ser negado. Es tan simple, que habría actividades económicas prohibidas para determinadas regiones o ecosistemas.

Un ejemplo concreto de lo que esto significa es: En el Sumpaz, por ser el páramo más grande del mundo, debe estar prohibida la actividad minera o petrolera, y por tanto la ANLA no puede (aunque lo hace) recibir solicitudes de Licencias Ambientales para estas actividades en esta área del territorio.

Otro ejemplo concreto es, que en los Parques Naturales Nacionales está prohibida la construcción de hoteles. Por tanto, la ANLA «no puede recibir solicitudes de licencia ambiental para esta actividad económica» (aunque en el pasado lo hizo).

Conclusión

Todo sistema tiene un límite. Gustavo Wilches Chaux lo explica muy bien con la siguiente analogía, usted puede estirar un caucho hasta cierto punto y él tendrá la capacidad de recuperar su forma, pero si tira demasiado de él se romperá y jamás podrá volver a ser lo que era así intente repararlo. Esto mismo es lo que le puede pasar a Colombia; por más que se quiera es imposible satisfacer los deseos de todos los inversionistas y sus proyectos, que requieren una Licencia Ambiental para explotar o intervenir los recursos naturales.

Ya es escandaloso que de 675 Licencias solicitadas solo el 7% hayan sido negadas. ¿No estamos sobrepasando el límite de soporte de nuestros recursos ambientales? Yo creo que las sequías y olas invernales cada vez más pronunciadas así lo demuestran.

A modo de información, un pequeño resumen de los que en mi opinión, son los micos del decreto de Licencias Exprés #LicenciasExpress que plantea el gobierno Santos-Lleras:

  • disminuir los tiempos de estudio de las licencias ambientales a 20 días, lo que impediría hacer viajes al área de impacto directo,
  • prohibirle a los técnicos de la ANLA que hagan preguntas y soliciten mayor información cuando un Estudio de Impacto Ambiental presenta inconsistencias,
  • eliminar el requisito de que un proyecto esté obligado a pedir una nueva licencia ambiental cuando requiera hacer modificaciones (acá cabe hacer Fracking sin Licencia pero sí con una modificación menos rigurosa), o lo peor,
  • eliminar el seguimiento que la ANLA debe hacerle a los proyectos a los que les otorgan licencias, único método que tiene el Estado para garantizar que se cumpla con lo prometido en cuánto a medidas de protección ambiental,

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