Organismos privados, autores de política colombiana de “compensación por pérdida de biodiversidad”

No es un secreto que ONG internacionales con el objeto de la conservación, como WWF, Conservación Internacional – CI, o The Nature Conservancy – TNC, tengan estrechas relaciones con corporaciones o trasnacionales.

Parafraseando a Juan Pablo Ruiz Soto en El Espectador, estas ONG justifican al público sus relaciones económicas con multinacionales, en el hecho de que es una estrategia para mejorar las prácticas contaminantes de estos monstruos de la economía mundial.

El objetivo de la alianza es irrefutable, pero surge una pregunta: ¿Cómo lo hacen? Any Leonard en un video divulgativo de 10 minutos, explica que estas ONG se basan en el sistema de intercambio de emisiones o del “si contaminas pagas”, que en el caso colombiano es “si destruyes la biodiversidad y contaminas compensas”.

El sistema fue ideado por las mismas trasnacionales con las que las ONG trabajan, algunas de ellas involucradas en escándalos de desfalcos mundiales (por el estilo de Interbolsa) como Goldman Sachs en Estados Unidos, los responsables de la crisis por la burbuja creada con las hipotecas.

Los objetivos del sistema de compensaciones son conservar y mitigar la contaminación mundial y garantizar ventajas económicas que empujen el sector financiero. Pero desde el punto de vista ambiental el sistema ha fracasado. Después de más de una década de su aplicación, la contaminación mundial por cuenta de emisiones de gases y pérdida de biodiversidad no solo ha aumentado sino que se ha acelerado.

Juan Gabriel Lopez Albarello del Instituto de Estudios Políticos y Relacionales de la Universidad Nacional de Colombia se refiere a este fenómeno como la siguiente especulación del sector financiero, la “Burbuja Energética“.

En Colombia

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS ha adoptado como lineamiento para sus políticas ambientales este sistema de las compensaciones y para hacerlo estructuró el proceso de entrega de licencias ambientales con la asesoría de ONG cercanas al Banco Mundial, a las cuáles se les dieron todos los privilegios en la contratación, excluyendo a los institutos expertos en biodiversidad, ONG criollas y universidades colombianas.

La participación de estas ONG en la construcción de las políticas ambientales del país deja dos preocupaciones: la primera hace referencia al riesgo de que el sistema de “compensación por pérdida de biodiversidad” se use como justificación para aprovechar ecosistemas megadiversos y conservados por fuera del sistema de Parques Naturales, reservas forestales o páramos, a cambio de algún tipo de compensación que jamás reemplazaría esta riqueza natural. Y la segunda es establecer si existe algún conflicto de intereses cuando ONG como The Nature Conservancy o Conservación Internacional tienen relaciones comerciales con multinacionales como Anglo Gold Ashanti (por ejemplo en la asesoría o elaboración de estudios de impacto ambiental para la solicitud de licencias ambientales), y al tiempo son contratistas del MADS con el objeto de asesorar o desarrollar mecanismos y políticas públicas para el proceso de licenciamiento ambiental.

Mientras el MADS invierte un presupuesto alto en contratos con estas organizaciones, se desperdicia el talento nacional de expertos con reconocimiento internacional por su experiencia y profundo conocimiento en ecosistemas tropicales. Hacen falta alianzas  que inyecten capital a institutos, universidades y ONG locales (la mayoría con serios problemas de desfinanciación) y gestión de conocimiento para que el producto de sus investigaciones sean usadas para la construcción de políticas y herramientas para la evaluación ambiental.

No es recomendable que el MADS excluya a la academia de la discusión sobre los alcances de este sistema de compensación, sin debate se corre el riesgo de que la política beneficie más a las trasnacionales que al país, y en este sentido se requiere un equilibrio.

Lista de los socios corporativos de Conservación Internacional