«Fuerte como un caballo, afectuoso, soberbio, ecléctico,
Yo y este misterio aquí estamos frente a frente.
Limpia y tierna es mi alma, y limpio y tierno es todo lo que no es mi alma,
Si falta uno de los dos, ambos faltan, y lo visible es prueba de lo invisible.»
-Walt Whitman-
Bat: Hay razones políticas que se pueden esgrimir. Pero dejémoslas de lado. Hablemos de las razones jurídicas por las que la CIDH debe amparar los derechos del Alcalde y de sus electores.
La primera: porque subsiste la situación que llevó al Alcalde a solicitarlas. Es decir, su destitución es inminente. Si lo sacan de su cargo, él y sus electores estarían ante un hecho irreparable. No importa que dentro de dos, o tres, o cinco años la justicia nacional, pero más probablemente la internacional, digan que sí, que qué pena, que el Alcalde tenía razón. Eso ya no servirá de nada porque el daño estará consumado.
Man: El asunto aquí, mi apreciada Bat, es que usted parte del supuesto de que en el futuro le van a dar la razón. Pero ¿quién le garantiza eso? No subestime a nuestras cortes. Si los más prestigiosos juristas de este país han examinado la situación y llegaron a la conclusión de que Petro debe irse, es porque debe irse. Admítalo: perdieron. Petro violó la ley y debe pagar las consecuencias.
Bat: No tan rápido, mi querido Man. El Consejo de Estado no ha dicho que Petro no tenga la razón. Lo que ha conceptuado es que la tutela no era el instrumento idóneo para solicitar el restablecimiento de sus derechos. Esto es seriamente discutible, pero no nos metamos en esas honduras, al menos por ahora.
Por su lado, el Consejo Superior de la Judicatura dice que el Procurador sí es competente para destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Esto también seriamente discutible, pero tampoco nos metamos en esas honduras para no empantanar el punto central.
Man: ¿Que es cuál?…
Bat: Que ambos fallos están desconociendo el Pacto de San José, los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Su jurisprudencia. Como si no existiera y como si Colombia no estuviera obligada a cumplir con ellos. En ambos fallos se hizo una interpretación que pasa por alto dos hechos esenciales:
1. Que los derechos políticos son fundamentales y que la decisión del Procurador está pasando por encima de ellos. Con esto causa un daño irreparable al Alcalde, a sus electores y a la democracia colombiana.
2. Que los funcionarios elegidos por voto popular sólo pueden ser retirados de sus cargos por un juez penal y con todas las garantías de un debido proceso.
Eso es lo objetivo, lo puntual. Lo demás es pura carreta de leguleyos, intereses que se mueven debajo de la mesa y oportunismo político barato. No más.
Man: Si la cosa fuera tan simple como usted dice, yo le pregunto: ¿entonces por qué la CIDH no le ha otorgado las dichosas medidas cautelares a Petro? ¿Ah?
Bat: Porque la CIDH es una instancia que actúa como último recurso. Lo que ellos esperan es no tener que actuar. Tienen la obligación de dar tiempo a ver si la justicia interna de un país opera por sí sola, sin necesidad de que tengan que imponerle algo desde fuera.
Ahora que estamos ad portas de la destitución del Alcalde, después de haber agotado todos los recursos legales que hay en el país, ahora sí… Es tiempo de que la CIDH intervenga. Esta mediocrácia demostró que no es mayor de edad, que no está en capacidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Man: Pues, la verdad, a mí me parece muy olímpico eso de que el país tiene que acatar las decisiones de la CIDH que van en contra de lo que han dicho los magistrados más importantes de Colombia. Claro, eso en el caso de que las cosas sean como usted diga y ellos de verdad piensen que la solicitud de Petro es legítima.
Bat: Lo piensan, lo piensan. Téngalo por seguro. Hay muchos precedentes similares en los que le han dado la razón a los demandantes. Así de afán, están los casos de Leopoldo López contra Venezuela, el de Castañeda Gutman contra México, el de Yatama contra Nicaragua y el de Almonacid contra Chile, entre muchos otros.
Y, Man, que a usted y a todos les quede muy claro esto: Colombia sí está obligada a acatar las medidas de la CIDH. Si no lo hace, tiene que retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo el régimen chavista para no cumplir. Eso sí sería un verdadero destape: se demostraría que este país no es una democracia, como tanto lo cacarean a cada rato, sino que impera un régimen tan dictatorial y tan restrictivo como el de Venezuela.
Man: Tampoco, Bat, tampoco. Lo que se demostraría es que somos un país soberano y no nos dejamos imponer nada desde afuera.
Bat: Eso es un sofisma. Si uno firma un pacto es para cumplirlo. Y Colombia libremente ingresó en ese convenio, por eso tiene la obligación moral y legal de respetarlo.
Además, Man, no perdamos de vista el asunto de fondo: ¿qué garantías políticas nos van a quedar en Colombia si permitimos que a Petro o a cualquier otro mandatario, y a sus electores, se les violen sus derechos políticos fundamentales? ¿Para qué vamos a ir a las urnas este domingo, por ejemplo? ¿Para elegir gente que después puede ser sacada de su cargo sin haber cometido delitos, solo porque hizo algo que le incomodó a algún disciplinador de turno?
No, Man, esto es muy grave. Esto va mucho más allá de Petro y de sus electores. Esto tiene que ver con usted y conmigo. En la práctica, están instalando una vía para desconocer nuestro derecho a elegir y ser elegidos y eso es gravísimo. La Convención Interamericana existe para garantizar que los países respeten los derechos humanos fundamentales, por eso es tan importante formar parte de ella. Hoy son los derechos del Alcalde, pero mañana son los suyos, o los míos.
Man: El viejo truco de meter miedo…
Bat: Ningún miedo. Piense, analice. Sálgase de su sectarismo en contra de Petro. Póngase la mano en el considere y honradamente dígame si no es gravísimo que vayan a sacar a un alcalde por los sesgos que otro funcionario tiene frente a él. Esto es contra los ciudadanos, no lo dude ni por un segundo y apúntelo en su agenda de pendientes.