Voto ambiental

El próximo 8 de marzo, los colombianos y las colombianas elegiremos a los representantes a la Cámara y al Senado de la República. Los primeros son la voz de los departamentos y de Bogotá en el Congreso de la República. Ambas corporaciones tienen la función de elaborar, modificar y derogar leyes y códigos. También ejercen el control político sobre el gobierno y participan en la elección del procurador general, el contralor general, el defensor del pueblo y los magistrados de la Corte.

Estos cargos de representación popular constituyen la rama legislativa del Estado Social de Derecho y desde el punto de vista constitucional son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Desafortunadamente el prestigio de varios congresistas de la República está minado por prácticas clientelistas y corruptas, por ejemplo, como las que se presentan actualmente por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A partir de las declaraciones de Olmedo López se desencadenaron las capturas del representante Andrés Calle y del expresidente del Congreso Iván Name. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra Liliana Bitar y Wadith Manzur del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; Karen Manrique (Citrep Arauca), Julio Chagui Flórez del partido de la U; Martha Peralta del Pacto y Juan Diego Muñoz del partido Verde. De estos dirigentes, Manzur busca la reelección en el senado.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 1.078 candidatos al senado, 76 tienen investigaciones legales; en gran parte, pertenecen a partidos tradicionales como el Liberal, El Conservador, la U y Cambio Radical. El Pacto Histórico y el Centro Democrático también tienen algunos candidatos con estos problemas.

Además de esta lamentable situación, al considerar las propuestas de los candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, son pocos los que se comprometen a impulsar proyectos de ley que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental que padecemos como humanidad, la cual amenaza todas las formas de vida y compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones.

El tema ambiental no es un asunto menor y no debe marginalizarse a la hora de decidir por quién votar en las elecciones del 8 de marzo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen dos opciones de elección: la primera apoyar una lista cerrada de un partido político; y la segunda apoyar a un candidato o candidata específico. Cada una de estas opciones tienen aspectos a favor y en contra.

Apoyar una lista cerrada expresa el compromiso con un proyecto y colectividad política que tiene una agenda establecida de acuerdo con principios, programas y estrategias construidas históricamente. Sin embargo, en las listas se pueden ocultar candidatos con problemas legales. Por ejemplo, José Vicente Carreño, del Centro Democrático busca reelegirse al Senado, aunque tiene investigaciones por desaparición forzada y presunto tráfico de influencias. César Lorduy y Didier Lobo, de Cambio Radical, también tienen investigaciones judiciales. David Racero, del Pacto Histórico, ha estado involucrado en situaciones preocupantes asociadas al presunto mal manejo de recursos públicos.

Apoyar directamente a un candidato o candidata permite examinar con mayor detalle su formación, experiencia y trayectoria política, así como la coherencia de sus propuestas y la viabilidad llevarlas a cabo.

Listas cerradas y el compromiso ambiental

Para las elecciones de este 8 de marzo, las colectividades Pacto Histórico, Oxígeno, Con Toda para Colombia, Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, han optado por presentar sus candidatos en listas cerradas, en las cuales los electores solo escogen la colectividad y no a un  candidato específico. Según el número de votos que obtengan, estas listas lograrán un determinado número de curules en el Senado o en la Cámara.

De estas colectividades políticas, puede afirmarse que los partidos y movimientos que constituyen el Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, en su mayoría, no tienen una preocupación relevante por atender los problemas complejos de la crisis ambiental. Estos se expresan en la destrucción de los patrimonios naturales del país, la inclemente deforestación, la contaminación química de la atmósfera, el suelo y el agua, la destrucción de la biodiversidad y diversidad cultural, el cambio climático, entre otros problemas que configuran esta crisis.

La agenda política de estas colectividades centra su atención en la idea de progreso y desarrollo económico capitalista como promesa para alcanzar la justicia, el bienestar y la equidad. Sin embargo, diversos trabajos académicos sobre la crisis ambiental señalan que uno de los problemas estructurales se asocia a este mito, pues el crecimiento económico no ha garantizado la superación de la pobreza y la justicia social, por el contrario, ha sobrepasado los límites ecológicos del planeta para la conservación de sus equilibrios, al sostener dicho desarrollo en función del extractivismo de la naturaleza.

Aunque el partido Oxígeno incluye en su agenda la protección del agua y de los páramos, líderes destacados de este movimiento como Enrique Peñalosa han demostrado todo lo contrario en su gestión. Peñalosa promovió la construcción longitudinal de la avenida Aló, que continuaba  fragmentando la red de vida de los humedales de Bogotá y, lo más grave, ponía en peligro la reserva Van der Hammen, uno de los patrimonios naturales de la ciudad que, junto con los cerros orientales, resiste las amenazas del crecimiento urbanístico incontrolado e insostenible.

El Pacto Histórico presenta avances en el terreno ambiental expresados en propuestas concretas que han promovido para avanzar en la necesaria (aunque aún insuficiente) transición energética. Se ha comprometido con detener la búsqueda de petróleo en el país y fomentar otras formas de energía como la eólica. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero por uso de fuentes fósiles en Colombia es mínima en comparación con la de países como China, Estados Unidos, India, Rusia o la Unión Europea, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ética con el planeta. Por lo tanto, por pequeño que pueda ser nuestro aporte, debemos contribuir con la mitigación del cambio climático, que ya nos afecta con las alteraciones en los periodos y frecuencia de las lluvias, impacto en los ecosistemas marinos, aceleración del retroceso de los glaciares y pérdida significativa de la biodiversidad.

Colombia no emite significativamente gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles; sin embargo, sí contribuye al problema con el uso inadecuado del suelo, las prácticas ganaderas en vastos territorios nacionales y, sobre todo la deforestación que se intensifica en nuestros bosques tropicales. Estos proveen de agua a los páramos, los cuales, a su vez, abastecen a todos los capitalinos y además constituyen importantes sumideros de carbono, aportando de esta forma a mitigar el cambio climático.

Sin trabajar en específico por el tema climático, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico desde su actuación en el Senado, abraza la causa ambiental y aspira de nuevo a reelegirse ocupando la novena posición de la lista del Pacto. En su trayectoria política, se destaca por ser la autora del proyecto de Ley No Más Olé, que recoge las demandas del movimiento animalista en Colombia en contra del maltrato y el sufrimiento animal. También logró la aprobación de la Ley humedales para protegerlos y la Ley del rescate animal que son los que más sufren los efectos de las emergencias naturales o antrópicas como los incendios forestales.

Por otro lado, Yaini Contreras ocupa la posición 17 en la lista cerrada del Pacto al Senado y su condición de lideresa indígena del Pueblo Zenú en Córdoba y Sucre, le otorga un valor especial en el campo ambiental. Específicamente ha participado en la Asociación de Productores Indígenas Agroecológicos que se constituye con un referente en la promoción de prácticas responsables con la madre tierra.

Voto preferente por candidato

Elegir directamente a un candidato o candidata al Congreso de la República facilita la toma de decisión con responsabilidad y compromiso ético, ya que posibilita centrar la atención en el análisis de la formación y la trayectoria política de quien será elegido. Es posible corroborar si está inmerso en alguna investigación judicial o si ha hecho parte de escándalos políticos o situaciones que comprometan su idoneidad y transparencia. No es lo mismo votar por una lista cerrada que puede esconder candidatos cuya reputación ha sido cuestionada con evidencias consistentes o camuflar a aquellos que no tienen una amplia trayectoria con comunidades. Estas postulaciones pueden obedecer a intereses particulares de grupos o familias de poder, independientemente del partido, sea este de izquierda, derecha o centro.

Gran parte de las personas que aspiran al Senado y a la Cámara no tienen propuestas o experiencias ambientales significativas, lo que evidencia que esta problemática aún está marginalizada de la política legislativa. Predomina así un pensamiento antropocéntrico que desconoce la naturaleza como sujeto de derechos y la instrumentaliza para obtener recursos y beneficios, sin evaluar los costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazo.

En realidad, los seres humanos somos naturaleza y dependemos de ella, por lo tanto, todas las acciones que generamos sobre esta también repercuten en nuestras vidas y bienestar. Por esa razón, la concepción moderna de una supuesta superioridad humana para controlar, domesticar, manipular, explotar y apropiar todo lo existente en la naturaleza se derrumba frente a los efectos de la crisis climática que cada vez golpeará con mayor contundencia los distintos asentamientos humanos.

Dentro de los pocos candidatos o candidatas que incorporan en sus idearios la agenda ambiental, encontramos a Carolina Agudelo por el Nuevo Liberalismo, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, además de proponer proyectos de ley para la autonomía económica de las mujeres y el reconocimiento salarial de los docentes que trabajan con la primera infancia en el sector privado, también propone un eficiente control político al fallido modelo de manejo de residuos sólidos producidos en Bogotá. Se conoce que, aproximadamente más del 50% de estos residuos son orgánicos y no se aprovechan, aumentando el problema insostenible de los rellenos sanitarios, siendo necesario la construcción de un nuevo modelo que los aproveche en toda la cadena de valor y que se abra paso a la generación de energía a partir de procesos de transformación sustentable.

Julia Miranda Londoño también del Partido Nuevo Liberalismo es candidata a la Cámara y se destaca por su trayectoria política en temas ambientales, fue autora de varios proyectos de ley en esta materia, destacándose la generación de medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, la conservación de humedales, las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada,  la prohibición de prácticas de entrenamiento cruel con animales, la enseñanza de las sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo, el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, entre otros temas. 

Andrea Padilla Villarraga del Partido Alianza Verde, actualmente es senadora y aspira a reelegirse, se destaca por la autoría de proyectos de ley sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, la promoción al reconocimiento de personas cuidadoras y rescatadoras de animales domésticos. Ha buscado que los zoológicos, acuarios y aviarios se constituyan en espacios de refugio y ha impulsado la protección de la Amazonia y el reconocimiento del desplazamiento humano por el cambio climático, entre otros asuntos.

Duvalier Sánchez Arango es de la misma colectividad de Andrea Padilla, se desempeña como representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca y aspira al Senado en estas elecciones. Se destaca por la acción climática y la movilidad sostenible, al promover la protección del medioambiente a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo y ha buscado la protección del campesinado como sujeto especial de protección constitucional.

Nuestro ejercicio democrático en la elección popular de los nuevos representantes a la Cámara y al Senado implica un gran responsabilidad política y ética con el futuro del país y sus regiones. Por esa razón, debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros.

Además de evaluar las propuestas en términos de los aspectos sociales más sentidos, también analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares. Como se diría en la lengua indígena más hablada de nuestra américa, la lengua Quechua: “La tierra es nuestra herencia, debemos protegerla para las futuras generaciones”. “La naturaleza es nuestra vida, debemos protegerla”.

Debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros. También analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares.

@LeoMartinezUPN