La reforma que sí necesita Colombia.

Llevamos tres años hablando de reformas, reformas estructurales, reformas históricas, reformas que prometían el “cambio” que el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro convirtió en bandera de campaña. Y, sin embargo, en la calle la sensación es otra.

La Reforma Pensional —probablemente el mayor logro político del Gobierno— hoy está en vilo en los estrados judiciales por vicios de trámite. La Reforma Laboral avanzó a medias y dejó inconformes incluso a quienes la impulsaban. La reforma a la salud naufragó en el Congreso. La tributaria generó controversia. Las propuestas de consulta popular y hasta la idea de una nueva Constitución quedaron en el terreno del discurso.

Aunque mucho análisis se podría hacer sobre las derrotas de dichos procesos, solucionaban problemas de los colombianos, pero no el que más los afecta. Según la encuesta de INVAMER publicada en febrero de 2026, el 30% de los colombianos cree que el mayor problema del país es la seguridad. Adicionalmente, afirma que 3 de cada 10 colombianos no se sienten seguros en su barrio, vereda o sector de residencia. El miedo dejó de ser una percepción aislada y se convirtió en experiencia cotidiana.

Podemos debatir si el problema es la falta de pie de fuerza, la inteligencia, la inversión social o la prevención. Todo eso es válido. Pero hay un embudo donde el sistema colapsa: la judicialización. Cerca del 91% de los capturados por cometer delitos en Colombia terminan siendo liberados y por ende la impunidad cunde en todos los rincones del país.

No importa qué tantas capturas logren realizar las Fuerzas Armadas o qué tantos cargos y delitos tengan los criminales. Mientras que la justicia siga siendo tan laxa y prevalezcan los derechos de los capturados sobre el beneficio común de la seguridad, no podremos avanzar.

En ese sentido, la reforma que si necesita Colombia es una para la justicia. Esa reforma debe contemplar el final de impunidad para aquellos que cometan crímenes, sin distingo del tamaño o el impacto de este. La justicia debe incluir la Inteligencia Artificial – IA, para garantizar la agilidad de los procesos. Se debe reevaluar la ley de pequeñas causas, puesto que la justicia en si misma es una gran causa, y finalmente, se tiene que tener un marco jurídico más sólido para aquellos insurrectos que quieran dejar las organizaciones criminales: que dejen de delinquir, pero que paguen por sus crímenes.

Esa propuesta la ha venido planteando Wilson Ruíz Orejuela, exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy es candidato al Senado por Movimiento Salvación Nacional con el número 20. Wilson es un valluno que conoce del Estado y en materia jurídica, tiene experiencia en lo público, lo privado y la academia. No es de los youtubers y tiktokers que creen que pueden ganarse la vida viviendo del Estado, ganando millones y contando con esquema de seguridad.

Más allá de simpatías o antipatías partidistas, el debate debería centrarse en esto: votar por gente inexperta y youtubers o vamos a entregar el poder a quien se ha preparado para ejercerlo. La seguridad no se resuelve con discursos épicos ni con guerras retóricas en redes sociales. Se resuelve con instituciones que funcionen y con justicia que se cumpla.

A todos quienes leen esta columna, los invito a que voten por una propuesta seria, con experiencia, lejos de los lentes de las redes sociales, pero muy cercana a la experiencia y las capacidades necesarias para el servicio legislativo.