La democracia de las calles.

Justo después de que 8 senadores firmaran la solicitud de archivo del proyecto de Ley de Reforma Laboral el gobierno nacional empezó a hacer lo que mejor sabe hacer: convocar la ciudadanía a las calles. Esto va a terminar indiscutiblemente en un “balconazo” con discurso “veintejuliero”, que agravará un poco más la ya muy difícil situación de polarización que vivimos los colombianos.

Al detallar paso a paso de las actuaciones podríamos decir que nadie está actuando fuera de la norma o de lo legal. Tan legítimo es que se hagan movilizaciones sociales, como legítimo es que el Congreso de la República elijan firmar ponencias de archivo a las reformas. Sin embargo, que algo sea legal no quiere decir que sea bueno.

Me refiero explícitamente a la forma en la que el gobierno está haciendo el llamado a la movilización social en contra del Congreso y no en favor de sus reformas. El gobierno habla de una ruptura, que ha sido generada por el mismo gobierno al no dar los suficientes espacios para los debates o para que sus proyectos puedan ser puestos en consideración desde otros puntos de vista.

La vehemencia con la que el gobierno nacional está atacando al Congreso y a quienes firmaron el proyecto de archivo es digno de aquellos quienes NO reconocen la oposición, de quienes NO aceptan las reglas democráticas y que buscarán por cualquier medio conseguir sus objetivos. Es imperativo que recordemos que los congresistas, al igual que el presidente, fueron elegidos democráticamente, por lo que de una u otra forma, la solicitud de archivo del proyecto es una decisión que si representa a los colombianos.

Sobre las movilizaciones y acciones en contra de quienes no apoyan la reforma se está convirtiendo en una persecución hacía el paredón público. La actuación del gobierno está limitándose a convertir a todo el país en amigos y enemigos, destruyendo cada posibilidad de construir puentes. Además, la idea de convocar a una gran consulta popular, en un año pre electoral, tiene un tono político. Dejando entrever algo más allá que sólo la expresión participativa de la ciudadana en torno a la política laboral colombiana.

Esta ruptura, que más parece una declaración de guerra entre poderes, no se ha de tomar a la ligera ni de manera banal, como algunos lo están interpretando. Esta clara declaración de intenciones es apenas el comienzo de una estrategia coordinada para lograr la intromisión del ejecutivo sobre el legislativo. Entonces, esto no es más que un recordatorio de que: en Colombia hay que modificar el sistema ultrapresidencialista que tenemos.