La semana pasada se publicó el informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) sobre la situación de los cultivos y la producción de Cocaína en Colombia durante el 2019. Esto generó una gran alegría para el Gobierno Nacional porque una de las cifras más importantes, la reducción de cultivos de mata de coca había reducido en un 9% en comparación con el 2018.
La alegría que produce leer ese documento es altamente efímera, pues la reducción de los cultivos está ligada a la expresión “se detectaron”. Es decir, que la cifra depende más de los esfuerzos y las labores realizadas para encontrar los cultivos de la mata de coca. En realidad, los informes de esta índole deberían sincerarse y decir “Hay al menos xxx Hectáreas de cultivos de coca en Colombia”. La cifra para el 2019, a pesar de la reducción se situó en 154.000 Ha, una cifra muy cercana al área de Bogotá (Incluida la localidad de Sumapaz).
A partir de ese momento, casi todo el panorama empeoró de 2018 a 2019. Tal vez por eso mismo el gobierno celebró con muchísimo entusiasmo esa cifra, puesto que es la única que verdaderamente le daría réditos a la estrategia de lucha contra las drogas que ellos implementaron.
Lo preocupante de las cifras de áreas cultivadas es que el 18% de la totalidad de la coca sembrada encontrada estaba dentro de los límites de las Zonas de Reserva Forestal, que son responsabilidad del Estado. Y un 16% se encontraba en áreas de comunidades afrodescendientes.
Analizando el problema a profundidad, la producción de cocaína en Colombia se puede dividir en dos fases: La agrícola y la industrial. La primera hace referencia al proceso de siembra y cosecha de la mata, mientras que la segunda trata de todo el proceso químico para pasar de un producto natural a una sustancia psicoactiva.
Se estima que el 52% de los cultivos se vendieron en estado natural, es decir sin procesos extras. Con eso, a los campesinos colombianos les debieron haber pagado alrededor de 2,26 Billones de pesos ($2.660.000.000.000) u 810 millones de dólares durante el 2019 por la producción de Coca. Una cifra bastante interesante pero que deja en evidencia que están pagando menos que en 2018, lo que reafirmaría que la cantidad de cultivos aumentó porque el precio baja cuando hay más oferta, es decir, más cultivos.
No obstante, la totalidad no son ganancias, se calcula que cerca de 1.6 Billones son costos y gastos de la producción, y el restante 1,06 billones son ganancias para los cultivadores. Todo ese dinero representa el 0,2% el PIB de Colombia durante el 2019.
La rentabilidad y cantidad de dinero que manejó el negocio de la coca en Colombia es tal que si se comparan los presupuestos de los diez municipios con mayor área de cultivo (Que son perteneciente a Nariño, Norte de Santander y Cauca) y el dinero relativo al cultivo de drogas, el presupuesto es en el mejor de los casos el 30% de lo comercializado con la coca.
Por su parte, la droga procesada en laboratorios, que pueden ser en las mismas fincas cultivadoras o en locaciones remotas, generaron 6,3 billones de pesos durante el 2019 ($6.300.000.000.000), lo que significa casi el 0,6% del PIB nacional para el año en cuestión.
En conclusión, el negocio de la coca en Colombia es comparable con lo que produjo la industria manufacturera durante el segundo semestre del año pasado, generando el 0,8% del PIB de Colombia. Pero son cifras que no resultan beneficiosas para nadie, son dineros que no están dentro del sistema, no pagan impuestos, no son fácil de rastrear y eso significa un problema para la DIAN.
Por otra parte, la coca en Colombia les da trabajo a al menos 124.600 familias, y como máximo a 196.000. El 34% de dichos hogares están ubicados en los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander.
El gobierno en realidad no debería tener motivos para celebrar. Los cultivos tal vez si se redujeron, pero la cantidad de coca producida aumentó, lo eso significa un mejoramiento en los procesos productivos. Esto último se puede traducir en que los inversores (Grandes cárteles de la Droga) ven en los campos de Colombia la oportunidad perfecta para mejorar sus estrategias y hacer más rentable su negocio.
La repuesta será seguramente reactivar las aspersiones aéreas con glifosato, que ha sido una obsesión del ejecutivo desde su primer día, pero se encontrarán con novedades como que Bayer acordó pagar 10.900 millones de dólares como compensación a personas que adquirieron cáncer por el uso del mencionado químico.
Mientras todo ese meollo se desarrolla, el abandonado plan de sustitución voluntaria de cultivos es la única cifra de la que si debiésemos enorgullecernos los colombianos. Su éxito ha sido casi total, puesto que solo el 0,4% de las sustituciones voluntarias vuelven a cultivos ilícitos de cocaína, y este plan ha permitido acompañar a casi 61.000 familias de todo el territorio nacional en su camino hacia la legalidad.
Las cifras hablan por sí solas, y como dice el refrán “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, el gobierno debe apostarle a que la sustitución voluntaria se convierta en una política de Estado, dejar de perder el tiempo detrás de los cultivos de unos campesinos olvidados por la oligarquía que nos ha gobernado y empezar a seguir los criminales de los carteles de las drogas que son el verdadero problema.