La de Hidroituango es la historia de un megaproyecto eléctrico muy necesitado por toda Colombia, pero que ha sido oscurecido por un sinfín de factores que ahora tiene en riesgo al mismo país que con tanta necesidad lo esperaba. La cúspide de los problemas ya cumplirá en algunos días 3 años, pero la solución se ve mucho más que lejos.
Indistintamente de lo que haya ocurrido durante su construcción y preparación, que es por hoy materia de investigación, y sobre las cuales las autoridades competentes deberán determinar culpables y responsabilidades en torno a las fallas que el proyecto ha presentado, hay dos escenarios que si nos deberían preocupar a todos los colombianos.
Por un lado, nos encontramos a la espera de que los sobrecostos no superen los 7 billones de pesos. Mientras que, por otra parte, necesitamos que el proyecto entre en operación tan pronto como sea posible.
En primera instancia nos centraremos en un número clave: 7 billones de pesos. este es el valor por el cuál las aseguradoras y reaseguradoras tienen obligaciones para responder a causa de los daños y demoras ocasionados por el proyecto. El valor son dos millones de dólares.
Esta mega obra tenía un presupuesto inicial de 11,4 billones de pesos. La cifra aumentó drásticamente después de los imprevistos del 2018, y se aumentó hasta los 15, 3 billones. Finalmente, la junta directiva de la EPM, propietaria del proyecto, en agosto del pasado año aumentó el presupuesto hasta los 16,2 billones de pesos. Un ejercicio de aritmética nos permite encontrarnos con que el proyecto que inició en 2010 y debía estar listo para 2018, tiene a la fecha un sobre costo de 4,8 billones de pesos.
De esos 4,8 billones, las aseguradoras han respondido por 150 millones de dólares, es decir unos 600.000 millones de pesos. Lo que en conclusión deja un vacío de 4,2 billones de pesos
Al darse cuenta de lo significativa que es la cifra, nadie se ha hecho responsable y se han “tirado el agua sucia” de oficina a oficina, de empresa a empresa y por ahora los recursos han salido de la EPM, una empresa pública. Lo que en otras palabras significa que los sobrecostos han salido de las billeteras de los contribuyentes, es decir, de sus bolsillos y los míos.
Se vendrán unos litigios e investigaciones más arduas, que como ya enuncié, deberán ser los competentes quienes dictaminen culpas y responsabilidades. Pero en todo caso, hay un significativo vacío que por ahora estamos pagándolo todos sin que haya mucha claridad sobre por qué ocurrieron las cosas.
Por otra parte, nos encontramos con los problemas de demorar tanto la entrada en operación de esta obra. La capacidad instalada de Hidroituango, es decir, todo lo que puede llegar a producir serían 2.4 Gigavatios, lo que se traduce en un 15% de la demanda nacional eléctrica.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tenía previsto que Hidroituango empezara a abastecer energéticamente al país desde el 2022, cosa que los propietarios del proyecto ven como poco probable, y sugieren que la fecha de operatividad será mediados de 2024. Este desfase temporal deja al país en un déficit eléctrico del que no será fácil salir.
Si bien es cierto que por años los colombianos hemos pagado el “cargo por confiabilidad” y este se ha convertido en las grandes centrales termoeléctricas que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, también se debe aceptar que esta es una solución distante de ser eficiente. Su costo de producción y daño ambiental hace que sea una solución muy cuestionable.
Además, el nuevo Proyecto de Ley que reforma el estatuto tributario (Reforma tributaria) le impondría un impuesto de 5% a las ventas energéticas que se produzcan a través de proyectos de fuentes no convencionales energéticas (solar, eólica, geotérmica, nuclear …). Este impuesto deja de competencia a estas fuentes alternativas de producción de energía.
El ministerio de minas, la CREG, EPM y en general todas las autoridades dicen que no hay mayores riesgos para el suministro de energía en el territorio nacional mientras Hidroituango entra en operatividad. Pero, es para todos desconocida la fecha real de cuando este proyecto antioqueño entre en operación, así como es incierto cuál sea el futuro de los proyectos de producción energética de fuentes no convencionales.
La conclusión, por ahora, es que este proyecto va a seguir costándole mucho al país. Seguramente le haga falta una u otras adiciones presupuestales para hacer frente a las contingencias y demoras en las obras. Los litigios tardarán meses, años y hasta décadas para definir la responsabilidad de quién debe pagar la totalidad de los sobrecostos. Y, a lo mejor, tendremos uno que otro día que tengamos que vivir a la luz de las espermas y velas porque probablemente el país deba entrar en racionamiento energético, mientras el precio del consumo de la electricidad aumenta.