Mi abuela solía contarme historias sobre la violencia entre “godos” y “cachiporros”. Más tarde, la literatura me retrató aquella tragedia nacional; basta recordar la obra Cóndores no entierran todos los días, donde Gustavo Álvarez Gardeazábal describe a “los pájaros” y a las guerrillas liberales como protagonistas de una época marcada por el odio político. Décadas después, el país volvió a dividirse entre guerrillas y paramilitares, prolongando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

Todo ello demuestra que Colombia arrastra una herida que nunca ha terminado de sanar. Por el contrario, cada generación parece encontrar nuevas formas de reabrirla.

Por eso resulta tan preocupante que el debate presidencial se pretenda resumir en una confrontación entre “paras” y “guerrilleros”. No solo porque se estigmatiza a ciudadanos inocentes al asociarlos con organizaciones armadas ilegales que tanto daño causaron al país, sino porque se alimenta una lógica de confrontación que impide discutir los verdaderos problemas nacionales.

Después del 21 de junio, independientemente de quién resulte elegido presidente, Colombia seguirá existiendo. Los ciudadanos tendrán que convivir, trabajar juntos y construir futuro. Ningún proceso democrático puede sostenerse si una parte de la sociedad considera que la otra es, por definición, enemiga.

En este contexto, vale la pena detenerse en una afirmación reciente del actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien durante un debate de control político manifestó que había sido guerrillero “a mucho honor”. Más allá de la discusión política coyuntural, la frase invita a una reflexión de fondo: ¿cuál es el honor que puede derivarse de haber pertenecido a una organización armada que se levantó contra el Estado, desconoció la ley y contribuyó a prolongar la violencia en Colombia?

La pregunta adquiere aún mayor relevancia si invertimos los papeles. ¿Qué habría ocurrido si una declaración similar hubiera sido pronunciada por un exparamilitar? ¿La reacción pública habría sido la misma? ¿Habría existido igual tolerancia frente a semejante afirmación?.

Y es precisamente aquí donde quiero responder la pregunta que da título a esta columna: no, no es mejor ser guerrillero que paramilitar, como tampoco es mejor ser paramilitar que guerrillero. Ambos representan expresiones de la ilegalidad, de la violencia y del desconocimiento de las reglas que sostienen la convivencia democrática.

Reducir la discusión presidencial a una disputa entre estos dos referentes no solo es un error político, sino también una renuncia intelectual. Ninguno de los dos caminos ofrece una respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia. Más grave aún, ninguno puede convertirse en referente moral para una nación que aspira a fortalecer sus instituciones y consolidar la paz.

Sin embargo, considero que el problema de fondo es aún más profundo que la crisis de la salud, la inseguridad, la polarización, la situación económica o cualquier otra dificultad que hoy ocupe los titulares. El verdadero problema es que como sociedad hemos comenzado a perder la capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto.

Cada vez con mayor frecuencia confundimos la justificación con la legitimidad, la simpatía política con la razón y la conveniencia con los principios. Hemos llegado al punto de relativizar conductas que antes resultaban evidentemente reprochables, dependiendo de quién las cometa o de la causa que diga defender.

Por eso este debate no puede limitarse al plano jurídico. Debe abordarse también desde la ética, la moral y la deontología. Necesitamos volver a preguntarnos qué conductas son aceptables y cuáles no; qué valores queremos promover como sociedad y cuáles debemos rechazar sin ambigüedades.

Colombia no avanzará mientras siga confundiendo el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto o lo legítimo con lo conveniente. No podemos permitir que lo indebido termine desplazando lo debido, ni que el mérito sea equiparado con la ausencia de esfuerzo, ni que la legalidad sea vista como un obstáculo y no como una garantía.

Las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto deben reconstruirse y fortalecerse. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, elevar la calidad del debate público y construir una nación capaz de mirar hacia adelante sin renunciar a los principios que hacen posible la convivencia democrática.