¿Delincuentes a la Tarima?

La Paz Total fue, desde el inicio, una de las banderas más visibles del presidente Gustavo Petro y una de las apuestas centrales de su victoria electoral. Hoy, con nueve procesos de negociación activos —entre mesas con grupos armados al margen de la ley y esquemas sociojurídicos de paz urbana—, la iniciativa continúa siendo un eje prioritario del Gobierno.

Sin embargo, el camino hacia esa paz no ha sido ni tan ágil como se prometió. Basta recordar cuando el presidente aseguró que podría desmovilizar al ELN “en tan solo tres meses”. La realidad ha sido otra: ese grupo armado ha perpetrado múltiples ataques contra las Fuerzas Militares, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y ha estado directamente implicado en la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo desde hace más de cinco meses.

A esto se suman las fracturas institucionales. La falta de liderazgo del comisionado de paz, Otty Patiño, ha debilitado la interlocución oficial; la inclusión de disidencias de las FARC en las negociaciones, pese a que el acuerdo de 2016 estipulaba que enfrentarían la justicia, genera dudas; y episodios como la captura —y posible extradición— de alias “Araña”, justo al cierre de un ciclo de conversaciones con los Comandos de Frontera, exponen graves incoherencias estratégicas.

El informe La paz, ¿cómo vamos?, elaborado por Vivamos Humanos y la Fundación Paz & Reconciliación, retrata este panorama con nitidez: solo el espacio socio jurídico del Valle de Aburrá recibe una evaluación positiva. El resto presenta retrocesos o estancamientos, lo que evidencia que la Paz Total requiere no solo voluntad política, sino una reorientación táctica que garantice resultados concretos.

 La verdadera paz exige procesos de perdón, verdad y garantías de no repetición —elementos que muchos ciudadanos no perciben. Por ello, generó tanta controversia el reciente acto público en Medellín donde algunos negociadores, aún recluidos en la cárcel de Itagüí, fueron autorizados a posar como voceros de paz. Para un sector amplio de la sociedad, este gesto no simbolizó reconciliación, sino impunidad.

Y aunque algunos avances son innegables, el país no parece estar preparado emocionalmente ni simbólicamente para ver a antiguos victimarios en la plaza pública. La falta de pedagogía en torno al proceso hace que estas apariciones se interpreten como exaltaciones del prontuario criminal, no como pasos hacia la reconciliación.

El proceso de paz con las FARC dejó lecciones profundas que hoy no pueden ignorarse. El desarme es importante, sí, pero sin un tejido social que lo sostenga —sin justicia restaurativa ni legitimidad ciudadana—, todo acuerdo queda expuesto a la fragilidad de la desconfianza.

Nota final: En un escenario preelectoral, Colombia se enfrenta de nuevo a un dilema histórico: continuar por el camino de la negociación o abrirle paso a las soluciones armadas. Hoy, cuando la Paz Total parece lejana resulta urgente evitar una guerra total.