Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.