Un artículo del politólogo y economista James Robinson, publicado en El Espectador el 13 de diciembre, ha causado bastante polémica. El coautor del libro “¿Por qué fracasan los países?” criticó fuertemente la política de restitución de tierras implementada por el presidente Juan Manuel Santos al considerar que será ineficaz para lograr desarrollo en el sector rural colombiano. Según Robinson, el futuro del campesinado pobre no está en el campo, sino en la educación y las oportunidades que pueden ofrecer las urbes; la restitución sólo “institucionalizaría” la pobreza en la periferia y generaría aún más conflictos por la tierra.
A mi juicio, la publicación causó descontento por dos razones. En primer lugar, por el tono realista y pragmático con que el autor abordó el asunto y que puede llegar a causar escozor. En segundo lugar, por sugerir que la solución a la cuestión agraria la tiene el difunto jefe paramilitar Vicente Castaño, quien planteaba que sólo cuando los ricos se muden al campo, las instituciones estatales se asentarán allí. Para muchos resulta incomprensible que se le dé la razón a un hombre que causó tanto sufrimiento y que ayudó a agudizar los problemas en el campo.
Pero los planteamientos de Robinson no son descabellados. Creo que con su análisis trata de vislumbrar una solución factible y aplicable en el mediano plazo para que Colombia pueda cerrar la gigantesca brecha entre lo rural y lo urbano. Y es respetable su pensamiento: si uno analiza la lamentable situación de la otra Colombia -la rural y olvidada- es posible llegar a conclusiones similares.
El estado actual del campo colombiano, dificulta brindar condiciones de vida digna a sus habitantes más vulnerables. Según cifras del DANE, las zonas rurales del país presentan un índice de necesidades básicas insatisfechas del 53,51%, porcentaje que contrasta sustancialmente con el 19,66% que se da en los cascos urbanos del país. Además, la incidencia de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural llega al 41,6% y 18,2% respectivamente, mientras que la cifra en las cabeceras es de 25,6% y 5,4%. Con esos datos, ¿qué garantías tiene un campesino para salir adelante aun si se le entrega una parcela de tierra?
Pero el gran reto que afronta la restitución, además de las precarias condiciones del campo, es la percepción de los posibles beneficiarios sobre dicho proceso. Según un estudio realizado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad a población desplazada, el 70% de estas personas no quieren volver a los lugares de donde fueron expulsadas violentamente. ¿Las razones? Por un lado, sienten miedo de ser victimizadas nuevamente, por otro lado, ya han logrado rehacer sus vidas en las ciudades a las que se han movilizado.
Ahora bien, tampoco se debe desconocer la necesidad de la política de restitución de tierras en un país donde se han desplazado a más de 5 millones de personas y en donde se han espoliado cerca de 6,6 millones de hectáreas. Considero que es un acto de justicia que Colombia debe asumir. Sin embargo hay que entender que la tarea es difícil y que por sí sola no logrará generar desarrollo en las regiones más apartadas. Será complicado revertir el estado actual de la distribución de la tierra si se tiene en cuenta que el coeficiente de Gini que mide la concentración de la propiedad rural es cercano al 0,88. Y además, dicha política será inútil si el Estado colombiano no logra llevar instituciones que brinden a los campesinos seguridad, justicia, servicios públicos, educación, salud y oportunidades reales de desarrollo.
Creo que la discusión planteada por el profesor Robinson sirve para preguntarnos si realmente el gobierno y nuestra sociedad están dispuestos a asumir la titánica responsabilidad poner a funcionar el Estado y de llevar instituciones que generen desarrollo en el campo. Si es así, el presidente Santos tiene el deber de estructurar una política de desarrollo rural que extinga la guerra y la miseria de ese sector. Los acuerdos de la Habana y la restitución de tierras constituirán un primer paso, pero la tarea es ardua y requerirá de grandes esfuerzos e inversiones en los próximos años.
Miller Choles P.
Politólogo de la Universidad del Rosario
Investigador en asuntos territoriales y de desarrollo
Twitter: MCholesP