CAPRICHOS PRESIDENCIALES. 

El ex canciller Leyva claramente y, muy posiblemente, el novel ministro de Cultura, son y serán víctimas de las arbitrariedades de nuestro iluminado Presidente de la República, que sobrepone sus posiciones, que generalmente son simples  caprichos, a las normas establecidas  para que el ejercicio del poder presidencial esté sometido a condiciones, reglas y limitaciones preestablecidas,  fruto de decisiones democráticas acordadas, vigentes en la Constitución y en las leyes que de ella se desprenden. Y estas se han construido con un propósito claro, evitar arbitrariedades como las que hoy comete Gustavo Petro.

Leyva fue víctima del enredo presidencial en torno del contrato con Thomas de la Rue para la elaboración de los nuevos pasaportes. La empresa por tercera vez, en tres gobiernos diferentes, había sido la escogida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Presidente se encolerizó, por no decir que se encegueció, al enterarse de la adjudicación que estaba ya en firme por parte del Fondo Rotatorio de la Cancillería en cabeza del Secretario General XXX Salazar y exigió, tal como lo describió la directora de la Agencia Jurídica del Estado Martha Lucia Zamora, que está se echara para atrás. El veía en Thomas de la Rue, como suele ocurrirle con buena parte de los empresarios, a un vil aprovechador de los recursos públicos y con el argumento de que “en mi gobierno no puede haber licitaciones con un solo proponente” forzó a que la licitación fuera declarada desierta, a pesar de las advertencias en contra, de sin número de juristas, con las consecuencias. El sacrificado fue el canciller Leyva quien terminó con la Procuraduría encima, que lo suspendió.

Algo similar se está configurando con el caso del rector de la Universidad Nacional y allí el que puede terminar pagando las consecuencias es el minCultura, Juan David Correa, nombrado ministro de educación adhoc, con la tara presidencial de tumbar la elección del rector de la Universidad. Los procedimientos con los cuales fue nombrado por el Consejo Superior, se ciñen a las normas y al respeto de la autonomía universitaria, la más importante victoria de las luchas estudiantiles, en el último siglo. Y eso no le gusta al Presidente. Ya la Procuradora Cabello le abrió investigación a Correa, por extralimitación de funciones. 

 Definitivamente estamos con un Presidente que cree más en lo suyo que en las normas que está obligado a cumplir y a hacer cumplir. Su argumento, es asignarle un valor absoluto e inapelable a la democracia directa, a “la voz del pueblo” que él, supuestamente escucha. Olvida o desconoce que las normas existentes determinan que al rector lo elige el Consejo Superior de la Universidad, donde tienen asiento, representantes de los profesores, alumnos y graduados; y que no es obligante el resultado de las consultas internas, que puede o no coincidir con la decisión del Consejo, conservando este su poder de nombramiento, como ha sucedido en otras ocasiones.

Definitivamente Petro, inmerso en su autoritarismo mesiánico no le cree sino a sus impulsos (¿caprichos?). Actúa como si estuviera por encima de las normas las que, aunque insuficientes e incompletas, son sin embargo, infinitamente superiores al capricho del gobernante, convertido en  ley; y esto vale no solo para el actual Presidente. Lo preocupante es que la amenaza de ese comportamiento presidencial, nos acompañará hasta el último día de su mandato.