UNA COYUNTURA HISTÓRICA DE VERDADES Y RESPONSABILIDADES

UNA COYUNTURA HISTÓRICA DE VERDADES Y RESPONSABILIDADES

Hernando Llano Ángel

Mañana será un día histórico, un día de verdades. Conoceremos el Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuya divulgación pública está programada para las 11 de la mañana. Con su revelación no empezaremos a conocer nuevas verdades, pues vivimos inmersos en una coyuntura de verdades desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016 y su rechazo en el plebiscito por una exigua mayoría de 53.853 votos. Allí están las dos verdades en medio de las cuales vivimos y morimos. La verdad del fin de una guerra degradada con la desmovilización del mayor número de guerrilleros de las Farc-Ep, cerca de 13 mil. Y la otra verdad, la de una paz incompleta y fragmentada, que todavía estamos lejos de alcanzar en todo el territorio nacional. La primera verdad cada día nos revela con mayor crudeza y estupor los niveles de degradación alcanzados en este conflicto armado interno. Las recientes Audiencias Públicas de Reconocimiento de más de 20 mil secuestros cometidos por las Farc-Ep, realizada por la JEP en cumplimiento del Acuerdo de Paz, nos han confirmado de viva voz de los miembros del Secretariado de las Farc su ignominia, pero también su desgarrador arrepentimiento por el sufrimiento causado a miles de víctimas civiles y de la Fuerza Pública. Lo cual constituye el principio de una reparación, pues sin el reconocimiento de esas terribles verdades nada es posible, mucho menos las penas propias de una justicia restaurativa y la esquiva reconciliación, que debe ser el punto de llegada. El mismo Rodrigo Londoño, Timochenko, entonces máximo comandante de las Farc-Ep, ha dicho: “yo quisiera que la tierra me tragara ”. Exactamente es lo que ha sucedido con la legitimidad política de esa guerrilla y los escasos 51.188 votos alcanzados en las recientes elecciones para el Congreso por los miembros del partido Comunes.

Primera verdad: La violencia política nunca es legítima

La tierra se tragó, con sus miles de víctimas, la credibilidad política y la representatividad ciudadana de las Farc-Ep. Esa es la principal y más dolorosa verdad que deberíamos reconocer todos los colombianos. Que la violencia política jamás genera legitimidad, sino más bien todo lo contrario: repudio, rechazo, ilegitimidad, odio, búsqueda de venganza y revancha. Que no hay una violencia revolucionaria, así se camufle con las banderas de la justicia social, si su ejercicio arrasa con la vida, la libertad y la dignidad humana. Pero tampoco existe una violencia legítima, supuestamente democrática y constitucional, cuando la Fuerza Pública reprime violentamente a la población civil que protesta pacíficamente o, peor aún, viste con camuflados de guerrilleros a miles de jóvenes inocentes que fueron acribillados en cumplimiento de la Directiva 029 de 2005 y la “seguridad democrática”, que desembocó en los mal llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales que lleva la JEP como el macrocaso 03. No existen una violencia política buena, la institucional, y otra violencia política mala, la insurgente e ilegal.  La primera es buena y necesaria, porque supuestamente protege mi vida y mis intereses, y la otra es mala porque los pone en riesgo. Con esa simpleza argumental y conveniente maniqueísmo moral es que millones de personas justifican y legitiman la violencia estatal. Incluso les parece normal, necesaria e inevitable. Pero ignoran que precisamente el Estado democrático de derecho surge para contener, regular y evitar al máximo los efectos mortales de la violencia en la vida social. Por eso el Estado democrático es de derecho y no de facto, como el dictatorial, no es un Estado autoritario sustentado en la violencia, sino en reglas que limitan sus efectos letales. De allí que lo primero que hace un Estado democrático cuando alguno de sus miembros abusa del poder y la fuerza es investigarlo, sancionarlo, suspenderlo, destituirlo o encarcelarlo, si se demuestra que es responsable de ese abuso. La violencia arbitraria, discrecional y desproporcionada del Estado utilizada con fines políticos es totalmente ilegítima e ilegal, así se dirija contra supuestos enemigos internos o se esgrima para la defensa de la seguridad nacional, el orden público y hasta la democracia, como esa nefasta declaración del coronel Alfonso Plazas Vega: “!Mantener la democracia, maestro!”, cuando se decapitaba a la Corte Suprema de Justicia e incendiaba el Palacio de Justicia. Tales excesos incluso aparecen rechazados en el punto 33 del Manifiesto Democrático de Álvaro Uribe Vélez: “Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Sin duda, esa violencia oficial es terrorismo pues acaba con la respetabilidad de la autoridad pública y la legitimidad del Estado de derecho y de la democracia. Seguramente por ello, la violencia policial contra los jóvenes manifestantes en el paro nacional del 2021 se expresó en el rechazo al gobierno de Duque en las urnas y a favor de Petro. Acontece lo mismo con la violencia supuestamente revolucionaria, pues tiende a convertir a sus comandantes en criminales de guerra y de lesa humanidad, como lo hemos visto y escuchado en las Audiencias de reconocimiento por parte de los comandantes de las Farc-Ep. Ya lo advertía sabiamente la filósofa francesa Simone Weil: “La ilusión constante de la revolución consiste en creer que las víctimas de la fuerza, por ser inocentes de las violencias que se producen, si se pone en sus manos la fuerza la manejarán con justicia. Pero salvo las almas que están muy próximas a la santidad, las víctimas están manchadas por la fuerza de los verdugos. El mal que está en la empuñadura de la espada se transmite por la punta. Y las víctimas, así colocadas en la cumbre y embriagadas por el cambio, hacen tanto mal o aún más y luego vuelven a caer rápidamente”. Es lo que ha sucedido en la mayoría de revoluciones, sus mejores y más auténticos líderes terminan exiliados, encarcelados o asesinados, desde la revolución francesa, pasando por la bolchevique, la cubana y la sandinista del autócrata Daniel Ortega.

Segunda Verdad: ¡No más víctimas, ni victimarios!

Más que de señalar culpables de los millones de víctimas del desplazamiento forzado, desaparecidos, masacrados, torturados y demás crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo esencial es que el Informe Final de la Comisión nos permita identificar y esclarecer aquellos factores y causas de orden político, social, económico y cultural que explican, jamás justifican o legitiman, la existencia de victimarios y de víctimas, que se perpetúan de generación en generación al menos desde hace medio siglo hasta nuestros días. La máxima pretensión  del Informe de la Comisión es contribuir a poner fin a la espiral infernal de victimarios impunes y de víctimas irredentas, “explicando los más graves patrones de violencia que se dieron en el marco de la guerra”, para así evitar su repetición. Patrones tales como el control del territorio y sus pobladores para extraer recursos de economías ilegales y sostener  las tropas para prolongar indefinidamente la guerra. En esa perspectiva, más allá de culpables exclusivos del conflicto y de su perversión, habría que identificar los diversos grados de responsabilidad que corresponde a quienes participaron directamente en el mismo, así como de aquellos que indirectamente todavía se benefician con su prolongación, como el narcotráfico y toda la cadena de cómplices tanto en la ilegalidad como en el Estado y en el mercado. Obviamente, según los cargos y los roles desempeñados, pues no tiene la misma responsabilidad un jefe de Estado, Alto oficial, Comandante guerrillero o Jefe paramilitar, que un funcionario público de segundo orden, un menor reclutado por la guerrilla o los paramilitares y un soldado raso. Responsabilidades de las que tampoco podemos eximirnos en cuanto ciudadanos, empresarios, agricultores, profesionales y colombianos corrientes, pues todos hemos sido afectados, participando indirectamente o consintiendo pasivamente este interminable conflicto armado interno y la perpetuación de sus violencias estructurales. Violencias estructurales como la exclusión económica, social y cultural, que engendran los prejuicios del clasismo, el racismo y el maniqueísmo moral que pretende dividirnos entre “ciudadanos de bien” y de “camisa blanca” contra “revoltosos”, “indios invasores” y “negros igualados”. Porque sin duda son esas discriminaciones, violencias culturales y sociales, totalmente inadmisibles, las que generan más violencia directa, desatada por victimarios con muy buena conciencia contra víctimas indefensas, a quienes le son desconocidos sus derechos fundamentales y su igual dignidad humana. Por todo lo anterior, debemos estar muy atentos, abiertos y empáticos para recibir el Informe Final de la Comisión, pues en gran parte de ello depende que no aumenten las víctimas y mucho menos los victimarios. Que por fin dejemos de ser una “confederación de odios” y comencemos a ser una “confraternidad de ciudadanos”. Estamos viviendo una coyuntura histórica de verdades y de todos depende que avancemos por la senda de las responsabilidades, las reformas estructurales y la justicia restaurativa o, por el contrario, nos quedemos disputando una justicia punitiva que presupone culpables absolutos e inocentes impolutos, los cuales no existen en la terrible y degradada realidad de nuestro pasado y presente. Parafraseando a José Saramago: “somos la memoria que tenemos y las responsabilidades que asumimos”. Sin duda, de ambas depende lo que deseamos ser. Podemos ser ciudadanos íntegros con el valor de reconocer la lacerante realidad del conflicto armado y nuestra mayor o menor responsabilidad en lo sucedido,  o, por el contrario, indolentes e insensibles que niegan lo acontecido y el dolor de millones de víctimas.  De ello depende el futuro que forjemos, la memoria y la vida que dejemos a las futuras generaciones. Que podamos mirarnos a los ojos, sin vergüenza, o nos  esquivemos las miradas y  desconozcamos las víctimas. Que compartamos un PAISaje común o que huyamos y vivamos refugiados en el exterior, renegando nuestra nacionalidad. Tenemos la responsabilidad histórica de vivir a la altura de estas terribles verdades, pero sobre todo de poner fin a su repetición. ¡No más víctimas, ni victimarios! !Hay Futuro si hay Verdad!