EL TRASFONDO POLÍTICO Y CRIMINAL DE BARBOSA Vs PETRO
Hernando Llano Ángel
No se trata de un enfrentamiento personal entre el fiscal, Francisco Barbosa y el presidente, Gustavo Petro, como se proyecta en forma espectacular y superficial en la mayoría de medios masivos de comunicación. El trasfondo es una disputa sobre la legitimidad política del presidente Petro, frente a la legalidad y eficacia del fiscal en la lucha contra el crimen. Incluso es un asunto de mayor calado, pues pone en juego la misma legitimidad democrática del Estado colombiano y su relación con el crimen y la ilegalidad. Relación que institucionalmente se define por las políticas y actuaciones de los presidentes y fiscales de turno. Actuaciones delimitadas por sus funciones y responsabilidades constitucionales. La del presidente, el manejo del orden público y la seguridad en todo el territorio nacional, para garantizar la vida de todos los colombianos. De allí, la obsesión de los presidentes en la búsqueda de la paz política, presupuesto para la convivencia ciudadana y la existencia misma de la democracia. Y la principal responsabilidad de los fiscales, combatir el crimen y la ilegalidad, en el marco del Estado de derecho, impidiendo el reino de la impunidad y la inseguridad generalizada.
¿Concierto institucional para permitir delinquir?
La verdad, desde César Gaviria y su Fiscal, Gustavo de Greiff, pasando por todas las demás duplas, esa relación no ha logrado que la Presidencia y la Fiscalía, con sus respectivos regentes, nos garanticen a todos los colombianos derechos tan fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la justicia. Quizá el mayor éxito circunstancial, más no estructural, fue desmantelar el terror del cartel de los extraditables de Pablo Escobar con la política de sometimiento a la justicia. Pero Gaviria no respaldó a De Greiff en sus conversaciones con los Rodríguez para su entrega, lo que a la postre desembocó en su generosa financiación a Samper y el proceso 8.000 en búsqueda de mayores concesiones y beneficios. No hay espacio para pasar revista aquí a las demás duplas, pero lo cierto es que algunas de ellas han tenido más relación con un concierto institucional para dejar delinquir, que para combatir el crimen. Tal fue la dupla de Andrés Pastrana con Luis Camilo Osorio, período durante el cual se cometieron el mayor número de masacres de las Autodefensas, según lo documenta el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Algo similar sucedió con la dupla de Álvaro Uribe y su fiscal Mario Iguarán, aunque éste haya tenido el valor de alertar sobre la comisión de los “Falsos Positivos”, pero no avanzó sustancialmente en las investigaciones sobre el paramilitarismo y sus ramificaciones con el establecimiento económico y político, como las reveladas por Mancuso en sus recientes audiencias ante la JEP. Ni hablar de los fiscales Luis Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez, durante las administraciones de Juan Manuel Santos, quienes estaban éticamente inhabilitados y fueron legalmente incompetentes para investigar a sus antiguos clientes. Montealegre, a su excliente, Carlos Palacino, quien defraudó a los colombianos en 1.4 billones de pesos desviados de la EPS SaludCoop para su beneficio y extravagantes lujos. Y Néstor Humberto Martínez con su excliente, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y el escándalo de su firma Corficolombiana del grupo AVAL, cuyo exdirectivo José Elías Melo fue condenado por el caso Odebrecht. Relaciones tan obscuras y criminales que arrastraron a la muerte por envenenamiento al auditor de AVAL en el consorcio con Odebrecht, Jorge Enrique Pizano y a su hijo Alejandro. Extrañas muertes todavía por esclarecer, afortunadamente con documentación en manos del FBI, que ojalá impida su total impunidad y la incompetente y sospechosa actuación del fiscal Martínez Neira. Las anteriores relaciones de afinidad política y partidista entre el Ejecutivo y la Fiscalía revelan como el Estado colombiano terminó siendo más un comodín al servicio del delito y de la impunidad, en lugar de actuar como un auténtico Estado de derecho capaz de desvertebrar esa maraña de complicidades entre el crimen organizado y la política. Es en este contexto donde hay que situar el enfrentamiento entre Petro y Barbosa a raíz de las chuzadas irregulares–pues legalmente las ordenó un fiscal del Chocó engañado por reportes falsos– por el hurto de siete mil dólares del que fue víctima la exsecretaria privada de la presidencia, Laura Sarabia. Este choque refleja por primera vez una ruptura institucional entre la Presidencia y la Fiscalía al no existir una relación de afinidad política, mucho menos ideológica y partidista. Más bien sucede todo lo contrario. Es una relación de confrontación directa, donde Barbosa actúa como una especie de ventrílocuo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y un alfil político del Centro Democrático, convirtiéndose más en un opositor político que en el máximo responsable de las investigaciones contra el crimen. Seguramente por ello el narcotráfico infiltró y cooptó una importante funcionaria de su administración, como la hija del que fuera rector de la universidad Sergio Arboleda, Ana Catalina Noguera, exdirectora de extinción de dominio de la Fiscalía, condenada por chuzar y hacer alianzas con narcos. Es decir, las chuzadas continuaron siendo una práctica ilegal en la propia Fiscalía. Como en la sentencia bíblica, Barbosa ve primero la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y procede como los fariseos anunciando que “volvieron las chuzadas” en la Presidencia, cuando ya se practicaban ilegalmente muy cerca de su Despacho en beneficio de narcos.
Barbosa ventrílocuo del expresidente Uribe y alfil del Centro Democrático
Por eso Barbosa pone todo el poder de la Fiscalía en la defensa del expresidente Uribe, como se ha visto en el proceso que se le adelanta por soborno a testigos y fraude procesal, impugnando por segunda ocasión las negativas de dos jueces a precluir dicho proceso. A su vez, el presidente Petro recuerda sus denuncias que realizó como congresista contra los abusos de poder y las graves violaciones a los derechos humanos durante las dos administraciones de Uribe, que incluso convirtieron el DAS, por sus interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, numerosos periodistas, opositores políticos y sus complicidades criminales con los paramilitares en una central de inteligencia propia de un régimen terrorista. Por eso fue condenado su director, el “buen muchacho”, Jorge Noguera “como determinador del asesinato del profesor e investigador social, Alfredo Correa de Andreis, el 17 de septiembre de 2004, de acuerdo con el material probatorio, por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40”, comandante paramilitar. También el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue condenado porque “logró convencer al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil de que diera la orden para asesinar al periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999”. De allí que la sobreactuación del Fiscal Barbosa al denunciar que “volvieron las chuzadas” por la interceptación ilegal de los celulares de dos empleadas sospechosas del hurto de los dólares de Laura Sarabia, resulte exagerada y patética, pues no hay parangón con la gravedad, continuidad y sistematicidad de las realizadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que terminaron con la condena de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, ya en libertad. Por eso, ¿vale la pena leer el análisis judicial de EL ESPECTADOR “Qué fueron las “chuzadas” y qué tan comparables son con el caso de Laura Sarabia?”, para comprender lo que está sucediendo, sin incurrir en comparaciones maniqueas con evidentes fines políticos y dividendos electorales, propias de un fiscal incompetente e irresponsable que incluso llega a la barbaridad, cercana a su apellido, de desacreditar a la Policía Nacional y llamar a sus miembros a no acatar las ordenes del mismo presidente, sugiriendo con ello la ilegitimidad e ilegalidad de las mismas.
Hernando Llano Ángel
Abogado, Universidad Santiago de Cali. Magister en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. PhD Ciencia Política, Universidad Complutense Madrid. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente. Miembro de LA PAZ QUERIDA, capítulo Cali.