Si hay verdades, habrá futuro

Transcurridos ya dos años de la presentación oficial del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, bajo el título: “Hay futuro, si hay Verdad”, es forzoso y muy penoso concluir que todavía no tenemos futuro y menos Verdad. Quizá hubiera sido más afortunado titularlo: “Si hay verdades, habrá futuro”, o mejor, “Si hay verdades, forjaremos futuro”.

Sin Verdades, no hay presente y menos futuro

Sin duda, en gran parte los colombianos no podemos convivir y mucho menos poner fin a la repetición de esta vorágine que nos desangra –al menos desde hace más de medio siglo– debido a la obstinación que tienen todos los actores armados en imponernos su propia Verdad y negar de plano las otras verdades de sus contradictores, adversarios o enemigos.

Empezando por los protagonistas y responsables institucionales que siempre apelan a una supuesta violencia legítima para defender la “democracia”, aunque ello implique decapitarla, como aconteció con la cúpula del poder judicial y la reducción a escombros del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre 1985. Es más, a semejante “exitosa operación de rescate” se le llama “retoma del Palacio de Justicia”. Una mentira todavía mayor que el desvarío del M-19 de pretender juzgar allí al presidente Belisario por traición al acuerdo de paz. Ambas partes, en lugar de respetar la renombrada separación de las ramas del poder público, hicieron todo lo contrario. Comenzando por el Ejecutivo de entonces que cercenó de tajo la máxima expresión de la rama judicial y el mismo Estado de derecho, convirtiéndolo en un Estado deshecho. Y todo ello, para “mantener la democracia, maestro”, según la valerosa y mentirosa respuesta del coronel Alfonso Plazas Vega. Pero todavía tenemos peores y más mortales mentiras oficiales.

Hasta hace pocos años, en virtud de la Directiva 29 del 20052, firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina, el presidente Uribe en nombre de la “seguridad democrática” promovió miles de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, sin percatarse a tiempo, según su propia versión al padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Comisión cuya legalidad y legitimidad nunca ha reconocido el expresidente Uribe, pese a los miles de verdades que contiene su Informe Final, verificadas fácticamente. No la reconoce para defender su “Verdad” que, al ser hoy revelada ante la JEP por victimarios y miembros de la fuerza pública, todavía el expresidente es incapaz de reconocer como una realidad y verdad inocultable: la existencia de este degradado conflicto armado interno. Todo ello, para justificar su lucha contra el terrorismo de “la Far”, repitiendo así a escala nacional la hecatombe del Palacio de Justicia. Es indiscutible que esa Verdad de la “seguridad democrática” terminó demostrando, sin él pretenderlo, otra verdad, consignada en el punto 33 de su Manifiesto Democrático. Una verdad escrita por el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Según esa verdad “hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo.

También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal” ¡Qué terrible ironía! El Estado de la “seguridad democrática”, aquel que le devolvió “la tranquilidad a todos los colombianos y les permitió volver a sus fincas y viajar por todas las carreteras”, fue un Estado Terrorista, según lo afirmado en el punto 33 del Manifiesto Democrático por el mismo candidato Álvaro Uribe Vélez, punto que cumplió al pie de la letra siendo presidente de la República. Una paradoja semejante la está viviendo el presidente Petro, pero en sentido contrario, con su prometida política de Paz Total, cada vez más próxima a una guerra total en varios departamentos. En parte, ello se debe a que las guerrillas, el Clan del Golfo y cuanto grupo criminal desafíe al Estado y se ensañe contra la población civil, se parapeta tras la verdad brutal de la violencia, la extorsión y el crimen para obtener favorabilidad política, beneficios judiciales y hasta impunidad.

Lo anterior ha sido una constante histórica desde el nacimiento de la República, pero se convirtió en una estrategia exitosa con el narcoterrorismo de Pablo Escobar, pues incluso logró coronar la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento en el ya derogado artículo 35 de la Constitución. Claro, todo ello, bajo otra verdad oficial y eufemística, llamada “política de sometimiento a la justicia” del expresidente César Gaviria, pronunciada en un marco solemne, la proclamación de la Constitución de 1991 con su: “Bienvenidos al futuro. Un futuro que todavía no nos llega, igual que el anunciado por la Comisión de la Verdad en su informe final, simplemente porque no somos capaces de decirnos verdades vitales. Para no continuar repitiendo las atroces realidades de este conflicto que la Comisión nos ha revelado en más de diez mil páginas, nos toca empezar por dejar de decirnos grandiosas y solemnes mentiras, como las contenidas en nuestra querida Constitución: Estado Social de Derecho, Democracia Participativa, prohibición de la pena de muerte, Paz, Salud, Vivienda digna, tan hermosamente condensadas en su preámbulo:

“EL PUEBLO DE COLOMBIA en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”.

Las anteriores no dejan de ser mentiras y promesas solemnemente incumplidas porque nadie se atreva a negarlas y todos juremos creer en ellas, comenzando por los gobernantes que deberían ser los primeros en cumplirlas, pero no lo hacen. Pero tampoco son verdades porque simplemente la realidad de la vida política, social, económica y cultural las niega y desconoce todos los días. Al respecto, un catalán canta: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. En otras palabras, solo tendremos presente y futuro si mediante nuestro comportamiento ciudadano las convertimos en verdades reales y no solo nominales en la Constitución.

Pero, además, si desde el Estado los gobernantes de turno no las utilizan como coartadas para favorecer intereses personales, partidistas, empresariales y hasta criminales, invocando para ello la misma Constitución y otras tantas fantasmagorías como la “Democracia”, “la seguridad democrática” y hasta un mítico y revolucionario constituyente primario”, que cambiará la historia. Por eso García Márquez es nuestro mayor fabulador nacional y también el más lúcido revelador de verdades. En su “Proclama por un País al alcance de los niños”4 desvela todas nuestras imposturas y nos deja desnudos: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan.

Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita…

Pues somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”. No tenemos, pues, otra opción que dejar de vivir en medio de tantas mentiras políticas, históricas y constitucionales si en verdad queremos salir del laberinto de violencias en que estamos extraviados y no continuar siendo la estirpe desgraciada de “Cien años de soledad”.