RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y CORRUPCIÓN DE LA POLÍTICA
(Primera parte)
Hernando Llano Ángel
Si en algo parece que existe un consenso nacional y un acuerdo casi unánime entre todos los colombianos es en la forma como despreciamos y condenamos la corrupción política. Pero es un consenso que no pasa de la indignación a la acción, del fuero interno a la esfera pública, de la mente a las urnas. Así sucedió con la Consulta Popular Anticorrupción, realizada el 26 de agosto de 2018, que no alcanzó el 33% del censo electoral para que tuviera fuerza vinculante. En ese entonces votamos 11.671.420 (32.04%) del censo electoral. Nos quedó faltando menos del 1% para que nuestras decisiones tuvieran fuerza obligatoria inmediata y se expidiesen normas para combatirla con eficacia. Normas que reducirían el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes; para que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública cumplieran la totalidad de las penas en la cárcel; para que todas las entidades públicas y territoriales usaran pliegos tipo y eliminar así la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables para la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes; realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidieran el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución, más otras medidas de control político ciudadano, cuya votación puede verificarse en este enlace de Wikipedia.
Ciudadanos honestos, idiotas y cínicos
Un frustrante resultado que expresa la responsabilidad de ese 67% de abstencionistas en la perpetuación de la corrupción política y confirma el famoso aforismo de Edmund Burke: “son los ciudadanos honestos que NO votan los que eligen a los políticos corruptos”. Es probable que muchos de esos ciudadanos se consideran tan puros y correctos que ni siquiera se acercaron a las urnas a votar, porque dicen que en ellas se cocina la corrupción y que su voto nunca cambiará nada, porque el ser humano es corrupto por naturaleza. Aunque quizá en ese caso sea más exacto afirmar que son ciudadanos idiotas, pues se pasan su vida despreciando la política sin percatarse que con su indolencia, falsa superioridad moral o ignorancia permiten justamente que sigan gobernando los mismos con las mismas políticas clientelistas, asistencialistas y corruptas como la compraventa de votos y la contratación pública amañada. Prácticas que arruinan por completo la búsqueda y realización del bien común. Es decir, corrompen de entrada a la política y la degradan a politiquería, el arte de escamotear y robar lo público en beneficio de pocos. Luego tenemos el segundo grupo de ciudadanos responsables de la corrupción de la política, que son los cínicos, aquellos que se rasgan las vestiduras condenando la corrupción de los demás, pero no la de su propio partido. Que suelen autoproclamarse como “gente de bien” y se consideran incorruptibles. Un ejemplo universal de moralidad. Al extremo que esa convicción aparece incluso consignada en el artículo 95 de la Constitución como una señal de nuestra identidad nacional: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional”. Calidad y enaltecimiento negados totalmente por el segundo consenso y acuerdo implícito de la inmensa mayoría de compatriotas que considera a la política como la actividad más corrupta y despreciable que existe.
Una sociedad políticamente esquizofrénica
Así las cosas, vivimos en una sociedad de mentiras solemnes y de imposturas consagradas, cercana a la esquizofrenia colectiva, pues sus miembros afirman una cosa y hacen otra. Desprecian en privado a los políticos y votan públicamente por ellos. Se burlan de su incompetencia y los ridiculizan en las redes sociales, pero en su trato personal les guardan cortesía y admiración, los llaman Doctores y adulan sin límite. Aunque después corren a enviar mensajes en las redes sociales con un aire de superioridad moral: “Todos los políticos son una porquería, son iguales de corruptos”. Excepto, obviamente, los de su propio partido y los afines a sus negocios, sean de derecha o izquierda, especialmente cuando están gobernando, pues en ellos se puede confiar porque son “gente de bien” y “compañeros” solidarios. Ejemplos abundan, como el corrupto carrusel de contrataciones de Samuel Moreno en Bogotá en nombre supuestamente de la izquierda; el turbio gobierno corporativo de Hidroituango entre EPM y GEA en Medellín; los generosos “estímulos” de Agro Ingreso Seguro de Andrés Felipe Arias a los pobres agroempresarios, las exenciones tributarias a las grandes empresas y los nombramientos de amigos y amigas en Embajadas, como el reciente en Alemania de Felipe Buitrago. Pero también en ministerios y altos cargos de asesoría, como los casos de Mintic con la intachable ética pública e insuperable competencia legal de la exministra Karen Abudinen en el contrato de Unión Centros Poblados y la profesional asesoría familiar de Mauricio Mayorquín, funcionario de confianza de María Paula Correa, jefe de gabinete del presidente Iván Duque. Para solo mencionar casos recientes de este gobierno, uno de cuyos lemas de campaña fue la lucha implacable contra la corrupción y su intimidante consigna: “El que la hace la paga”.
El que la hace la paga
Y todo parece indicar que el presidente Duque está cumpliendo cabalmente dicha consigna con sus correligionarios, pues la paga recibida por dichos funcionarios o sus familiares y los favorecidos con los contratos ilegales es bien sustanciosa, se cuenta por miles de millones de pesos aun extraviados. En Unión Centros Poblados están envolatados más de 70 mil millones y los contratos gestionados por la esposa de Mayorquín, Karen Liseth Váquiro, al parecer comprometen más de mil millones. Sin duda, Iván Duque, demuestra ser un alumno aventajado de su maestro en estas lides, Álvaro Uribe Vélez, quien también gobernó con la ejemplar bandera de “la lucha contra la corrupción y la politiquería”, logrando incluso que se reformará un articulito de la Constitución mediante el delito de cohecho que costó varios años de cárcel a sus ministros de Salud y del Interior, Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega, respectivamente. Sin dejar de mencionar la numerosa lista de cercanos colaboradores y funcionarios de confianza del expresidente Uribe condenados por delitos mucho más graves, como la narcoparapolítica auspiciada desde el DAS, con personajes tan funestos como su exdirector Jorge Noguera Cotes, condenado por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis y José Miguel Narváez, entonces subdirector, también condenado por el asesinato de Jaime Garzón. Un “muchacho de bien”, según expresión de quien directamente lo nombró en el DAS al igual que a Narváez, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior es realmente escabroso y escandaloso pues es nada menos que la instauración de una cacocracia en nombre de la democracia. Pero lo es mucho más que haya sido una constante en todos los anteriores gobiernos, con escándalos como el proceso 8.000, los crímenes cometidos por las FARC bajo la legalidad de la zona de distensión en El Caguán, la impunidad de los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC, como las masacres y los descuartizamientos de civiles inermes. Crímenes considerados menos graves que narcotraficar, cargo por el cual fueron extraditados los comandantes paramilitares, sin olvidar las más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” dejados por la “seguridad democrática”. Para millones de colombianos lo anterior es comprensible, incluso loable, pues se trataba de combatir exitosamente a la guerrilla de las FARC, cuya supuesta e inminente derrota fue frustrada por la traición del expresidente Juan Manuel Santos y su espurio, inconstitucional e ilegal Acuerdo de Paz, rechazado en el plebiscito de 2016. Un plebiscito donde la abstención fue superior al 62 por ciento del censo electoral y el NO ganó por menos de 55 mil votos. De nuevo, quienes no votaron hicieron un aporte sustancial, ya no solo a la corrupción de la política sino a su putrefacción en los campos de batalla, pues sobre ese pírrico triunfo del NO es que el presidente Duque promueve su consigna de “Paz con legalidad”, cuyos resultados son el aumento creciente de masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y desaparecidos.
La putrefacción de la política
Es precisamente todo lo anterior lo que me lleva a concluir que la mayor corrupción de la política, su máxima putrefacción y virtual desaparición es convertirla en un campo de batalla en nombre de fantasmagorías como la defensa de una democracia inexistente y de un Estado de derecho imaginario. Inexistente, pues la democracia que tenemos en lugar de permitir contar las cabezas en las urnas mediante elecciones legales y competitivas, cada día corta más cabezas sin que podamos siquiera contarlas. O, peor aún, como está sucediendo en este gobierno de “paz con legalidad” y Estado de derecho (en realidad deshecho) al propiciar que la población rural sea convertida en carne de cañón y sus territorios en espacios de confinamiento y laboratorios de codicia y muerte por el control y la exportación de cocaína de grupos criminales, bajo absurdas y cínicas consignas políticas. Dicha crisis humanitaria es profundizada y prolongada por la fracasada “guerra contra las drogas” y la amenaza oficial de un inminente nuevo ecocidio con glifosato. Tal es el trasfondo de nuestra más grave corrupción política, que se perpetúa con nuestra complicidad en las urnas y la abstención de las mayorías. Una corrupción mortal de la política de la que son principales responsables los candidatos al Congreso y la Presidencia en tanto eluden tomar posiciones claras y propositivas para eliminar la mayor fuente de violencia y criminalidad en nuestra sociedad, dinamizada por la tanática e ineficaz “guerra contra las drogas”, que sirve de coartada y oculta muy bien la incidencia decisiva que siempre tiene en las elecciones la generosa financiación de los testaferros del narcotráfico, como el famoso Ñeñe Hernández y sus aporte por debajo de la mesa a la campaña presidencial de Iván Duque. En fin, mientras no tomemos conciencia de que la corrupción política no es solo un asunto de políticos deshonestos, sino sobre todo una relación de complicidad criminal entre éstos con intereses económicos privados legales, como Odebrecht y financieros como AVAL, e ilegales como el narcotráfico, que se apropian en cada elección con nuestros votos el derecho de decidir contra el más preciado de los bienes públicos: la vida, libertad y dignidad de cada ser humano, continuaremos como en Cambalache “viviendo revolca’os en un merengue y, en el mismo lodo, todos manosea’os”. En la próxima entrega profundizaré la relación entre nuestra responsabilidad personal al elegir y fiscalizar el poder político y la corrupción como predominio de intereses privados sobre el bien público y el Estado de derecho. Una corrupción de la política que está presente en todo el mundo, no solo en nuestro país, como bien lo demuestra esta entrevista con el activista ecológico y jurista alemán, Jurgen Resch, cuando afirma que “el Estado alemán se comporta como un criminal,” pues tiende a favorecer a la industria automotriz en lugar de la salud de sus ciudadanos.