Presidente Petro: ¿El poder estatal para qué?

Cada día que el presidente Petro encuentra mayor resistencia a sus reformas e iniciativas gubernamentales por parte del Congreso, de alguna instancia del poder judicial o de un organo de control administrativo, sus pronunciamientos y posturas como jefe de Estado tienden a diluirse en una retórica política que poco contribuye al avance de su gestión gubernamental. Sin duda, el estilo siempre controversial de su liderazgo político lo lleva a incurrir en lo que Gaitán criticaba como “simple verbalismo y jugadas habilidosas, que no salvan a una nación”, pues lo que ella demanda de un estadista es “obras y realidades”. Al respecto, su última iniciativa de denunciar al Estado colombiano como incapaz y falto de voluntad política para cumplir el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con las Farc-Ep, en la próxima Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas, es uno de los ejemplos más insólitos y paradojicos dada su condición y responsabilidad como Jefe de Estado. Asume así una postura más propia de un crítico académico o de un analista político y no la que corresponde a un Presidente en ejercicio que debe enfrentar el desafío de conducir la nave del Estado al puerto anunciado en su programa gubernamental, respaldado por el Pacto Histórico. Un puerto, por cierto, cada vez más lejano e inalcanzable del vislumbrado y anununciado en el Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Petro contra Petro

Sin darse cuenta con sus críticas y denuncias, muchas veces certeras, el presidente Petro se convierte en un opositor y francotirador contra el Estado desde la primera magistratura del Estado. Así las cosas, aparece como el más eficaz crítico y adversario de sí mismo. Entrega a una feroz oposición sus mejores argumentos, pues se muestra impotente y casi desesperado frente a ese penumbroso Estado. Un Estado encallado en la arena movediza de una burocracia carcomida por múltiples intereses particulares, ambiciones personales y complicidades criminales, todas ocultas bajo el ropaje legal de numerosas organizaciones que se autodenominan partidos políticos, pero en la realidad son empresas depredadoras del presupuesto nacional y de los intereses y bienes públicos. Empresas electorales al servicio del mejor postor, lease financiador de sus candidatos y candidatas, la mayoría profesionales de la demagogia y la impostura. Por lo tanto, un Estado cacocrático, putrefacto, situado en las antipodas del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política: “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Siendo esta la realidad, el presidente Petro se enfrenta así a una paradojica encrucijada política, casi imposible de superar: gobernar un Estado constitucional que no existe en la realidad política, económica y social, pues no cumple los principios, valores y fines proclamados en la Constitución del 91: la paz, la justicia y el bien común en tanto expresiones de la dignidad humana. Ninguno de los Presidentes que le han antecedido ha honrado ese Estado constitucional, más bien lo han horadado hasta convertir la paz en un letal agujero negro y en una raida bandera de guerra, disputada sin limite alguno, siendo la población civil su mayor víctima propiciatoria. En lugar de la prevalencia del interés general, sus antecesores en la Casa de Narino han convertido el Estado en un mercado que subasta la vida, la salud y la dignidad humana.

Así las cosas, Petro es un presidente que gobierna sin ese Estado constitucional, el cual se esfuerza vanamente en hacer real mediante sus reformas sociales, bloqueadas en parte por sus dificultades para conciliar sin claudicar ante una indolente oposición que las estima innecesarias e inoportunas. Por lo anterior, Petro cada día gobierna más con ese Estado cacocrático realmente existente, él cual fustiga y rechaza en sus discursos, pero lo sobrepasa en los hechos. Así lo demuestran los recientes escándalos de corrupción donde aparecen involucrados algunos de sus más cercanos colaboradores, como Carlos Ramón Gonzalez, responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia, según documentada investigación de Yohir Akerman, publicada en la revista Cambio. Al parecer es el hombre destrás del tinglado de corrupción de la UNGRD y en su declaración de renta aparece un patrimonio registrado de 12.000 millones de pesos, según artículo de La Silla Vacía, que demuestra escandalosamente como es de rentable la política, pues hace “18 años fue condenado por falsear documentos para volarse topes de campaña cuando era concejal”. Según dicha publicación su “poder político despegó en alianza con el Tuerto Gil, un político condenado por parapolítica en 2012 y que hoy paga casa por cárcel por intentar sobornar a un integrante de la JEP”. Este breve prontuario político pone de presente que, más allá del resultado de las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría y las penales de la Fiscalía, la matriz que engendra el Estado cacocrático y lo perpetua son las reglas del juego político. Mientrás se precisen miles de millones de pesos para financiar las campañas electorales y ganarlas, serán los poderes de facto y sus inagotables recursos económicos, legales o ilegales, sumados a los del constrenimiento violento de organizaciones armadas de extrema derecha e izquierda, quienes condicionarán y definirán a los ganadores en las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República y así a quienes como gobernantes protegerán y beneficiarán desde el Estado. Ayer fueron 3.000 millones de la narcopolítica, luego la parapolítica, el nene y la noño política, Odebrecht con Zuluaga y Santos, hoy 15.000 millones según el escatológico Armando Benedetti y ahora la UNGRD. Todo ello es lo propio de un régimen político electofáctico y su correspondiente Estado cacocrático.

No por casualidad fracasó y se abortó prematuramente en el Congreso el proyecto de reforma política que proponía la financiación estatal de las campañas electorales y la limitación de sus siderales gastos. Mientras la competencia política no deje de ser un festival de vallas y un derroche de compraventa de votos; de inversionistas privados que promueven candidatos a cambio de contratos y concesiones, es decir, en tanto la política no deje de ser una Celestina de intereses corporativos, empresariales y famiiares y los partidos intrincadas redes de complicidades para saquear el Estado, la lucha contra la corrupción estará perdida, más allá de la buena voluntad y pulcritud de quien gobierne, pues siempre será un rehén de la cacocracia.