PETRO EN LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA: ¿DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA AL JUICIO POLÍTICO?

PETRO EN LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA ¿DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA AL JUICIO POLÍTICO?

Hernando Llano Ángel.

En víspera de cumplir su primer año en la Presidencia de la República, Gustavo Petro Urrego enfrenta la mayor crisis política de su administración. Una crisis mayúscula. No es solo una crisis de gobernabilidad, al perder el Pacto Histórico sus mayorías en el Congreso, incluso la presidencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Es el comienzo de una crisis de legitimidad y credibilidad en la figura presidencial, derivada de las revelaciones de su hijo Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía sobre el supuesto ingreso de dinero de origen ilícito a su campaña presidencial. Ingreso que, según Nicolás, ignoraba su padre y el gerente de la campaña, Ricardo Roa. Por lo anterior, no fue reportado en la contabilidad de la campaña y tampoco en el informe legal al Consejo Nacional Electoral. La suma de estas dos crisis, sin duda, afectará enormemente el margen de maniobra de su gobernabilidad, pero sobre todo su ambicioso proyecto político de liderar la transición histórica del régimen político actual y de la sociedad colombiana hacia una auténtica democracia, afianzada en el Estado Social de Derecho proclamado en el artículo 1 de la Constitución del 91, pero ausente en la vida de la mayoría de colombianos. Una transición precedida del lema: “Colombia, potencia mundial de la vida”, para dejar atrás el deshonroso puesto de ser la nación con más víctimas civiles de todo el continente americano y la única donde persisten organizaciones armadas ilegales en guerra contra el Estado, ensañadas además contra la población civil y especialmente sus líderes sociales, cuya cifra de asesinados en este año ya es de 98, segun INDEPAZ. También la que posee el mayor número de hectáreas de coca y ocupa el primer lugar en el mundo como exportadora de cocaína. Por todo ello, una sociedad corroída por la ilegalidad y el crimen, que la banalidad de muchos analistas resumen con el nombre de corrupción política a la cual la inmensa mayoría de colombianos le echa la culpa de todos sus males, eximiéndose así de responsabilidad personal, aunque en cada elección vuelvan a votar por los mismos políticos corruptos que denigran y detestan en las redes sociales, pero a los que acuden cuando los necesitan para un empleo, subsidios para sobrevivir o estímulos para incrementar la prosperidad de sus negocios.

Un régimen político electofáctico

Ese simplista diagnóstico ignora precisamente que dicha corrupción no es otra cosa que la simbiosis de la política con la ilegalidad, el delito y el crimen, que se expresa a través de múltiples poderes de facto y de formas inimaginables. Simbiosis que constituye la esencia de nuestro régimen político que, en virtud de elecciones periódicamente realizadas desde 1957, la mayoría cree democrático, pero en la realidad es un régimen político electofáctico, pues en el orden nacional siempre terminan ganando aquellos candidatos que logran en forma más o menos sutil y velada el respaldo de esos poderes de facto, gracias a los cuales llegan a la Presidencia y muchos partidos logran las mayorías en el Congreso. En ocasiones esos poderes de facto son prestigiosas empresas, como Odebrecht o entramados bancarios como AVAL, que financian con generosidad a los candidatos con mayor opción para triunfar. En otras coyunturas son los narcotraficantes, como sucedió con el proceso 8.000 y el triunfo de Ernesto Samper. Así como también lo fueron los grupos paramilitares, decisorios en las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez y en su coalición mayoritaria en el Congreso con la parapolítica, como lo han contado varios comandantes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Hasta las FARC-EP fueron decisorias con su respaldo explícito en la segunda vuelta a la candidatura de Andrés Pastrana, asesorado entre otros por Álvaro Leyva y Rafael Pardo, que propiciaron esa táctica de cambiar votos por la zona de distensión del Caguán, como lo anunció Pastrana en su discurso en el hotel Tequendama antes de la segunda vuelta, pues en la primera le ganó Horacio Serpa. Algo semejante sucedió en la segunda administración de Santos (2014-2018), donde estaba en juego nada menos que el Acuerdo de Paz con las Farc-Ep y su desmovilización, contra los cuales se expresaba el entonces candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, quien también le ganó en primera vuelta. Y si continuamos con este recuento de influencias decisorias de poderes de facto, el triunfo de Iván Duque en el 2018 está ensombrecido por la Ñeñepolítica, escándalo archivado oportunamente por el Consejo Nacional Electoral, igual que lo hizo con Odebrecht patrocinador de las candidaturas de Santos y Zuluaga. Solo que éste último nunca sospechó que su aliado electoral, Daniel García Arizabaleta, protegido personal de Álvaro Uribe, lo estuviera grabando y entregará semejante prueba a la Fiscalía. Una prueba que lo involucra inexorablemente en varios delitos, junto a su hijo David Zuluaga, un filósofo egresado de Harvard extraviado en el sórdido mundo de la mercadotecnia electoral con el pago de más de 1 millón de dólares al publicista Duda Mendonça aportados por Odebrecht y sin reportar su ingreso a dicha campaña. Y así llegamos al actual escándalo político-familiar, adobado con historias de amor traicionadas y dramas familiares cruzados por la ausencia paternal de Gustavo Petro en la formación de su hijo mayor y la reciente cuenta de cobro filial de Nicolas Petro Burgos contra su frio y distante padre-presidente, según lo cuenta en la revista SEMANA a la insidiosa Vicky Dávila, ensañada en esas deplorables intimidades familiares.

Hay que tumbar el Régimen Político Electofáctico

Dado este contexto histórico, que involucra a todas las fuerzas y sectores políticos relevantes, hay que concluir que el problema de fondo es la existencia de ese régimen político electofáctico. Un régimen que goza de enorme estabilidad en virtud de la poderosa raigambre de dichos poderes de facto en la mentalidad y las tácticas de importantes líderes políticos, que los utilizan astutamente, tanto a los poderes ilegales como a los legales, para alcanzar sus fines políticos y triunfar impunemente, ante la imposibilidad de encontrar pruebas reinas de su responsabilidad. Ya lo decía Álvaro Gómez Hurtado durante el proceso 8.000: el problema entonces no era tumbar al presidente Ernesto Samper, sino tumbar al régimen, que lo describía así en editorial de El Nuevo Siglo: “La política se ensució hace ya dos décadas, cuando cayó bajo el dominio del clientelismo y se sometió a la preponderancia del dinero. Desde entonces se quedó sucia. Es la forma de dominio que ha tenido el Régimen imperante para poder doblegar la opinión pública y aprovecharse de las oportunidades de mando y de los gajes del poder. El Régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio…Forma parte del establecimiento y es el vehículo contaminante de todo lo que a éste pertenece: el Congreso, los partidos, la prensa, los grupos económicos, los sindicatos, la policía y la enseñanza. Todo tiene algo de política porque ésta ya no es un manejo de los conceptos sobre el Estado, sobre la libertad y sobre el orden, sino un enmarañado sistema de compromisos adquiridos. Se explica, entonces, que no haya opiniones políticas, puesto que todo se reduce al tráfico de las componendas”. En fin, la política convertida en una red de complicidades criminales con un alcance insospechado, pues llegó al extremo de involucrar en forma inadvertida a quienes la combatían sin concesiones por sus relaciones con la ilegalidad y el narcotráfico, como le sucedió al inmolado ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, a quien el narcotraficante Evaristo Porras aportó 1 millón de pesos supuestamente a su campaña política, sin que el líder del Nuevo Liberalismo tuviera conocimiento. Esta relación simbiótica de la política con el narcotráfico está en la médula del régimen electofáctico.

El narcotráfico está anexado a la Política

Por eso no es correcto decir que el narcotráfico sea un delito conexo con la política, sino más bien todo lo contrario. El narcotráfico es una actividad anexada a la política, pues sus siderales ganancias dependen de su carácter ilegal, ganancias determinadas precisamente por la política prohibicionista. Una vez más es inevitable citar al premio nobel de economía en 1976, Milton Friedman: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Sin duda, pues sus ganancias aumentan proporcionalmente con la persecución y represión del negocio ilícito. Algo que seguirá sucediendo hasta el momento que la política a través del Estado decida regular legalmente la producción, el comercio y consumo adulto de sustancias estupefacientes, así como lo hizo el Estado norteamericano al eliminar en 1933 la ley seca que prohibía el consumo del licor. Prohibición que mientras existió fortaleció a la mafia en ciudades como Chicago, desató la inseguridad y la violencia en toda la nación, además de corromper a la Policía y la vida política norteamericana. Por eso, no deja de ser una paradoja que el supuesto ingreso de dineros procedentes del narcotráfico a la campaña presidencial de Petro haya catalizado la actual crisis, siendo él un promotor internacional de la urgencia de la regulación legal de dicha actividad y de poner fin al prohibicionismo en tanto política fracasada por sus costos irreversibles en vidas humanas, inestabilidad institucional, inseguridad humana y ecocidios ambientales evitables. Más aún, que esta crisis fortalezca las posiciones más radicales y oportunistas de una oposición furiosa, empeñada no solo en torpedear e impedir en el Congreso la aprobación de las principales reformas sociales del Pacto Histórico, sino incluso de intentar enjuiciar al presidente Petro ante el Senado para impedir la culminación de su mandato. Una oposición cuyos principales líderes siempre han tenido una curiosa tasa de cambio moral muy flexible, pues consideran el delito de narcotráfico más grave que asesinar, despedazar con motosierras a cientos de personas y despojar de su terruño a millones de campesinos e indígenas, como explícitamente lo permitió el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez al extraditar a Norteamérica la plana mayor de los paramilitares para impedir la deslegitimación de su gobierno dadas las verdades que alcanzó a revelar Salvatore Mancuso en un noticiero de RCN y sus estrechas relaciones con el establecimiento político y empresarial, como se puede ver y escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=sf4XNpHbwOk . Verdades que seguramente terminará de contar Mancuso ante la JEP si regresa a Colombia, como incluso lo ha respaldado en un concepto reciente la Procuraduría General de la Nación. Su presencia permitiría continuar desenredando ese tejido de complicidades criminales entre algunos miembros de la fuerza pública y connotados empresarios con el paramilitarismo, respaldados tácitamente por políticas como la “seguridad democrática”, la “confianza inversionista” y hasta una supuesta “cohesión social”. Todo parece indicar que entramos en una incierta coyuntura de revelación de verdades sobre el régimen político colombiano y sus principales protagonistas. Lo que está en juego es si avanzamos hacia la transición del actual régimen político electofáctico, donde la política está atrapada en esa densa red de complicidades criminales, y poco a poco nos desplazamos hacia una auténtica democracia donde la política se libere progresivamente de ese “enmarañado sistema de compromisos adquiridos” y vuelva a recobrar su decencia y dignidad en función de intereses públicos y la justicia social. “Enmarañado sistema de compromisos” y complicidades del cual es un vocero destacado el expresidente César Gaviria Trujillo, pues en sus recientes declaraciones a Caracol Televisión señaló que la financiación de las campañas en todas partes del mundo es bastante oscura y que “no hay “ninguna campaña” que haya entregado información exacta al Consejo Nacional Electoral sobre la financiación, ya que, según él, todo lo acomodan un poco”.  En cierta forma, Petro es un rehén en esa encrucijada, pues la transición política promovida por el Pacto Histórico puede terminar naufragando en un juicio ante el Senado y su eventual suspensión presidencial. Por lo pronto, el próximo 29 de octubre tendremos una nueva oportunidad para intentar en nuestras ciudades y departamentos vencer con nuestro voto responsable e informado esa red de complicidades políticas y criminales. Ojalá esta vez escuchemos la voz de Serrat cuando le canta a su pueblo: “Que la ignorancia no te niegue, que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser”. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir atrapados en esa fina, oscura y extensa red del clientelismo, la corrupción y la criminalidad política, que son la quintaesencia y el sustento del actual régimen político electofáctico, negación sutil y cotidiana de la democracia, perfeccionado impunemente en las urnas por la influencia decisoria y condicionante de los poderes de facto legales e ilegales.

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