Todo parece indicar que la solicitud a la Fiscalía del ex director de la UNGRD[1], Olmedo López, para decir toda la verdad sobre la compra de los carrotanques en la Guajira, a cambio de inmunidad total, puede petrificar la gobernabilidad del presidente. Pasaría de su intento de cooptar el régimen a ser bloqueado y eventualmente tumbado por un régimen cuya longevidad delictiva es más que centenaria. Un régimen que sobrevive incólume gracias a la corrupción, la impunidad judicial y la complicidad política. Pasaría de la promesa anunciada en su posesión presidencial de un gobierno implacable contra la corrupción a la pesadilla de un gobierno carcomido por la corrupción.  En su discurso de posesión, Petro anunció: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de «cero tolerancia». Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores… nadie queda excluido del peso de la Ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”. Pero en la realidad está sucediendo todo lo contrario. Del dicho al hecho hay mucho más que un trecho. Hay un cúmulo de indicios y pruebas que refuerzan la consolidación de un régimen sustentado en la corrupción, que es lo propio de un Estado cacocrático[2]: “un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’). Justamente el régimen que Álvaro Gómez Hurtado llamaba a tumbar en un editorial de “El Nuevo Siglo” el viernes 3 de noviembre de 1995. Allí escribió sobre el presidente Samper: Él es un simple prisionero del mismo. No tiene autonomía para dominar al Congreso, ni apoyo político para disciplinar a su propio partido, lo cual no deja de ser una repetición agravada de la situación actual. Pero Álvaro Gómez se equivocó. Samper logró dominar a la Cámara de Representantes que precluyó el 8.000 por falta de pruebas y no se inició el juicio en el Senado. Mucho menos el régimen se cayó, pues nadie estaba interesado en tumbarlo, más bien reafirmó su carácter electofáctico[3], gracias al cual todos los actores políticos, legales e ilegales, obtienen ganancias.

Pero Petro no es Samper

 Ahora vivimos una reedición más dramática, paradójica e impredecible que la del proceso 8.000. En efecto, las incriminaciones contra los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, “de haber recibido un soborno de $4.000 millones para agilizar el trámite de las reformas del gobierno Petro en ambas cámaras legislativas”[4], confirmaría la validez del diagnóstico de Gómez Hurtado. Solo que en este caso, afecta de manera mucho más grave la legitimidad y coherencia política de un gobierno que proclamó el cambio y terminó reincidiendo en las mismas prácticas ilegales y corruptas de sus antecesores. Niega, así, lo que supuestamente es la señal de identidad de una auténtica izquierda: la defensa de la ética pública y del interés general, que impide el reinado de los intereses corporativos y empresariales, promovidos con cinismo por la derecha en todas las latitudes en nombre de la democracia, el Estado de derecho y la libertad económica. Pero además es  impredecible el desenlace de esa cooptación fallida del Congreso por parte del Ejecutivo, que incluso lo puede conducir a su colapso, pues la oposición catalizará el escándalo, convirtiéndolo en una crisis de legitimidad presidencial, como lo intento hacer sin éxito contra Samper. Pero Samper era un hombre del establecimiento y contaba con el respaldado de los grandes grupos económicos. Todo lo contrario acontece ahora con Petro, un presidente en contra del establecimiento que apela de manera plebiscitaria al apoyo del pueblo, agitando en forma irresponsable la bandera de una Asamblea Constituyente, sin tener en cuenta la capacidad de los medios y de la oposición para eventualmente ganar ese pulso político ahora o en el 2026. Así lo hizo el Centro Democrático manipulando y engañando a la ciudadanía en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en el 2016, llevando a la gente a votar verraca en su contra. Entonces la derecha lograría bloquear el trámite de reformas sociales inaplazables, que deberían ser el producto de una concertación pragmática, acompañada de una deliberación pública informada, en lugar del bloqueo y la estigmatización visceral a las que están siendo sometidas. Pero este escenario es demasiado improbable, dada la gravedad y profundidad abismal de la corrupción, que parece no tener y menos tocar fondo, como estratagema empleada por el Ejecutivo para cooptar el Congreso, si se comprueban las incriminaciones de Olmedo López. Es claro que para algunos miembros del Pacto Histórico rima muy bien la canción Utopía[5] de Serrat, más no para el pueblo, pues muchos de ellos son “funcionarios de un negociado de sueños dentro de un orden, partidarios de capar al cochino para que engorde”. Lo que olvidan esos traidores del cambio y del Pacto Histórico es que “sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte”, especialmente para el pueblo al que utilizan como coartada para sus negociados. Por lo pronto, el cielo del decálogo gubernamental anunciado por Petro en su discurso de posesión presidencial se le está convirtiendo en un infierno de ingobernabilidad por su incumplimiento flagrante. Durante estos dos largos años que le quedan, transitará como un funámbulo por la cuerda del poder, cada día más tensa, sacudida por  posiciones radicales de todo el espectro político. Desde las organizaciones armadas ilegales, empeñadas en convertir la paz total en un caos total de inseguridad, hasta la extrema derecha que buscará precipitarlo al vacio mediante un juicio político por supuestamente superar los topes de financiación en la campaña presidencial y los numerosos escándalos de corrupción, que parecen un tsunami  que amenaza el Congreso, la Fuerza Pública y varios de sus ministros e inmediatos colaboradores. Semejante panorama, sumado a la ebullición de las movilizaciones a favor y en contra del gobierno, la incertidumbre económica y el telón de fondo de una fantasmal Asamblea Nacional Constituyente, parece confirmar la paradoja mencionada por Max Weber en su célebre conferencia “La política como vocación”: “todo aquel que se daba a la política, mejor dicho que se valía del poder y la violencia era porque tenía un pacto con el diablo. Por consiguiente, la realidad es que en su dinamismo ya no es lo bueno lo que solo produce el bien y lo malo el mal, sino que, a menudo, suele ocurrir a la inversa. No darse cuenta de esto en el plano de la política es pensar puerilmente”. ¿Se cumplirá este aserto de Max Weber o sucederá todo lo contrario? En parte, Petro y Uribe que han realizado este tipo de pactos, tienen la respuesta.


[1] https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/

[2] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[3] https://core.ac.uk/download/pdf/52202463.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/escandalo-carrotanques-olmedo-lopez-si-busca-colaborar-ante-la-fiscalia/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=tQWxSpVDSJQ

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