PETRO Y BARBOSA, EXTRAVIADOS EN EL LABERINTO DEL PODER

PETRO Y BARBOSA, EXTRAVIADOS EN EL LABERINTO DEL PODER

Hernando Llano Ángel.

La democracia es, en cierta forma, un laberinto formado por intrincados pasillos, espejismos y tramoyas institucionales en donde se extravían y mueren las aspiraciones de las mayorías. Quienes mejor transitan y se orientan en ese laberinto de poder son los políticos profesionales, pero tampoco ellos están a salvo, como le ha sucedido al avezado senador Roy Barreras que perdió su curul por doble militancia partidista. Ese laberinto está lleno de espejos deformantes y callejones sin salida. El espejo más peligroso es el de la prepotencia y la vanidad del poder, pues refleja una imagen completamente alejada de la realidad. Todo parece indicar que el presidente Petro y el Fiscal Barbosa están embelesados y cautivados mirándose en ese espejo deformante. Es difícil saber cuál de los dos se encuentra más extraviado en ese ensimismamiento narcisista con el espejo del poder. Lo único que sabemos es que ambos están equivocados y han olvidado sus funciones, deberes y competencias constitucionales. Han olvidado que en la trama política ambos tienen un libreto que cumplir, la Constitución Política, y que no son actores autónomos y menos protagonistas de teatro para lucir sus vanidades y desvaríos ante el público nacional e internacional. Ninguno de los dos es el jefe del otro, ni mucho menos un opositor furioso que desafía al otro a un duelo moral, como lo está haciendo el fiscal Barbosa. Ambos están subordinados a las competencias y funciones que les atribuye la Constitución. Ni Petro, como Jefe de Estado, es superior de Barbosa, y mucho menos el Fiscal es el jefe de la oposición política para torpedear y tergiversar la política de Paz Total e incluso difamar a Petro internacionalmente. Afirmar, como lo hizo el Fiscal Barbosa en un evento en República Dominicana, que el presidente Petro está empeñado en legalizar la cocaína y el crimen internacional es tan falso como la aseveración del expresidente Andrés Pastrana de que Petro ha convertido a Colombia en un narcoestado. Semejantes tergiversaciones no solo son barbaridades malintencionadas, sino que revelan la insensatez y la estulticia de quienes aún no reconocen que el prohibicionismo y la llamada “Guerra contra las drogas” , declarada en 1971 por Richard Nixon, son el mayor fracaso histórico de política criminal alguna. Lo que ha logrado dicha política durante más de medio siglo es elevar las ganancias siderales de los narcotraficantes, su codicia sin límites y su capacidad para cooptar y catalizar, mediante la corrupción y la combinación de la plata y el plomo, la descomposición misma del Estado colombiano. Esa guerra fracasada es, en la práctica, el predominio del crimen sobre el Estado de derecho y la sumisión de miles de familias campesinas, comunidades indígenas y afros a la violencia y expoliación de sus territorios bajo la lógica depredadora y criminal de las economías ilícitas. Basta mirar los excelentes reportajes televisivos de los Informantes de Caracol: “Viaje al triángulo de la marihuana” y “El lado oscuro de la fuerza” para concluir que es imprescindible y urgente un cambio de paradigma en la política criminal para combatir con éxito ese entramado delincuencial. Un entramado que se extiende y diluye por la vía del mercado y sus flujos incontenibles por toda la economía nacional e internacional. Pero el Fiscal Barbosa está empeñado en desprestigiar sistemáticamente la aplicación de la ley de Paz Total, que es la expresión de la mayor responsabilidad constitucional del Ejecutivo: el manejo del orden público en todo el territorio nacional, mediante el desarme, desmantelamiento y sometimiento de numerosas organizaciones criminales, presentes en 31 departamentos.  Conservación del orden público imposible de llevar a cabo sin el concurso de Barbosa como Fiscal General de la Nación, cuya mayor responsabilidad es combatir el crimen e impedir que altos funcionarios bajo su mando terminen siendo cómplices de delincuentes, como fue la narcoalianza de su delegada Ana Catarina Noguera, hija del exrector de la universidad Sergio Arboleda, que aceptó cargos y seguramente será condenada. Y, al parecer, también la supuesta omisión del fiscal Daniel Hernández por no investigar 14 presuntos miembros del Clan del Golfo y su responsabilidad en cerca de 200 asesinatos, según investigación del periodista Gonzalo Guillén publicada en el diario La Nueva Prensa. Probablemente por ello, el presidente Petro se extralimitó en el libreto constitucional y afirmó en España, con vehemencia y arrogancia, que el Fiscal era su subordinado. Desafortunada afirmación que ya rectificó en comunicado que aparece en el portal de la Presidencia en los siguientes términos: “Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”, refiriéndose a la investigación del periodista Gonzalo Guillén. Además, el presidente Petro le recuerda al Fiscal Barbosa el numeral 6 del artículo 251 de la Constitución que lo obliga a “suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que estén adelantando, cuando sea necesario para la preservación del orden público”.  Es de esperarse que el fiscal Barbosa se someta al cumplimiento de la Constitución y desempeñe sus funciones con profesionalismo y serenidad en lugar de insistir pasionalmente en deslegitimar el presidente Petro por su pasado guerrillero y de ufanarse de ser superior moralmente a un indultado, pues con ello en nada contribuye al cumplimiento de la ley de Paz Total y además brinda un espectáculo deplorable y patético, más propio de un opositor político sectario que de un Fiscal General de la Nación ecuánime y competente. Ya el presidente Petro comenzó a salir del laberinto del poder en que estaba extraviado, pues reconoció su grave equivocación como jefe de Estado. Ahora le corresponde al fiscal Barbosa salir del laberinto de vanidad y soberbia moral en que está extraviado y cumplir cabalmente la Constitución, suministrando al Gobierno la información que éste le solicite y sea necesaria para la “preservación del orden público”. De no hacerlo, incurriría en grave violación de la Constitución y el Estado de derecho. Es la paradoja de quien se considera el mejor Fiscal de toda la historia y el jurista más preparado de su generación. Por la boca muere el pez y la superioridad moral condena al vanidoso al cadalso de la burla.