PERÚ, MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA LIBERAL
Hernando Llano Ángel.
Un consenso universal recorre el mundo político, la crisis terminal y global de la democracia liberal. Crisis especialmente grave en Latinoamérica, en donde asistimos a procesos de transición política que se debaten entre su reinvención en clave ciudadana, intercultural, telúrica y ecológica o su colapso populista, racista y autoritario. Lo acabamos de ver con el triunfo en las urnas de Lula en Brasil y el intento esperpéntico de destituirlo, emulando los fanáticos de Bolsonaro la escena Hollywoodense de Trump y sus seguidores en Washington. Tal es el mayor desafío que enfrentan hoy los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y sus gobiernos progresistas de izquierda, cuya agenda es esencialmente reformista y de corte socialdemócrata. Una agenda que pone énfasis en la inaplazable justicia social, el reconocimiento pleno de los derechos humanos a las comunidades indígenas, la población negra, las mujeres, la pluralidad identitaria cultural y sexual, junto a la protección del planeta y la urgente transición ecológica de la economía capitalista. En síntesis, una democracia social, intercultural, ciudadana y telúrica. Sus tres líderes: Gabriel Boric, Lula da Silva y Gustavo Petro, con sus diferencias de edades, estilos de liderazgo y proyectos políticos, comparten una visión de la democracia que va más allá de la liberal, sin renegar y mucho menos desconocer sus dos pilares fundamentales: la propiedad privada y el Estado de derecho. Pero también los tres son plenamente conscientes que la democracia liberal ha sido en sus respectivos países una democracia simulada, apéndice del mercado y para mercaderes, profundamente racista, clasista, cultural y socialmente excluyente, por lo cual en su matriz de gobernabilidad ha predominado la violencia autoritaria y no el poder ciudadano. No ha sido una democracia socialmente incluyente, mucho menos receptiva y respetuosa de la pluralidad cultural y étnica de nuestros pueblos originarios, capaz de integrar intereses y reconocer derechos más allá de las lógicas mercantilistas de la ganancia y la seguridad jurídica de minorías privilegiadas. Su verdadera identidad y nombre es mercadocracia y su apellido cacocracia. Obviamente, la principal consecuencia de lo anterior es una profunda crisis de representación política y su correlato de precaria legitimidad estatal en la mayoría de nuestros países. Perú encarna hoy dramáticamente esa situación. Asistimos a la escenificación pública de una democracia plebeya que asciende desde el profundo sur peruano hacia Lima, capital política y económica, buscando liberarse de la dominación de esa caricatura cacocrática de la democracia liberal, usurpada por una red de intereses clientelistas y empresariales, agenciada por políticos profesionales que han convertido el Estado en un botín que se disputan avariciosamente. No por casualidad en los últimos seis años Perú ha tenido seis presidentes: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynzski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte, sin olvidar el suicicido de Alán Garcia, quien pretendió redimir ese Perú profundo, plebeyo e intercultural que está en las calles. Ese es el trasfondo de la actual crisis peruana. De allí que las demandas de esa ciudadanía pluricultural y telúrica, de alguna forma representada por Pedro Castillo, sean precisamente la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso, la pronta convocatoria a elecciones y la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Propuestas que, obviamente, el establecimiento representado por Dina Boluarte considera inadmisibles, pues ellos viven en el ensueño de considerarse auténticos representantes del pueblo y depositarios de plena legitimidad política. Un ensueño que cada día se convierte en una pesadilla más sangrienta, para conservar sus cargos y prebendas se tienen que parapetar, literalmente esconderse tras las bayonetas y las armas de la Fuerza Pública. En la realidad, como lo vemos en todos los noticieros y periódicos, quienes perpetran un golpe de Estado en Perú son ellos, los políticos profesionales de siempre, presididos por Boluarte, pues su principal y casi único recurso de gobernabilidad es la fuerza, la violencia, la represión y el asesinato de civiles inermes. Tremenda paradoja, encarcelan a Pedro Castillo bajo el cargo de promover un autogolpe de Estado, pero son sus carceleros quienes lo están ejecutando. Cada día arrecia más la violencia y aumenta el número de civiles asesinados, cuya cifra es incierta, pero las noticias reportan al menos 54 víctimas mortales. Hoy, en Perú, el pueblo está en las calles y las plazas públicas, es decir, el poder ciudadano y democrático está siendo hostigado, reprimido y masacrado por una autocracia que está usurpando el Estado y se vale de la Fuerza Pública para permanecer violentamente en las instituciones de representación del pueblo, como el Congreso y la Presidencia. Por eso, la única salida política es, efectivamente, reconstruir las instituciones que canalizan la savia de la democracia, la voz y decisiones de sus ciudadanos, lo que solo puede hacerse convocando lo más pronto posible elecciones con plenas garantías de legalidad, competencia plural y paz política, para conformar un nuevo gobierno con la suficiente legitimidad popular que le permita convocar una Asamblea Constituyente. Una Asamblea que, a su vez, debe reconstruir la legitimidad democrática en el Perú, incluyendo a esas mayorías que hoy están en las calles de Lima y reclaman una democracia ciudadana, intercultural , telúrica y ecológica, que sustituya esa cacocracia blanca de mercaderes y mercenarios que se autodenomina democracia.