LOS FALSOS POSITIVOS Y LA (I)LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA ESTATAL

LOS FALSOS POSITIVOS Y LA (I)LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA ESTATAL

Hernando Llano Ángel.

El trasfondo y almendrón de los “falsos positivos” es eminentemente político y ético público, antes que legal, penal y procedimental. Es un asunto de vida o muerte, que va mucho más allá de la culpabilidad penal de quién ordenó las ejecuciones extrajudiciales contra civiles inermes. Se trata, ni más ni menos, de la pregunta ¿Es legítima la violencia estatal? Porque los “falsos positivos”, que hoy son objeto de debate, son aquellos que tuvieron origen en cumplimiento de la Directiva gubernamental 29 de 2005, firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, en desarrollo de la política de Seguridad Democrática, bandera enarbolada por el presidente Álvaro Uribe Vélez con vehemencia y firmeza en todo el territorio nacional. Dicha Directiva “estipulaba una tabla de recompensas al interior de las Fuerzas Militares que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Es decir, ¡pagaba por matar!, incluso condecoraba a quienes lo hicieran con mayor efectividad, hasta llegar al extremo de conceder descansos y otros estímulos más pueriles por actos tan degradantes y crueles. Todo ello, en el entendido que eran acciones legítimas y legales del Estado en la guerra contra el terrorismo.

“También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.  

Lo inverosímil y paradójico de todo lo anterior es que el máximo responsable de esta política de “Seguridad Democrática”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, haya escrito en su “Manifiesto Democrático” –su programa de campaña electoral del 2002— en el punto 33, la siguiente definición de terrorismo: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.   Según lo anterior, es evidente que los “falsos positivos” fueron actos terroristas cometidos por “razones políticas e ideológicas”, pues ellos se sustentaban en la “seguridad democrática” y su defensa incondicional y sin límites del Statu Quo. Irónicamente, en la guerra de su gobierno contra el terrorismo de las guerrillas, ya que el presidente Uribe siempre negó la existencia del conflicto armado interno y todavía lo hace. Pero mucho más irónica y hasta cruel es su conclusión irrebatible: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.  Así las cosas, es forzoso afirmar y reconocer que dicha violencia estatal y gubernamental era ilegitima, aunque estuvieran revestida de procedimientos y directivas oficiales, como la 29 de 2005, que supuestamente le otorgaba legalidad. Tal es el meollo sangriento del asunto. Un asunto que en su momento, como ahora, es incapaz política y éticamente de reconocer el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desconociendo el cumplimiento de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario por su obsesión de “acabar con las Farc”, como públicamente le ordenó al general Padilla que lo hiciera el 14 de abril de 2007 en el Consejo Comunal de Aracataca: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Parece que hoy se le empieza a venir el mundo encima al expresidente Uribe, pues esa arenga constituye la prueba reina del desconocimiento flagrante de dos principios del Derecho Internacional Humanitario. El primero, ordenar una operación de “guerra sin cuartel”, que implica dar muerte a los heridos en combate y a quienes hayan entregado sus armas, ¿pues que otro significado puede tener “acabe con lo que queda de las Farc” en esa región? Y el segundo, todavía más grave, desconocer el principio de distinción en los conflictos armados al vincular a “comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda”.  De esta forma, el presidente Uribe expuso a los civiles a ser víctimas de los brutales y sanguinarios ataques de las Farc-Ep, semejantes a los falsos positivos, pues asesinaban a civiles con el pretexto de ser colaboradores del ejército. Y esto sucedió el 14 de abril de 2007, es decir, en el período que aumentaron las ejecuciones extrajudiciales, como lo demuestran las estadísticas letales de dichas ejecuciones según la JEP. Hay, pues, una relación directa entre este tipo de órdenes y la existencia de los “falsos positivos”. Falsos positivos que incluso negaba el presidente Uribe en polémica con el Fiscal General de entonces, Mario Iguarán, el 11 de noviembre de 2008: “El fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, le respondió al presidente Álvaro Uribe que sus apreciaciones sobre los “falsos positivos” no son aceleradas, sino que están basadas en hechos y pruebas. “Hace un año, incluso con el apoyo del Gobierno Nacional, venimos investigando este tema de las desapariciones con acciones de fondo que muestran que sí se dan los casos”, dijo Iguarán Arana. Así mismo el fiscal general reiteró su preocupación por que los casos denunciados crecen en todo el país. “Sobre las ejecuciones extrajudiciales en combate, lo que tenemos denunciado ante la Unidad de Derechos Humanos es que son miles los casos. Hoy ponemos especial atención en las regiones de Antioquia, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Casanare”. Aún entonces el presidente Uribe era reacio a reconocer semejantes atrocidades. Quizá la única explicación para ello sea la convicción del expresidente Uribe de que la violencia de los agentes estatales es en sí misma legítima y olvida que ella siempre debe estar sometida a los límites inviolables fijados por la Constitución, las leyes y el Derecho Internacional Humanitario. Una convicción que millones de “ciudadanos de bien” comparten, pero que implica la desaparición del Estado de derecho y de la democracia pues augura el comienzo del terrorismo de Estado, como bien lo dice en el punto 33 de su Manifiesto Democrático. Una convicción que marca las relaciones entre el poder civil y el militar desde el famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958 en el Teatro Patria, cuando pronunció este letal argumento: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre. La acción guerrera necesita rapidez, unidad, decisión inmediata, y todo eso no da tiempo para juzgar todos los aspectos de la cuestión. La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.  Es con fundamento en este tipo de argumentos que se pueden comprender, pero jamás legitimar, los crímenes del poder civil-militar cometidos desde entonces por esa simbiosis letal e impune entre presidentes y generales, como Álvaro Uribe y Mario Montoya. Una simbiosis que recorre nuestra historia y cuyo ejemplo más terrorífico fue el Palacio de Justicia, donde como lo señaló el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez: “hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Todo ello, supuestamente en defensa de la democracia más antigua y estable de Latinoamérica. Sin duda, la más antigua en perpetrar y perpetuar impunemente “falsos positivos” y la más profunda en ocultar sus cuerpos en fosas comunes, sin que todavía podamos conocer el número de ellos.

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