En esta campaña presidencial las víctimas han estado en el centro de la disputa electoral. Por eso Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda han llegado a la segunda vuelta. Ambos representan, desde orillas inabarcables y antagónicas, ese universo de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno y siguen aumentado. Ambos también han tenido relaciones con los principales protagonistas y victimarios del conflicto armado: las guerrillas y los paramilitares
Abelardo y las AUC
De una parte, Abelardo, prestando asesoría legal y política a los paramilitares en su proceso de desmovilización y sometimiento a la ley 975 de 2005 para desmantelar las AUC, esa temible federación narco-criminal que se propuso refundar la Patria, sembrándola de masacres, fosas comunes, desplazados, desaparecidos y miles de campesinos despojados de sus terruños. Todo bajo el pretexto de salvar a Colombia del comunismo. Por eso perpetraron el mayor número de homicidios, según las cuentas de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición[i], 205.028 víctimas, el 45 % del total. De otra parte, los grupos guerrilleros cometieron 122.813 asesinatos, el 27 %, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) los más despiadados y, por último, agentes estatales en acciones ilegales dejaron 56.094 víctimas, el 12 % del total, entre 1985 y 2018. Lo más horripilante de esa estadística mortal es que el 80% de las víctimas fueron civiles.
Cepeda y las Farc-Ep
Por eso mismo, Iván Cepeda lideró la creación del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y también jugó un importante papel en la desmovilización de las FARC-EP durante las conversaciones en La Habana con el gobierno del expresidente Santos, que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Seguramente por encontrarse ambos candidatos en las antípodas, no tenga lugar esta semana el debate público entre los dos y nos quedemos sin conocer sus argumentos para esclarecer su aportes y responsabilidades en esa lacerante división y confrontación entre víctimas y victimarios. Ya falta menos de una semana para la segunda vuelta y el miércoles 17 juega la Selección –vulgarmente convertida en bandera electoral— frente a Uzbequistán, cuyo resultado –que todos esperamos sea una victoria– no podrá ser reclamada por ningún candidato, pues ella será una victoria de todos los colombianos y obra exclusiva de sus jugadores, Néstor Lorenzo y su equipo técnico. Algo todavía más impensable sería que algunos celebren su derrota, achacándola a quienes han pretendido apropiarse su camiseta, desvirtuando así su carácter nacional, como es lo propio de todos los símbolos patrios, que ningún partido o líder legalmente puede hacerlo, so pena de mancillar la Patria, atentar contra la unidad nacional y hasta promover pasiones cercanas a una guerra civil.
Sin debate y deliberación no hay democracia
Por eso la ausencia de ese debate, mucho más necesario e importante que la victoria de la Selección, sería un auténtico autogol contra todos los colombianos. Nos privaría del derecho que tenemos a deliberar y discernir, teniendo suficiente información e ilustración, para decidir por quién votar el próximo domingo 21 de junio o hacerlo en blanco. Sería un pésimo final de campaña, ya que sin debate y deliberación no existe democracia, sino esa continua y mutua confrontación y deslegitimación en la que ambos candidatos están entrampados, que es el escenario más propicio para prolongar indefinidamente y profundizar dolorosamente la victimización reciproca en que estamos atrapados los colombianos desde hace más de 80 años. Todavía es más deplorable que el debate político se haya trasladado a los estrados judiciales, pues en la política los jueces de última instancia somos los ciudadanos, con nuestros votos en las urnas, y no los magistrados con sus sentencias. Entre muchas razones, porque en la política lo que cuenta es la responsabilidad de los candidatos y los líderes frente a bienes públicos que a todos nos afectan, como la paz, la vida, la justicia, la seguridad y la prevalencia de los intereses generales sobre los particulares. Lo importante es poder conocer las propuestas, las ejecutorias, la formación y el compromiso de los candidatos frente a tales cuestiones cruciales, más allá de su culpabilidad o inocencia en sus relaciones con los victimarios y delincuentes de cuello blanco en el pasado. En una campaña electoral se debe fijar más la atención en la responsabilidad política de los candidatos y sus propuestas frente a las víctimas y en cómo evitar su aumento y perpetuación, en lugar de obsesionarnos con la búsqueda de su mayor o menor culpabilidad penal y personal frente a los victimarios en el pasado.
Las Víctimas en el centro
De allí que las víctimas deban estar en el centro del debate electoral, no tanto para conquistar sus votos, sino para reconocer su existencia y sus verdades y así intervenir y cambiar desde el Estado las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que las generan. Por ejemplo, en el campo, reconocer la propiedad de la tierra a quienes la trabajan y cuidan, brindándoles crédito y vías para la comercialización de sus cosechas, en lugar de condenarlos a ser carne de raspachines para los narcotraficantes o de reclutamiento, despojo, confinamiento, asesinatos y desplazamientos forzados por las organizaciones armadas ilegales que controlan su territorio. Por eso las preguntas que debemos formularnos antes de marcar el tarjetón y depositar nuestro voto en la urna pueden ser las siguientes: ¿Vamos a continuar siendo una Nación y sociedad dividida por ese foso insondable de odios, rencores y sangre entre víctimas y victimarios? ¿Será posible superar esa dolorosa confrontación sin conocer las verdades de las víctimas y sus familiares sobrevivientes, así como las responsabilidades de los victimarios y las circunstancias en qué actuaron para cometer impunemente sus crímenes? ¿Cuáles han sido las iniciativas y compromisos en el pasado de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con todas las víctimas, pero también para evitar que los victimarios continúen cometiendo sus crímenes e injusticias? ¿Cómo se proponen desde el Estado superar esa vergonzosa historia de víctimas irredentas, sin verdad, justicia y reparación, frente a la impunidad y soberbia de sus principales victimarios?
La democracia no perpetúa víctimas y victimarios
En fin, ¿Será posible vivir democráticamente en una sociedad cuyo Estado es incapaz de impedir el aumento crónico de víctimas civiles y el afianzamiento político de victimarios impunes? Obviamente estas últimas preguntas deberían responderlas en un debate público los dos candidatos, pero todo parece indicar que no tendrá lugar. Ante semejante irresponsabilidad histórica, apenas comparable con la inimaginable eliminación de la Selección en el mundial en curso por no presentarse en el campo de juego, no tenemos otra opción que investigar y examinar el pasado de cada candidato frente a las víctimas y los victimarios y discernir sobre su responsabilidad para evitar que esa relación letal se prolongue indefinidamente. ¿Hasta qué punto sus actuaciones han contribuido al conocimiento de la verdad de lo acontecido o, por el contrario, a su ocultamiento? ¿Qué han aportado para que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad respondan ante la justicia y cumplan sus penas, así ellas jamás reparen plenamente a sus víctimas, como está sucediendo en la JEP con los excomandantes de las Farc y numerosos miembros de la Fuerza Pública responsables de ejecuciones extrajudiciales? ¿Apoyarán el trabajo de la JEP, como es su deber constitucional, o la desfinanciarán y desmantelarán? En conclusión, ¿Cómo desde la jefatura del Estado podrían comprometerse a poner fin a la historia política de Colombia más allá de esa disputa interminable entre victimarios impunes y víctimas irredentas y así empezar a convivir democráticamente?
Patriotismo Constitucional
De la forma cómo votemos el próximo domingo, dependerá que las urnas no se conviertan, una vez más, en terribles cajas de Pandora de las que saldrán en los próximos cuatro años, recargados de revancha, los males que nos han diezmado: el odio, la violencia, las discriminaciones, las persecuciones, las desigualdades y los privilegios, amasijos de todas las guerras, que sepultan en el fondo de las urnas las esperanzas de vida, justicia y paz por un tiempo incierto, ese en el que ya no existan más víctimas y victimarios, y sí una comunidad política de ciudadanos. Esa comunidad política se llama democracia y solo será realidad el día que votemos teniendo en cuenta al menos estos dos artículos de la Constitución. El 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y el 95 que nos dice que “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional” si cumplimos los siguientes nueve deberes: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano y 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Esto dos artículos condensan el patriotismo constitucional, que es lo único que nos posibilitará algún día dejar de ser “esta federación de rencores y archipiélago de egoísmos”, según acertada expresión de Belisario Betancur,en la que nos hemos convertido. Hoy somos una nación dividida entre víctimas y victimarios, supuestamente en defensa de una idea belicosa y salvaje de la Patria o de una democracia popular, radical y revanchista, que nos impide resolver política y civilizadamente nuestros principales conflictos, sin perpetuar exclusiones económicas, sociales, regionales y étnicas pero, sobre todo, sin apelar a la violencia y la guerra como fórmulas salvadoras y milagrosas, que a la postre terminan engendrando nuevas generaciones de víctimas y sus posteriores vengadores implacables. En esas estamos desde que tenemos uso razón, ¿será que esta vez sí recuperamos el juicio político y dejamos atrás tanta insensatez, indolencia, irresponsabilidad y apasionamiento sectario e inhumano? Ese sí sería un verdadero milagro.
[i] https://www.comisiondelaverdad.co/el-informe-final-en-cifras