¿DE LA “RUPTURA INSTITUCIONAL” A LA “HISTERIA Y EL COLAPSO INSTITUCIONAL”?

¿DE LA “RUPTURA INSTITUCIONAL” A LA “HISTERIA Y EL COLAPSO INSTITUCIONAL”?

“Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece haberse pasado al bando de los criminales”. Álvaro Gómez Hurtado.

Hernando Llano Ángel.

En su proclama  ” Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez escribió: “Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota”. Esa desmesura se expresó de una manera patética ayer, 8 de febrero, cuando se bloqueó la salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un grupo de manifestantes, inconformes ante la procrastinación del alto tribunal en el nombramiento de la nueva Fiscal. Entonces pasamos en pocas horas de la llamada “ruptura institucional” a la “histeria institucional”. De nuevo el fantasma del holocausto del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985 volvió a rondar la cabeza de magistrados y expresidentes. Desde un magistrado del Consejo de Estado que conminó al presidente Petro, como “experto en toma de Palacios”, a terminar con el bloqueo, hasta el expresidente Gaviria que advirtió a todos los colombianos: “Lo que estamos viendo, más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”. Y agregó: “No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en doscientos años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy”. Olvidó Gaviria su propia actuación como presidente, cuando en una situación de caos institucional desatada por el narcoterrorismo de Pablo Escobar, disolvió un Congreso de la República recién electo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea que, ante la incapacidad del Ejecutivo de capturar el capo y desmantelar el narcoterrorismo, terminó prohibiendo en la Constitución la “extradición de colombianos por nacimiento”. Ese sí, el más grave precedente de impunidad constitucional y de contemporización con el narcotráfico, pues Pablo Escobar continúo traficando y siendo el capo desde su Catedral. Tampoco mencionó que después de la delirante y violenta toma del Palacio de Justicia realizada por el M-19, el propio presidente Belisario Betancur y la Fuerza Pública, obsesionados con la oportunidad de liquidar el comando guerrillero del M-19, no dudaron en inmolar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía –que imploraba un cese del fuego– con cerca de cien rehenes más, “para mantener la democracia, maestro”, según expresión victoriosa del entonces coronel Alfonso Plazas Vega. Esa es la “institucionalidad republicana” que hemos tenido y ahora proclama con impostura y desmesura el expresidente Gaviria. Una institucionalidad tan estable que liquida impunemente la cúpula de la rama Judicial y calcina el mismo Palacio de Justicia. Esa “institucionalidad republicana” que birló un 19 de abril de 1970 el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales en nombre de la “democracia” –como lo reconoció el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo— y terminó llevando a la presidencia, después de 54 años, a Gustavo Petro Urrego, entonces con apenas 10 años. Con razón, en la misma Proclama, García Márquez, con la lucidez propia del realismo crítico, menos poético, pero más esclarecedor que su realismo mágico, señaló: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos”. Esa versión complaciente de la historia es la que estamos empezando a entrever, pero los responsables de la misma están empeñados en seguir escondiendo y ocultando. Y en ello el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, “Hay futuro, si hay Verdad”, es el mayor aporte histórico realizado hasta la fecha. Lamentablemente la mayoría de colombianos está en mora de leer y consultar, para dejar de vivir en esta impostura institucional que nos ha condenado a la violencia de la ilegalidad y el crimen en nombre de la “democracia más estable y profunda de Latinoamérica”. Sin duda, estable en millones de víctimas generadas por este degradado y prolongado conflicto armado interno, que oculta sus cuerpos y memorias en profundas fosas comunes, como consecuencia de la impostura de “revolucionarios” que llaman ajusticiamientos a los asesinatos y retenciones a los secuestros, pero también de mandatarios incapaces de reconocer su responsabilidad política en matanzas de miles de miembros de la Unión Patriótica, la creación de las Convivir, la connivencia con los PEPES y más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en nombre de la “seguridad democrática”. Por todo ello, no es posible seguir perpetuando el vicio original de la punible y monstruosa relación de la política con el crimen que engendró esta institucionalidad y Estado cacocrático, que ha convertido la Fiscalía General de la Nación en un caballo de Troya de la criminalidad. Especialmente bajo las dos últimas administraciones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, al no investigar con rigor y competencia los escándalos de las financiaciones de las campañas electorales de Juan Manuel Santos, por Odebrecht, y la sospechosa y vergonzosa amistad de Iván Duque con el ñeñe Hernández y su presunta contribución, por debajo de la mesa, a dicha campaña presidencial. La verdad es que la Fiscalía General, tal como existe y funciona desde tiempo atrás, se parece más a un auténtico caballo de Troya de la criminalidad. Un caballo que cabalga impunemente desde administraciones como la de Luis Camilo Osorio y sus sucesores, incapaces de romper ese nudo gordiano de la política con el crimen y la ilegalidad, que alcanza su máxima expresión en la Fiscalía de Barbosa por su actuación contemporizadora en la investigación en que está incurso el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el desdén total de los graves indicios de la Ñeñepolítica en la campaña de Iván Duque. Lo anterior contrasta con su celo, celeridad y vehemencia en todo lo relacionado con la investigación que adelanta contra el hijo del presidente Petro y el esclarecimiento de la financiación de su campaña presidencial por presunta violación de los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral mediante la inspección judicial a FECODE. Una celeridad también en mora de aplicar a Oscar Iván Zuluaga por la financiación ilegal de Odebrecht a su campaña presidencial. Por eso no tiene presentación la interinidad de Marta Mancera al frente de la Fiscalía, pues sus antecedentes como vicefiscal dejan mucho que desear. Según lo informa EL TIEMPO y la siguiente reseña de “El informador”: “No está exenta de controversias. Ha sido mencionada en procesos judiciales, incluyendo uno relacionado con presuntos beneficios otorgados a estructuras narcotraficantes y al negocio ilegal de armas en Buenaventura y el Magdalena Medio en 2020 y 2022. Sin embargo, recientemente, el ente acusador cerró la investigación al no encontrar elementos para tomar medidas en su contra. Otra investigación cerrada en diciembre se centró en supuesta corrupción judicial durante su paso por la Fiscalía en Cali. El fiscal a cargo concluyó que, tras evaluar las evidencias, no existían fundamentos para continuar con la indagación, poniendo fin a las acusaciones de corrupción en su contra”. De allí que la procrastinación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea inexcusable y genere suspicacias en torno a supuestos favores burocráticos que recibieron del fiscal Barbosa algunos de sus miembros, con el nombramiento de familiares y amigos en la Fiscalía. Así lo revela el periodista Gonzalo Guillén en el caso del magistrado Luis Benedicto Herrera, cuya esposa fue nombrada como Fiscal Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena. Estos favores burocráticos anulan la independencia y autonomía de los magistrados en forma más discreta y efectiva que las tumultuosas e indebidas presiones de manifestantes ante las puertas del Palacio de Justicia. Cuyo desalojo ordenó a la Policía el mismo presidente Petro, pero generó semejante histeria institucional en periodistas como Vicky Dávila, quien llamó a defender la “democracia” y el expresidente Gaviria que lo calificó como un “comportamiento dictatorial, que raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados” (sic), poniendo en duda que Petro sea “una persona cuerda” con capacidad para gobernar.

¿De la “Histeria institucional” al “Colapso institucional”?

Sin duda, pasaríamos de la “ruptura institucional” y la “histeria institucional” al “colapso institucional”, si desconocemos que la Fiscalía desde tiempo atrás tiene en su interior enclaves de criminalidad y complicidad, que hoy sobresalen con la dupla Barbosa-Mancera. Toda la razón tenía Álvaro Gómez Hurtado (Q.E.P.D), cuando afirmó, durante el escándalo del proceso 8.000: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece haberse pasado al bando de los criminales”. Impedir que ello acontezca y que la Fiscalía deje de ser un apéndice funcional del Ejecutivo, actuando en forma legal e independiente  del presidente, sin cálculos, encubrimientos o fines políticos, es el mayor desafío de la próxima fiscal general de la Nación. Por lo menos que no incurra en la vergonzosa e incompetente actuación de anteriores fiscales, entre los cuales sobresale Francisco Barbosa como el más preparado y cualificado en semejantes lides, curiosamente nombrado por unanimidad por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace cuatro años y hoy con tantas dificultades para nombrar su remplazo.

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