LA PAZ TOTAL ENTRE TRANSACCIONES, RECTIFICACIONES Y ELECCIONES
Hernando Llano Ángel.
El reciente y primer traspiés del presidente Petro en las conversaciones de paz con el ELN, expresado en la suspensión del decreto sobre el cese del fuego bilateral con dicha organización, ha sido celebrado por la oposición y sus millones de seguidores como el fracaso prematuro del que consideran un improvisado proceso de paz. Lo catalogan como una muestra más del estilo del presidente Petro en donde su grandilocuencia va de la mano con su improvisación para gobernar. También, de su audaz y enorme capacidad para generar expectativas y defraudar muchas esperanzas. Para otros, como los responsables del Acuerdo de Paz del gobierno Santos, una demostración de la incompetencia y la descoordinación entre los actuales comisionados de paz , Iván Danilo Rueda Rodríguez y Otty Patiño, con el gobierno nacional. En fin, todos a una, se frotan las manos por lo sucedido y auguran que la paz total será un fracaso descomunal y culminará en una hecatombe nacional. En cierta forma, vivimos una especie de déjà vu de los frustrados esfuerzos del entonces presidente Belisario Betancur, pionero y visionario de la paz política con las insurgencias. Vale la pena recordarlo. Entonces, todo el establecimiento político, empezando por su partido, el Conservador y los principales gremios empresariales, se opusieron radicalmente a la paz hasta confirmar su profecía autocumplida y propiciar su fracaso total. Tuvieron que pasar 4 violentos y sangrientos años para que se firmará la paz política entre el presidente Virgilio Barco y el M-19 en marzo de 1990 y cerca de 30 años más entre las Farc-Ep y Juan Manuel Santos, el 26 de septiembre de 2016. ¿Se necesitarán tantos o más años para alcanzar la “Paz Total”? Es una pregunta pertinente, pues las circunstancias políticas actuales son otras y merece la pena considerar sus principales diferencias, más allá de los tempranos vaticinios catastróficos de los opositores a la paz total.
De Belisario a Petro hay mucho trecho
A diferencia de Belisario, Petro cuenta con un amplio respaldo del Pacto Histórico y la mayoría en el Congreso, lo que le ha permitido la aprobación de sus dos leyes más importantes, la de la Paz Total y la tributaria. Pero ellas por sí solas no bastan. La primera es imprescindible para la paz política, desmovilizar y desarmar a las guerrillas, además de someter a la justicia a los denominados grupos organizados de alto impacto criminal dedicados al narcotráfico y demás mercados ilícitos. La segunda, para promover políticas sociales y contener otra sublevación popular como la del paro nacional del 2021. Sin duda, las dos leyes son necesarias, pero no suficientes. La paz requiere mucho más de tacto político que de leyes y decretos. Sobre todo, primero conversar con la contraparte y concertar, antes que decidir unilateralmente y decretar, como tal parece que sucedió con el cese del fuego bilateral con el ELN. La paz precisa más el arte de la transacción y menos la premura de la imposición. De allí la rectificación del gobierno nacional, suspendiendo el decreto del cese de fuego bilateral con el ELN. Seguramente que en esa búsqueda de la paz total habrá muchas más transacciones y rectificaciones, con mayor razón en un año electoral que decidirá la configuración del poder político en todo el territorio nacional. De parte del gobierno nacional existirá una premura comprensible por lograr acuerdos y treguas que permitan el desarrollo de unas elecciones en paz. Por el contrario, la oposición intentará a toda costa torpedear los avances en las conversaciones, descalificándolas como concesiones al narcoterrorismo e incluso deslegitimándolo como un narcogobierno y al presidente Petro como su principal promotor. Ya lo llamó así el expresidente Andrés Pastrana en un trino a propósito de la intervención de Petro en las Naciones Unidas y su diatriba contra el prohibicionismo, al señalar que dicha política y la fracasada guerra contra las drogas son los mayores promotores de las ganancias siderales de los narcotraficantes. Razón por la cual se precisa un cambio de paradigma frente al narcotráfico y las drogas, pasando de la confrontación a la regulación y el control estatal de esos mercados ilícitos, lo que redundaría en la desaparición progresiva de sus ganancias exorbitantes, la codicia insaciable de los narcotraficantes y el desmantelamiento de sus organizaciones criminales. Así sucedió en Estados Unidos cuando reguló legalmente la producción, distribución y consumo del licor, derogando la enmienda prohibicionista, arrebatándole a las mafias una de sus fuentes más boyantes de crecimiento, corrupción e inseguridad de la vida pública norteamericana. Por todo ello, es que la Paz Total requiere con urgencia el mayor apoyo internacional y es una política interméstica, ya que solo modificando la legislación internacional prohibicionista se podrá avanzar en la consolidación de la paz doméstica. Tal complejidad debería ser tenida en cuenta tanto por el actual gobierno y la oposición, pues la paz total demandará el esfuerzo de muchos gobiernos y generaciones, en lugar de subordinarla a tácticas y maniobras malintencionadas para ganar las próximas elecciones regionales y locales. Ya lo hemos vivido en otros gobiernos que promovieron aceleradamente la desmovilización de miles de miembros de las AUC, que luego mutaron en las actuales Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros numerosos grupos delincuenciales de alto impacto criminal, que éste gobierno ahora intenta desmovilizar y someter con su Paz Total. Pero sobro todo será la población rural la que continuará pagando con sus vidas, desplazamientos y confinamientos esas veleidades de los políticos profesionales, casi siempre ajenos a los riesgos de la guerra, sobreprotegidos con sus escoltas y costosos esquemas de seguridad, lo que les permite criticar y oponerse a la paz desde sus cómodas fortalezas citadinas en busca de precarios y efímeros triunfos electorales.
Hernando Llano Ángel
Abogado, Universidad Santiago de Cali. Magister en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. PhD Ciencia Política, Universidad Complutense Madrid. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente. Miembro de LA PAZ QUERIDA, capítulo Cali.