Nota: A continuación, artículo publicado en Razón Pública en septiembre 2 de 2019, con el propósito de aportar elementos de análisis sobre el significado de la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez.
LA ENCRUCIJADA DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Más allá de sus procesos con la justicia, lo que está en juego es su responsabilidad política. ¿Debería retirarse de la vida pública, siguiendo el ejemplo de Belisario Betancur?
Hernando Llano Ángel.
Culpabilidad penal versus responsabilidad política
Parece que al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe le ha llegado la hora de la verdad. En los próximos meses tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Para su ventura y su tormento, esto acontece bajo un presidente escogido por él, lo cual lo expone aún más a los reflectores de la opinión nacional e internacional.
Pero Uribe se siente seguro y triunfante, porque de entrada asume el reto en el terreno más ventajoso para su figura: el foro penal, que demanda la plena prueba para ser procesado y condenado; pruebas que además serán ferozmente controvertidas por su equipo de abogados. Es probable que los jueces no tengan otra alternativa que dejarlo libre de cargos por el famoso in dubio pro reo —en caso de duda, se favorece al acusado—.
Sin embargo, el proceso de defensa personal podría implicar una pérdida en el terreno político, pues se trata del líder más protagónico, representativo y pugnaz de la nación en la actualidad.
La encrucijada de Uribe consiste en que, además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. La primera es estrictamente personal, mientras que la segunda se expresa en hechos públicos, objetivos e innegables que a todos nos afectan. De ella son responsables, por acción u omisión, quienes toman decisiones desde cargos públicos, más allá de sus buenas o malas intenciones.
Encuentre en Razón Pública: La indagatoria de Uribe y su significado jurídico, político e institucional.
El ejemplo del presidente Betancur
Un ejemplo dramático de responsabilidad política lo vivió Belisario Betancur (q.e.p.d). Durante la toma del Palacio de Justicia, el expresidente tomó la decisión fatal de no ordenar el alto al fuego, que en cambio habría sido lo prudente para salvar las vidas de muchos rehenes que se encontraban en manos del M-19. La misma tarde del terrible suceso, Belisario Betancur asumió su responsabilidad política como presidente y jefe constitucional de las Fuerzas Armadas. Argumentó que siempre tuvo la mejor intención y procedió en “cumplimiento de la Constitución y la ley”. Posteriormente, y consecuente con esa responsabilidad, se marginó por completo de la vida política, en vez de seguir defendiendo una decisión y una gestión deplorables.
Además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. Años después el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conminado a esclarecer lo sucedido y reparar a las víctimas, orden que todavía no se ha cumplido plenamente.
Belisario Betancur murió sin que la justicia se pronunciara sobre su culpabilidad personal, pero al menos tuvo la entereza de asumir la responsabilidad política, pedir perdón a las víctimas y aceptar que lo que sucedió fue consecuencia de su decisión y del acto terrorífico y alucinado del M-19, artífice del holocausto junto con la respuesta brutal y vengativa de la Fuerza Pública.
¿De qué hechos públicos es responsable Uribe?
Lea en Razón Pública: Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política.
Valdría la pena que Álvaro Uribe y sus millones de electores reflexionaran sobre la decisión y la conducta de Belisario Betancur. Sin duda, Uribe, al igual que Betancur y todos sus sucesores hasta Santos, estuvieron obsesionados con la búsqueda de la paz, pero sus resultados saltan a la vista y sólo este último la firmó. No puede negarse que la ley 975 de 2005, promovida por Uribe, logró desmantelar y desmovilizar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero tampoco hay que olvidar la continuidad del fenómeno paramilitar y su mutación bajo otras formas criminales.
También debe recordarse el escamoteo de las responsabilidades de políticos y empresarios en la conformación de las AUC, evasiva que se obtuvo mediante la extradición a Estados Unidos de sus máximos comandantes en el momento que empezaron a contar la verdad sobre esa red de parapolíticos y empresarios que contribuyeron a la gobernabilidad de las dos administraciones de Uribe. Y la lista continúa:
- El antecedente legal de las AUC fueron las Convivir, autorizadas por el Decreto Ley 356 de 1994 de César Gaviria, promovidas con entusiasmo en Antioquia por el entonces gobernador Álvaro Uribe.
- Durante su gobernación el número de personas masacradas aumentó notablemente, desde 143 en 1995, a 357 en 1996 y a 439 en 1997 con 439, como se puede apreciar en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP.
- Durante su gestión como Director de la Aeronáutica Civil se expidió el mayor número de licencias para aeronaves de narcotraficantes y pistas de aterrizaje, que luego el sacrificado ministro Rodrigo Lara Bonilla tuvo que anular en su lucha contra Pablo Escobar.
- Su política de “Seguridad Democrática”, expresada en la circular 029 de 2005, dejó un número de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cuyo cifra todavía no se ha podido precisar, pero sobrepasa las dos mil víctimas mortales.
- Su segundo mandato presidencial (2006-2010) tuvo un origen ilícito, pues el cambio del “articulito” constitucional, les costó a sus ministros de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y de salud, Diego Palacio, algunos años de cárcel por el delito de cohecho.
Dicho delito fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, en reconocimiento de sus logros en la lucha contra las FARC, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas. En fin, más allá de la impronta política de Álvaro Uribe está la responsabilidad política de los millones de ciudadanos que lo han llevado a la cumbre institucional y pública que hoy ocupa, inaccesible hasta ahora a la justicia penal, pero no ajena para muchos ciudadanos conscientes de su responsabilidad en hechos dolorosos para el país.
| Además del asunto penal ¿no tiene una responsabilidad el expresidente Uribe con el país? |
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Entre la Corte Suprema de Justicia, la JEP y el retiro de la vida pública
Por eso, más allá de la decisión que tome la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe y sus sucesores en el poder estatal. La encrucijada personal de Uribe tiene varios caminos, uno de los cuales es seguir los pasos de Belisario Betancur, marginándose de la vida pública, y el otro es comparecer ante la JEP y empezar a contar, con la misma sinceridad y entereza de su paisano, las verdades que nos debe a todos. Está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe. Con eso contribuiría a un cambio histórico en nuestra vida pública, el del fin de la impunidad política. Esta es mucho más grave que la impunidad penal, porque requiere de la complicidad de millones de electores y la negación del dolor y la dignidad de millares de víctimas.
Quizás, entonces, podamos entre todos empezar a vivir en paz. Tal es el mayor desafío y la más valiosa contribución de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por eso debemos apoyarlas en lugar de limitarlas –disminuyendo su presupuesto como hace el actual gobierno— o, desprestigiarlas a partir de calumnias y mentiras propaladas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación.
Por ahora, Uribe sigue participando activamente en la política y hace algunos días reaccionó contra el vídeo donde Iván Márquez y otros ex-miembros de las FARC anunciaban su rearme, afirmando que más que un proceso de paz hubo una serie de indultos a delitos atroces y llamando nuevamente a reformar el Acuerdo y a eliminar su blindaje constitucional.