En estos días próximos a la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha puesto en duda otro de los mitos nacionales más incuestionado, el mito de la civilidad de nuestros mandatarios y de las Fuerzas Militares.
En estos días próximos a la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha puesto en duda otro de los mitos nacionales más incuestionado, el mito de la civilidad de nuestros mandatarios y de las Fuerzas Militares.

Es verdad que no podemos vivir sin mitos. Esas creencias sobre la realidad de las cuales no somos plenamente conscientes y damos por evidentes e incontrovertibles. Los mitos, ya sean literarios, religiosos o políticos nos confieren identidad y sentido, nos permiten reconciliarnos con la vida y el mundo, así ellos sean negados cotidianamente. Son piedras angulares de la realidad política moderna. Los encontramos en todas las revoluciones y en la proclamación de independencia de la primera República moderna, los Estados Unidos de Norteamérica, cuando señala: “sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la igualdad, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Pero esas verdades y mitos fundacionales de la modernidad política hace rato dejaron de ser evidentes para Trump y sus millones de seguidores, empecinados en desconocerlos violentamente con ICE en nombre de MAGA y America First. Así los mitos se convierten en mitomanías, en mentiras institucionales que, en lugar de asegurar y promover la convivencia social, promueven la agresividad y la violencia. Auguran el fin de la República y la democracia estadounidense, como la presenciamos todos los días en pantallas, redes sociales y noticias periodísticas en las manos criminales de agentes de ICE y el poder corporativo de los grandes conglomerados tecnológicos, aupados por la codicia de los cacocratas republicanos que respaldan incondicionalmente a Trump, su extensa familia, socios y cómplices internacionales. A ellos se sumará con entusiasmo patriótico Abelardo de la Espriella y sus innumerables patrocinadores gremiales, empresariales y antiguos clientes de su afamado bufete, muchos con abultados prontuarios criminales.
La civilidad camuflada
En Colombia tenemos numerosos mitos parecidos, siendo la democracia el mayor, más consolidado e inexpugnable, defendido desde todas las latitudes políticas, añadiéndole múltiples adjetivos y apellidos: “democracia electoral”, “restringida”, “asediada” y hasta “participativa”. Pero, en estos días próximos a la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha puesto en duda otro de los mitos nacionales más incuestionado, el mito de la civilidad de nuestros mandatarios y de las Fuerzas Militares. Aunque haya desistido de su posesión presidencial en una guarnición militar, la esencia de su campaña con toda la simbología del saludo militar, la consigna de “Firmes por la Patria” y su movimiento “Defensores de la Patria”, sumados a su alineación (¿alienación?) total con el “Escudo de las Américas” de Trump –que ya anunció operará desde Medellín por ser el epicentro del narcotráfico, según sus propias palabras– no dejan la menor duda de que viviremos cuatro años bajo una civilidad camuflada. Tras sus finos trajes de civil, está un alma camuflada, “cargada de tigre”, que saluda militarmente y formará un bloque sólido con las Fuerzas Militares en defensa de la “Patria Milagro”. Ese es el sentido del homenaje que rendirá en Cali a las Fuerzas Militares.
Electorado “cargado de tigre”
Un alma tanto más camuflada cuanto fue respaldada por una “manada” de cerca de 13 millones de electores “cargados de tigre” y “Firmes por la Patria”, pero que jamás enviarían a sus hijos a morir en el campo de batalla, pues para ello están los “Héroes de la Patria”. De allí que no sea justo señalar a Abelardo como el único responsable de esa civilidad militarizada y camuflada, pues la manada clama por seguridad y está segura que solo la puede brindar el “Tigre” desde los cuarteles y estaciones de policía, pertrechado con el “Escudo de las Américas” y su alianza estratégica con el Pentágono e Israel. De manera que Abelardo no es más que el legítimo heredero de esa tradición electoral militarista y belicista, partidaria entusiasta de la “seguridad democrática”, presente en casi todos los presidentes, con diferentes énfasis, y la mayoría de políticos colombianos. Una tradición que se remonta a las numerosas guerras civiles del siglo XIX entre los partidos Liberal y Conservador, maestros en la combinación de todas las formas de lucha, que bien resumía un refrán popular de entonces: “Colombia es una tierra de cosas singulares, hacen la guerra los civiles y dan la paz los militares”. Una tradición que incluso llega hasta 1953 cuando un prohombre liberal, Darío Echandía, llamó “golpe de opinión”, al golpe militar de Rojas Pinilla, pues fue promovido con la facción de Mariano Ospina Pérez del partido conservador contra el entonces presidente Laureano Gómez Castro y, en efecto, puso fin a la sangría desatada por los líderes de ambos partidos tradicionales, muy civiles en sus trajes, pero feroces en sus odios mutuos.
Tradición compartida
Lo más grave, es que esa tradición también está presente en la contraparte insurgente y su culto al poder de las armas, deslumbrada y atrapada en la máxima maoísta: “el poder nace de la punta del fusil”, que hoy la tiene al borde de la extinción, en la mira de inminentes bombardeos oficiales letales y en su desesperada respuesta terrorista en los departamentos de Santander, Cauca y Valle. Esa civilidad camuflada se condensó en consignas como la del M-19: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, parecida a la fórmula de gobernabilidad del General Rojas Pinilla durante su dictadura entre 1953-1957, contenida en el “binomio Pueblo-Fuerzas Militares”[i]. Fórmula abortada rápidamente por los líderes de ambos partidos con el respaldo de los gremios y la carne de cañón puesta por los estudiantes, como suele ocurrir. Y así llegamos al momento culminante del alma de esa civilidad camuflada, expresada por Alberro Lleras Camargo en forma meridiana y con su tono de orador insuperable, en el Teatro Patria ante la alta oficialidad de las Fuerzas Militares en su discurso del 9 de mayo de 1958. Discurso que sentó las bases de las relaciones entre el poder civil y el militar al comienzo del Frente Nacional hasta nuestros aciagos días.
Una relación letal
Es considerada una pieza magistral, pues en ella Lleras Camargo expone clara y radicalmente que las Fuerzas Armadas no pueden deliberar políticamente, pues si lo hacen “entran armadas” al campo de la política y para “resolver una disputa irá a todos los extremos, será más violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento… si las Fuerzas Armadas entran a la política y la dirección del gobierno, entran inevitablemente a la disputa sobre si el gobierno es bueno o malo. Inmediatamente se forma un partido, el suyo, y otro, el adversario del gobierno”. Situación en la que sin duda ya nos encontramos, pues el gobierno del Tigre se define como el gobierno de las Fuerzas Armadas, por eso todos los miembros del gabinete ministerial hacen el saludo militar, pregonan la mística de “Firmes por la Patria” y serán la primera línea de los “Defensores de la Patria”. Esa civilidad camuflada representará una puesta de escena marcial en el homenaje que rendirán a los “héroes de la Patria” en Cali, seguramente en el Batallón Pichincha y la Base Área Marco Fidel Suárez, después de la posesión de “EL TIGRE” en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, un digno escenario para un espectáculo entre civil y circense.
¿Orden público militar o civil?
Y si a lo anterior se suma otro pasaje de dicho discurso en el que Lleras Camargo delega el “manejo del orden público” en los militares, con la gravedad señalada por la Comisión de la Verdad, pues “dio origen también a una ambigüedad en el manejo de los conflictos sociales, dado que bajo este concepto se cubre desde un ataque armado hasta una huelga”, tenemos como resultado la militarización total de la conflictividad social con la anuencia del poder presidencial.A partir de ese momento y en el contexto de la guerra fría, con el enemigo internoy la doctrina de la “seguridad nacional”, es fácil comprender el surgimiento de políticas de seguridad con estrategias tan belicistas y antidemocráticas como la creación de las Autodefensas Civiles en el gobierno de Guillermo León Valencia, bajo decreto 3398 de 1965[ii], que entregó armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a civiles para combatir los bandoleros, siguiendo las directrices de la Misión Yarborough de Estados Unidos. Mas reciente, el “Estatuto de Seguridad”, bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay, las Convivir con Gaviria y la “Seguridad democrática” con Uribe. Ahora, el “Tigre” anuncia los Frentes de Seguridad Ciudadanos, coordinados por el Ministerio de Defensa. ¿Podrá, entonces, hablarse de civilidad en la vida política colombiana y en la conducción del orden público, cuando son precisamente los presidentes civiles quienes definen y ordenan semejantes políticas?
Del Palacio de Justicia a Firmes por la Patria
Todo lo anterior terminó generando esta relación letal de complicidad entre el poder civil y el militar en el Estado colombiano, cuya máxima y mortal expresión fue el desenlace del asalto terrorista al Palacio de Justicia por el M-19, siendo justificados y hasta excusados los excesos criminales en que incurrieron miembros de las Fuerza Pública supuestamente para “mantener la democracia y la independencia de las ramas del poder público”, así hubiera sido cercenada la rama judicial, decapitada la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado e incinerado y demolido el Palacio de Justicia. Inmediatamente después, asistimos al exterminio político de la Unión Patriótica, con cerca de tres mil víctimas mortales, mediante alianzas tenebrosas de miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares, hasta llegar a los cuatro magnicidios de los candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, con la complicidad de agencias y miembros de inteligencia del DAS y el Ejército. Y, en nuestros días, presenciamos la máxima descomposición institucional de Brigadas, Batallones, numerosos oficiales y personal subalterno en relaciones y articulaciones con el paramilitarismo y la perpetración de numerosos crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos”. De allí, que no deje de ser una mitomanía vergonzosa y una fuente de impunidad institucionalizada la elogiada civilidad del poder presidencial y mucho más inexcusables sus numerosas y frecuentes delegaciones del manejo del orden público en los militares, puesto que constitucionalmente el Ejecutivo es el responsable de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, además de “dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República” (artículo 189, numerales 3 y 4 de la CP). No hay, pues, lugar al falso maniqueísmo de hacer responsables solo a los militares de semejantes atrocidades, pues como bien lo dijo don Miguel de Unamuno en plena guerra civil española, parece ser más fácil “civilizar un militar que desmilitarizar a un civil”, pues este último, cuando está revestido de poder presidencial, es el más entusiasta en hacer la guerra y ordenar que otros mueran en nombre de la Patria y la defensa de sus delirios políticos, como nos lo demuestra nuestra reciente historia política. ¿No será que para defender la democracia se precisan más ciudadanos y menos héroes de la Patria?
[i] https://enciclopedia.banrepcultural.org/Gustavo_Rojas_Pinilla
[ii] https://www.comisiondelaverdad.co/legalizacion-de-la-autodefensa
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