Del plebiscito a la Consulta Popular (II)

La Consulta Popular es un mecanismo de participación política y decisión ciudadana directa, no tanto un dispositivo electoral para la confrontación y la polarización política y social. Ese manejo táctico del presidente Petro lo puede conducir a un callejón sin salida. El callejón de la ingobernabilidad presidencial y pérdida de su credibilidad personal, por ser tan proclive a la radicalización y las confrontaciones retóricas, en desmedro de la eficacia gubernamental. Pero también puede favorecer a la oposición para invocar la fórmula del autoritarismo populista en defensa, supuestamente, de la democracia, la seguridad y hasta la salvación de la Patria en las elecciones del 2026. Con mayor razón ahora, cuando esta Consulta Popular se desarrollará en medio de una coyuntura electoral que definirá no tanto quiénes nos gobernarán, sino también quiénes somos los colombianos. En efecto, nos definirá como ciudadanos con capacidad para convivir y decidir democráticamente o, por el contrario, como dos bandos hostiles que se recriminan, odian y bloquean mutuamente, cada uno asistido de muy “buenas razones”, en defensa de sus intereses, banderías políticas e identidades sociales. Como lucidamente lo advirtiera el expresidente Belisario Betancur, en su posesión en 1982, los colombianos debemos dejar de “ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”, que es lo que está en juego en la Consulta Popular sobre la Reforma Laboral.

Del Plebiscito por la Paz a la Consulta Popular por la Reforma Laboral

Ya lo vivimos en el 2016 con el Plebiscito que nos convocó a refrendar la paz política — presupuesto existencial de cualquier democracia: “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas, en lugar de cortarlas— y lo ganaron quienes salieron a “votar verracos” e indignados por cuestiones que no contenía dicho Acuerdo y fueron manipulados con el miedo a la venezonalización de Colombia y el peligro inminente del gobierno de las Farc. Por eso es inimaginable lo que podría suceder durante la campaña de la Consulta Popular sobre la reforma laboral. Incluso, ya algunos congresistas muy “demócratas”, miembros de partidos que promueven el cambio radical de las costumbres políticas y siempre han dicho que la abstención es la peor corrupción de la democracia, ahora piensan promover que los ciudadanos no salgan a votar para que no se alcanza el umbral legal exigido, superior a los 13 millones y medio de votos y la Consulta fracase estrepitosamente. Pero cínicamente saldrán a hacer campaña para que sí voten por ellos al Congreso.  En fin, esa división irreconciliable entre bandos recorre nuestra historia y es contingente, hasta caprichosa. Pero depende en gran parte de los líderes que los dirigen, definir si arrastran o no a sus seguidores de la arena política al campo de batalla. El presidente Petro lo sabe muy bien y por eso en sus últimos discursos la historia siempre está presente. En ocasiones, esa evocación obsesiva del pasado glorioso le impide gobernar en el presente y no atiende diligentemente problemas agudos, como la degradación de la “Paz Total” en paz letal[i] y la escasez de medicamentos[ii], que desdice los objetivos de atención oportuna y de prevención, invocados en su proyecto de reforma al sistema de salud.

Del Chicoral a la Plaza de Bolívar

En Chicoral, nos recordó la confrontación entre las sociedades democráticas de los artesanos versus los librecambistas, que culminó con el efímero golpe de Estado del general José María Melo en 1854 en defensa de los primeros, los llamados liberales draconianos contra los liberales gólgotas. Un antecedente histórico irrepetible, pero que Petro evoca anacrónicamente en el presente para escenificar la lucha del “pueblo” contra la oligarquía política enquistada en el Senado, reacia a tramitar sus reformas progresistas de salud y laboral. Por eso, su discurso en la Plaza de Bolívar, que marcó el inició de la campaña de la Consulta Popular, se convirtió en una arenga épica[iii] con el telón de fondo de la campaña libertadora de Bolívar, hasta proclamarse como un oficial bajo su mando, que conducirá al triunfo del SÍ en la Consulta y del pueblo trabajador contra la oligarquía política del Congreso, que lo ha traicionado.

¿El Senado contra la Ciudadanía?

Pero surge una pregunta inquietante ¿Hasta qué punto esa evocación de las luchas fundacionales de la República en clave de confrontación y polarización entre el “País Político” y el “País Nacional” contribuye hoy al trámite aprobatorio en el Senado de la Consulta Popular o, por el contrario, la va impedir y frustrar? Sin duda, la apuesta del presidente Petro es audaz y desafiante, pues si el Senado no aprueba las preguntas formuladas por el presidente con la firma de todos sus ministros, que luego se presentarían a nuestra consideración, nos negaría como ciudadanos un derecho reconocido en la Constitución vigente en los artículos 3, 40 y 103, reglamentados por la ley estatutaria 1757 del 2015. En tal evento, no quedaría duda alguna de que el “País Político”, como lo denunciaba Gaitán, tiene caminos diferentes al “País Nacional”, pues el primero solo “piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder”, contra el “País Nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político”. Tal decisión del Senado sería una afrenta política, social y económica vergonzosa e inadmisible, considerando los elevados honorarios de los senadores, cuarenta veces superiores al salario mínimo de millones de trabajadores colombianos. Honorarios que, además de profundizar el abismo entre los senadores y el pueblo, son un agujero negro que devora la ética pública, pues la mayoría de congresistas, salvo contadas excepciones, se comportan como unos cacócratas y cleptócratas de la voluntad ciudadana. Pero, además, si los senadores niegan la Consulta, probablemente estarían incursos en violación del artículo 133 de la Constitución que ordena: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Y, sin duda, todos los ciudadanos tenemos el derecho y la capacidad para pronunciarnos sobre la justicia y el bien común, no solo los congresistas, que pocas veces lo hacen, pues la normativa laboral vigente, promovida por el presidente Uribe y sus mayorías en el Congreso, recortó lesivamente los ingresos de los trabajadores por horas extras, dominicales y días festivos, que el actual proyecto pretender restituirles para honrar la justicia y el bien común.

[i] https://elpais.com/america-colombia/2025-03-18/el-recrudecimiento-de-la-violencia-erosiona-los-avances-del-acuerdo-de-paz-hay-desesperanza-total.html

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2025-03-22/la-escasez-de-medicamentos-en-colombia-desata-la-ira-de-miles-de-pacientes.html

[iii] https://elpais.com/america-colombia/2025-03-18/petro-lanza-la-campana-por-la-consulta-popular-le-tienen-miedo-al-pueblo.html