CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ (1930-2021) Y SU PERENNE ACTUALIDAD

 CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ (1930-2021) Y SU PERENNE ACTUALIDAD

Hernando Llano Ángel.

Este 16 de enero de 2023 se cumplen dos años del fallecimiento en Bogotá de Carlos Jiménez Gómez, quien se desempeñó como Procurador General de la Nación bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Es imprescindible recordarlo, pues, como en alguna entrevista lo expresó, “Colombia es un país de 24 horas”. Carecemos de memoria institucional, incluso cotidiana y personal. Quizá esa amnesia sea un mecanismo de defensa para no enloquecer, pues una avalancha y una nueva masacre, borran de nuestra conciencia las sucedidas ayer. A la toma, incineración y destrucción del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985, siguió el arrasamiento y la desaparición de Armero, el 13 de noviembre. Una catástrofe política y otra natural, ambas evitables, en menos de una semana. La primera, de haber tenido sensatez el M-19 y prudencia Belisario Betancur. Pero en ambos predominó el delirio y la revancha, respectivamente. En la segunda, si se hubieran acatado todas las previsiones y advertencias de los expertos, Armero no hubiese desaparecido y no sería hoy un campo santo, yermo y abandonado. Así sobrevivimos en Colombia, extraviados en un laberinto de desgracias, violencias, imprevisiones y olvidos, desde hace mucho más de 100 años. Pero, si prescindimos de la memoria, no solo ignoramos quiénes somos, sino lo que es peor cómo vivimos y hasta cómo morimos, por no asumir nuestras responsabilidades en el presente. Para tratar de conjurar tan letal epidemia de olvido colectivo y de irresponsabilidad personal, voy a recurrir a una selección de textos del propio Jiménez Gómez, destinados a quienes no tuvieron el privilegio de conocerlo o perdieron la memoria y la gratitud para recordarlo. Son textos que dan cuenta de su extraordinaria y versátil personalidad, así como de sus profundas convicciones democráticas y su recio carácter republicano. Virtudes por las cuales el establecimiento político lo condenó al ostracismo, pues no toleró que revelará, como Procurador General de la Nación, en forma tan descarnada y veraz, todas las imposturas y la descomposición ética y política de un establecimiento que desde entonces fusionó el Estado con el crimen, la violencia, la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, conviene empezar por su propia identidad: “Pertenezco al sindicato invisible de los abogados que escriben, esos que al lado del código manejan la novela, el poema, la reflexión sociológica o la investigación histórica; y que, sintiéndose no menos escritores que abogados, se precian de tener de los problemas político-sociales y humanos un concepto integral y más alto, pues que sus inquietudes miran tanto al horizonte plano de las realidades de cada día como al abismo de los grandes interrogantes del hombre y del destino“, escribió en uno de sus últimos libros, Testigo del diluvio, 1999, editorial Kimpres. En dicho texto, publicado 13 años después de haber culminado su gestión en la Procuraduría General, hace un balance crítico y esclarecedor de sus más importantes y polémicas decisiones frente a la que definió como una “Procuraduría de Opinión”, en el sentido de “recoger las grandes preocupaciones de la opinión y erigirlas en materia de su trabajo; defender los intereses del común; como la calle, hablar un lenguaje claro, plantear la verdad desnuda y tocar sin miramientos cuanto su misión le mande, como intérprete y vocero del sentido ético y político de la comunidad. La Procuraduría de opinión es, en suma, una auténtica Procuraduría ciudadana”. Y, en efecto, a ella se consagró, sin concesiones, durante esos 4 años turbulentos e históricos. Para resaltar sus principales aportes, escribí una reseña de sus más tras trascendentales decisiones en “Carlos Jiménez Gómez: Un Procurador Histórico, In Memoriam”, en tres entregas en el 2021, por lo que ahora dedicaré este blog a citar sus apreciaciones sobre los dos problemas que más afectan nuestras vidas, el presente y futuro político de Colombia, como son la violencia política y el narcotráfico. Al respecto en “Testigo del diluvio”, bajo el acápite de “Orden Público y Narcotráfico”, sustentó así el doctor Jiménez Gómez sus conceptos, como Procurador General de la Nación, contra la aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos: “Siempre encontré inaceptable que un problema mundial se quisiera resolver domésticamente; que los intereses de los Estados Unidos como campeón de los países consumidores dictará nuestras políticas en este campo, en perjuicio de nuestros más vitales intereses nacionales; que se pusiera todo el aparato del Estado colombiano a las órdenes discrecionales de las Autoridades Norteamericanas. Yo no soy el Procurador de los Estados Unidos sino de Colombia, dije en mi momento. Me indignaba la obsecuencia de los funcionarios extranjerizantes y sus políticas y sus posturas abdicadoras (p.53)”. Como se ve, desde entonces Jiménez Gómez fue un pionero incomprendido, incluso calumniado, por promover y defender una solución interméstica a tan complejo problema, porque, argumentó: “para mí no hubo, desde las primeras noticias del gran fenómeno, ninguna duda de que este problema y el de la guerrilla eran hermanos y, en el fondo, provenientes de la misma causa: el afán de liberación de la gente en guerra furiosa contra el mundo de la necesidad. Uno y otro eran una y la misma grieta en la tranquilidad y en el orden público del país. Y llegado a la Procuraduría, así lo seguí entendiendo y así lo quise tratar en todo momento (p.55)”. Realidad que solo se reconoció 40 años después en el Acuerdo de Paz del 2016, en su punto 4, dedicado a solucionar el problema de las drogas ilícitas, pues “la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Se reconoce así que, además de ser parte constitutiva del conflicto armado, la solución definitiva a este problema tiene que ver con la implementación de la Reforma Rural Integral y la construcción de la paz en el campo”. Podría seguir citando muchas más de sus decisiones cruciales, como la denuncia, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, del entonces presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, por sus actuaciones frente a la violenta toma del Palacio de Justicia por el M-19, que sintetizó así: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los conflictos armados”. Por ello: “La invocación del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional Humanitario es un complemento indispensable de toda política de defensa de los Derechos Humanos”. Por todo lo anterior, convendría a este gobierno del Pacto Histórico consultar la obra y las ejecutorias del Procurador Jiménez Gómez, no solo para reafirmar su rumbo progresista, sino sobre todo para inspirarse y guiarse en la búsqueda de esa esquiva “Paz Total”, pues sin duda en sus memorias como Procurador General (publicadas en cinco tomos como “Documentos del Procurador”), encontrará Petro consejos tan pertinentes como el siguiente: “Al Estado se va con tratados, profesores, parlamentarios, prensa, opinión y manifestaciones callejeras. Es una labor de persuasión y educación, de corrección y conversión. De control. La ley es un instrumento, los juzgados una instancia, las cárceles un cerco de aislamiento. Pero por encima de ellos está el Estado empinado, inmenso, apabullante, con una concepción del hombre, de la sociedad y de la historia, que es la que hay que vigilar y hacer valer y respetar, para que sea honesto y consecuente y para que ponga el servicio de la verdad y de la justicia toda su estructura (P. 37). Sin duda alguna, Carlos Jiménez Gómez (q.e.p.d.) con su obra, tanto la institucional como la ensayística, poética y literaria, vive en una perenne actualidad y sus memorias son una guía esclarecedora para la superación de las principales encrucijadas del presente: la paz con justicia social; la gobernabilidad con seguridad y la verdad con reconciliación política. Un legado que todos deberíamos asumir y un ejemplo a emular para vivir dignamente en democracia, sin contemporizar con más mentiras y claudicaciones complacientes, como la de ser un ejemplo de civilidad, solidaridad y ciudadanía, cuando en realidad parecemos un archipiélago de odios que naufraga en medio del clasismo, el racismo, el fanatismo, la indolencia e ignorancia política de millones que se autodenominan “ciudadanos de bien”, pero siempre están dispuestos a burlar la ley, tomarla por su propia mano o eludir el pago de impuestos.