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Publicado el Vicente Pérez

Fascismo galopante

No tengo ninguna duda de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la gobernante más autoritaria que hay en Colombia. Y pensar que está en la plataforma para lanzarse a la Presidencia de la República. Mejor no pensar. Su orientación política para mí ya no es un misterio: estoy seguro de que no es una liberal. Es una mujer fuerte, sí, fuerte y altanera, y sospecho que también es correcta en la administración de los recursos públicos, pero eso no lo es todo para ser una buena gobernante: hay que gobernar bajo el imperio de la ley y de los derechos fundamentales, que son muchísimos y más complejos que la cruzada por la vida que ella pretende protagonizar.

Tomada de Portafolio.
Tomada de Portafolio.

El estado de emergencia ha sido un alivio para muchos políticos y funcionarios públicos, desde jueces hasta contratistas del Estado, que han podido trabajar a sus anchas, sin atosigarse en el mar de formalismos legales y burocráticos del funcionamiento y la contratación estatal. Para el propio Gobierno nacional ha sido, en varios campos, también un alivio gobernar por decreto, con un Congreso que hoy todos vemos supérfluo y unas Cortes muy flexibles en la comprensión de las libertades civiles dentro de un estado de excepción. La situación que vivimos es, tómenlo literal o como hipérbole, lo más parecido a una dictadura al amparo de la Constitución. Las dictaduras no tienen que ser desde el principio asesinas, e incluso se pueden montar, como esta, bajo la excusa de salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Lo importante para que haya una dictadura, desde los tiempos de Roma, es que haya una situación de crisis que no se pueda conjurar con la institucionalidad tradicional y que haya un líder supremo que desplace a cualquier otra autoridad.

Lo esencial no está en el nombre del tipo de gobierno (a nuestra democracia ya le han llamado dictadura judicial), sino en la efectividad de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Cuando el gobierno se entromete en los asuntos más esenciales de la vida de una persona, como determinar su dieta, restringir su movilidad, interceptar sus comunicaciones, u obligarlo a dejar en registros públicos la anotación del ejercicio de cualquier libertad elemental (como comer, salir, dejar entrar gente a su casa, etc.),etc., se ha roto el orden del Estado liberal y en contraposición se ha levantado un estado autoritario. En esto no hay matices.

Es cierto que vivimos en los tiempos del registro enfermizo de la propia existencia y del autocontrol: somos una sociedad obsesionada con contabilizar pasos y calorías, dígitos en las cuentas bancarias y en los seguidores de las redes sociales, para encontrar un balance ojalá positivo. Pero una cosa es que ese registro lo haga el propio sujeto-esclavo y otra, que lo haga esclavizado porque el Estado se lo impone. Hemos visto en Colombia el naufragio de la aplicación para teléfonos Coronapp, por la razón de que los colombianos no confiamos en el tratamiento de datos de un gobierno espía, que nos ha interceptado durante décadas sin autorización propia ni control judicial. Ahora, sin embargo, la infinita maraña burocrática del orden central y descentralizado ha empezado a solicitar registros y autorizaciones previas para ejercer el comercio y las actividades laborales con las llamadas «medidas de bioseguridad» —que dejan el mensaje de que lo vivo es un peligro—; y también lo han empezado a hacer para dejar registro de la movilidad excepcional de los ciudadanos. O sea, doble excepción en tiempos de corrosiva autoridad: salvo excepción, no se puede salir a la calle, y por regla general, si se sale en uso de la excepción, de manera previa se tiene que informar.

Esto es inaceptable: no hay fin loable que pueda limpiar el fango de tan extrema coacción. Este tipo de cosas no tienen ningún asidero constitucional (en la Constitución de la que, por ejemplo, Claudia López se ufana de haber promovido), ni legal, sino es creación auténtica de los poderes dictatoriales que de manera excepcional (hay, los que hablan de la «nueva normalidad») nuestras instituciones permiten. Obligar a todos los comerciantes a aprobar de manera anticipada supuestas «medidas de bioseguridad» es un absoluto despropósito: que se establezcan y el que no las cumpla, pueda merecer sanción, pero no al revés. También lo es obligar a los ciudadanos a pedir permiso o a informarle a la autoridad antes de salir de sus casas: racional sería que cada cual saliera si quisiera, allá cada cual si se quiere o se tiene que enfermar. Pero obligar a dejar el registro previo de las salidas, como si viviéramos todos sometidos a una gran industria cronometrada, con marcaciones de entrada y salida, rompe la regla que hace días encontrábamos acá trastocada: ahora todo está prohibido, menos lo que está permitido.

Esto es fascismo, invención autoritaria, patraña legal: ese es el peligro de ser inventivo con las normas y buscar celebración. Claudia López desde Bogotá es un pésimo ejemplo para los alcaldes de provincia, muchos de los que encuentran el modelo a replicar en lo que haga la capital. Ojalá los ciudadanos y juristas formados hagamos algo más que escribir estas letanías de desahogo y frustración, que sin mucho efecto hacemos circular, y le exijamos más control a las Cortes y a los Tribunales Administrativos. Tal vez en una página como esta pueda haber más fuerza argumentativa que en un extenso decreto como los que desarrollan los estados de excepción.
Al menos encuentro dos cosas amables en la nueva plataforma de permisos previos para ejercer libertades civiles que se estrena en Bogotá: el gobierno nos trata de tú y en los medios de transporte se ha suprimido el transporte animal. Debe ser porque los caballos, los burros y las mulas no tienen que pedir permiso.

 

@VicentePerezG

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