Por: LAURA GALLEGO (@lauragallegom)
En época de elecciones los candidatos asumen la contienda con toda la seriedad del caso. Como bien lo sugiere la palabra, se pelean la presencia en las principales regiones y municipios de la periferia, aquellos apartados de la centralidad del poder en los que la actividad política de las promesas y los eventos masivos se constituyen en la agenda prioritaria, aquellos en los que la ignorancia y el abuso electoral tienen lugar en un nivel inigualable de consonancia.
La preocupación por la precaria presencia del Estado y las dinámicas propias de las decisiones que dependen del mismo, se convierten en argumentos y reflexiones discursivas; la apelación al olvido, al necesitamos un cambio, a la política en las regiones, generalmente se excede en principios y rutas de trabajo, para generalmente quedarse en ello, en retórica. Cuando se trata de elegir, el territorio pensado más allá de la capital tiene sentido, cuando se trata de decidir, la provincia no es lo suficientemente categórica para evidenciar el qué y el cómo hacer lo político.
Lo ocurrido hace un par de semanas en Buenaventura no es un asunto menor a propósito de los costos políticos y, por supuesto económicos, que supone dejar en manos del Gobierno Nacional la planeación del territorio regional. Qué el Presidente Santos instale la cumbre de la Alianza del Pacífico en Cartagena es una muestra insignificante pero concluyente en términos de cómo se piensa, planifica e interviene el territorio, al punto de poner en entre dicho el sentido que la geografía le impone a las decisiones de lo público. Bogotanizar la administración del territorio retrasa la materialización de las políticas que impone y enfrenta los retos de la competitividad y el crecimiento económico.
Colombia lleva siglos inmiscuido en un centralismo político, económico, cultural que explica su debatible desarrollo. Las diferencias entre la capital y demás capitales de los departamentos si bien es significativa, es sobre todo sorprendente la no correspondencia entre lo que el Estado planea como política y lo que las regiones y los municipios se trazan en términos de prioridades y realidades en materia pública. Las decisiones más importantes de lo que pasa en la escala regional con implicaciones determinantes en lo económico y en social para el país aún se siguen tomando en el escritorio central del ejecutivo, al punto que la visión miope de los funcionarios de la capital, muchos de los cuales no conocen el territorio ni les interesa, terminan por determinar no solo qué se hace con los recursos públicos, sino además el cómo, el cuándo y el quién.
Sobre la descentralización en Colombia se ha dicho y escrito un sin número de textos de todo tipo y desde diversos enfoques, a favor y en contra. Es posible identificar argumentos contundentes sobre la importancia de la autonomía regional, así como aquellos que insisten en que la debilidad institucional de muchos territorios haría imposible la adecuada y transparente gestión fiscal y administrativa de lo público. No es de mi interés ahondar en una u otra visión, hacerlo sería caer en la discusión del “huevo y la gallina” ¿competencias institucionales para el buen gobierno, o el bueno gobierno justifica una mayor delegación de competencias? Por el contrario, adoptando una posición moderada, quiero subrayar la inexistencia, en pleno panorama electoral, de propuestas claras a nivel regional que le apuesten por consolidar políticas locales con dinámicas similares y con una perspectiva más holística y coherente con las oportunidades del territorio mismo.
Interesante sería evaluar las propuestas específicas de los candidatos en términos de su mirada regional y descentralizada. Pensar efectivamente en una planeación e intervención del territorio en concordancia con las necesidades y oportunidades del mismo, asumiendo que la capital es parte de un país, pero que en Bogotá no se agotan las políticas efectivas para enfrentar los retos del desarrollo.
Esta y otras columnas podrá leerlas en www.bajolamanga.co (@bajo_lamanga)