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Se sigue rajando la justicia

Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)

A la aguda crisis que viven las cárceles en Colombia, denunciada por múltiples organizaciones y reconocida por el propio gobierno y el INPEC, se suma ahora una fuerte preocupación por los centros de protección del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde los adolescentes en conflicto con la ley penal son internados cuando se les ordena la medida de privación de libertad por un juez. En días pasados el director del INPEC afirmó que se estudia en esa entidad la posibilidad de sugerir al gobierno nacional la declaratoria de una emergencia carcelaria para hacer frente a las dificultades de hacinamiento, y la falta de cumplimiento de derechos y garantías al interior de los penales que ha generado la muerte de varios reclusos en los últimos meses. Ahora se denuncia en el Congreso de la Republica las dificultades que se han hecho evidentes en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, especialmente en la implementación de las medidas de privación de libertad.

Bogotá, Cali, Medellín, Soacha, Villavicencio, Ibagué y Bucaramanga, son los casos en apariencia más complejos, al interior de un sistema que no está dando respuestas efectivas en ningún lugar del país. La falta de cupos para la atención de los adolescentes, las dificultades estructurales de los centros, el hacinamiento y las condiciones inadecuadas que contrarían la legislación en la materia, pone de manifiesto la necesidad de realizar una urgente revisión de la ley 1098 para encontrar soluciones.

Son varios los puntos que deben ser objeto de discusión. La primera pregunta, siempre compleja de abordar, es si el ICBF resulta ser un administrador idóneo del sistema y si podría hacerlo de forma más eficiente para garantizar los derechos de los adolescentes.  Luego habrá que revisar las dificultades de financiación de los centros de protección, la idoneidad de los operadores que se han puesto al frente del modelo de atención de los adolescentes, y las responsabilidades de los entes territoriales. Pero sobre todo se hace necesaria una reflexión en torno a los modelos de resocialización, los objetivos de la atención en estos centros, y la idoneidad de los profesionales que realizan la labor, porque las cifras de reincidencia siguen siendo preocupantes.

No hay tiempo que esperar. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen prevalencia jurídica en Colombia de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución. Los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de cumplimiento de las cartas de derechos del niño son prioritarios en el bloque de constitucionalidad. El incumplimiento de las normas y lineamientos internacionales para la administración de justicia juvenil no puede ser un asunto negociable ni admite ser pospuesto en el tiempo. Por eso resulta urgente que en la agenda legislativa del gobierno nacional se revise de forma integral la administración de justicia para niños, niñas y adolescentes.

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