Bajolamanga.co

Publicado el Bajolamanga

Otra guerra minera

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló un nuevo enemigo interno – como si tuviéramos pocos – y declaró la guerra a lo que él, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas, además de las Fuerzas Armadas, denominan la “minería criminal”.Se trata de un discurso ya conocido en el que el gobierno nacional desde las cómodas oficinas de Bogotá ordena a todos los subniveles territoriales (departamentos y municipios) y a los destacamentos en ellos de policía y ejército a perseguir y desarticular los entramados de lo que ellos mal llaman criminalidad en la minería.

Tal discurso tiene varios problemas de diagnóstico que quisiera señalar. El primero de ellos es que crea una categoría conceptual y casi penal muy discutible de “minería criminal” para referirse a los escenarios económicos de extracción que por fuera del marco legal son controlados mediante protección violenta, extorsión o, de manera reciente, administración y trabajo directo por grupos delincuenciales. En clara confusión gubernamental con lo que es la minería informal, la minería tradicional y la minería ilegal.

Eso que las autoridades llaman “minería criminal” se distancia de la minería ilegal en la medida en que es un grupo delincuencial, llámese guerrilla o BACRIM, en algunos lugares ambos, el que controla toda la cadena de producción en la actividad extractiva. Es, entonces, un escenario de economía criminal pero no puede decirse que la criminal sea la minería sino el entramado económico controlado violentamente en su entorno.

Para entender mejor la trampa conceptual que propone la minería criminal hay que pararse en las bases de los estudios económicos del crimen y señalar que a los grupos delincuenciales poco les importa llamarse dueños de uno territorios para poner en ellos su bandera e himno. Lo que les resulta atractivo de los territorios es lo que puedan representar como renta potencialmente monopolizada. Eso explica el control de zonas en donde la economía permite actividades que son susceptibles de caer impunemente en el control delincuencial, la minería una de ellas, así como lo la coca, como lo ha sido la extorsión en lugares de ausencias del estado y su institucionalidad.

El segundo problema de diagnóstico del gobierno nacional desconoce completamente las complejidades territoriales y cae en la falacia de la burocracia central que cree, torpemente, que desde Bogotá se puede controlar todo el país. Olvidan los ministros, y el propio Presidente, que los lugares en donde ellos pretenden desatar una guerra presentan una particularidad que les resta posibilidad de éxito: en ellos el estado es uno más de los competidores que buscan hacerse con el control social, allí la seguridad y en general el poder sobre los tres monopolios básicos de estado no está en manos legales, a saber, la tributación, la fuerza y la justicia.

Los entramados sociales y políticos municipales y regionales donde se llevaría a cabo la lucha contra la “minería criminal” dan cuenta de una deslegitimación absoluta del estado que contrasta con la aceptación de métodos informales de gobierno indirecto en donde los ilegales han tomado fuerza y poder. Por ello descargar las facultades de control a los gobiernos locales resulta ingenuo en la medida que gran parte de esas autoridades (tanto civiles como de policía) están inmersos en ese conjunto de poderes informales, le son útiles y han puesto a su servicio las instituciones del estado, en lo que se conoce comúnmente como corrupción.

Aquellos funcionarios que cumplen su deber regidos a la normatividad están sin las herramientas suficientes para imponer su mandato y en tal sentido la guerra, que claramente se librará, tendrá en ellos a sus principales víctimas, son ellos la carne de cañón.

Los invitamos a seguir Bajo La Manga en Twitter: @bajo_lamanga y a visitarnos en www.bajolamanga.co

Comentarios