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Ojo al homicidio en Medellín

Por: Andrés Preciado (@andrespreciado3)

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Aníbal Gaviria, celebra con razón la reducción de homicidios en la ciudad. No es para menos, es la primera vez en 35 años que está por debajo de la tasa nacional. Su mandato en este aspecto es más que halagador, pasó de tener en 2011 una tasa por cien mil habitantes de 69, a 52 en 2012, 32 en 2013 y finalmente 26.7 en 2014.

No obstante, la explicación oficial de la reducción se centra en el trabajo conjunto de los organismos de seguridad y justicia y el gobierno local, cosa que aparte de ser una declaración política habitual, en realidad no es lo que más peso tiene a la hora de revisar las causas de la disminución. No hay que demeritar el hecho de la decreciente comisión de homicidios en la ciudad, pero en aras de la claridad hay que reconocer que los gobiernos locales (gobernadores, alcaldes, vicealcaldes y secretarios de gobierno y de seguridad) como autoridades civiles, tienen una responsabilidad indirecta tanto en la disminución como en el aumento eventual de homicidios, paso a explicar la anterior afirmación que sin duda puede ser polémica.

En Medellín las autoridades civiles se autoimpusieron desde el gobierno de Sergio Fajardo la responsabilidad por la gestión de la seguridad en la ciudad, esto implica asumir la vocería y dirección de las políticas públicas en materia, un asunto no menor si tenemos en cuenta que históricamente ha sido una arista de gobernabilidad nada fácil de lidiar. Sin embargo, las competencias legales que en el sistema político colombiano tiene un alcalde en materia de seguridad, evidencian que de facto sus facultades no van más allá de la coordinación institucional y el apoyo logístico y financiero a los organismos de seguridad y justicia. Piénsese por ejemplo que la Policía Nacional sigue parámetros nacionales de actuación que vienen de la línea del presidente. Pasa igual con la Fiscalía, de hecho un alcalde tiene mínima injerencia en el nombramiento de las personas delegadas de esas instituciones para su territorio y esos encargados tienen una línea de jefatura y mando que responde a nivel nacional en Bogotá, más que al mandatario local.

Esto muestra que si bien la responsabilidad política está en cabeza del gobierno local, y los ciudadanos así lo hacen sentir, las actividades madre de vigilancia y judicialización que son las que realmente persuaden, previenen o resuelven asuntos de seguridad como el homicidio, está por fuera de la gobernabilidad del alcalde local, de ahí su razón coordinadora, que no siempre resulta eficaz pues parte de esas relaciones termina reduciéndose a que tanto se entienda el alcalde de turno con el comandante metropolitano de policía y el director seccional de fiscalías.

Para concluir, pese a que la ciudadanía reclame al mandatario local la responsabilidad por la gestión de la seguridad, entre eso la tasa de homicidios, ni el alcalde de Medellín, ni ningún otro de Colombia, es responsable directo por el aumento ni por la disminución, en el mejor de los casos es una responsabilidad compartida entre autoridades locales y organismos de seguridad y justicia asentados en el territorio específico.

No quisiera acabar sin hacer mención al hecho de lo erróneo que puede ser entender las disminuciones de homicidio como avances en materia de seguridad, desconociendo los escenarios de crimen organizado que se configuran en torno a determinadas rentas ilegales en la ciudad. En muchas ocasiones las bajas de homicidios pueden deberse más al aprendizaje criminal que entiende como un acto irracional desde la economía del crimen cometer un homicidio por el efecto de persecución y los costos enormes de comisión, es decir altos costos de operación, que deberse al accionar acertado de las autoridades en materia de persecución a las organizaciones ilegales. Esto tampoco quiere decir, como algunos novelistas de la seguridad pretenden hacer ver, que en Medellín cada 15 días hay un concilio mafioso tipo El Padrino para repartirse la ciudad a pedazos. Se trata de un comportamiento ligado al aprendizaje de contexto y organizacional que hacen las estructuras delincuenciales una vez tienen contacto con actividades de crimen organizado, es comportamiento racional desde la economía criminal.

 

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