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La parálisis de la justicia y sus consecuencias sobre el sistema penitenciario

Por: Isabel Gutiérrez (@IsaGutierrezR) y Santiago Tobón (@SantiagoTobon)

En dos oportunidades la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria en Colombia. Esto ocurrió en 1998 y 2013(*). La situación llama la atención en tanto son pocos los pronunciamientos de este tipo. Esta es una medida extraordinaria del poder judicial para llamar la atención de las autoridades sobre una situación específica de violación sistemática de derechos fundamentales. Son seis razones las que, en cualquier caso, llevan a la Corte a declarar el estado de cosas inconstitucional (**): i) la violación generalizada de derechos; ii) la omisión de las autoridades de sus obligaciones para garantizar derechos constitucionales; iii) la adopción de prácticas inconstitucionales por parte de las autoridades; iv) la inacción en materia legislativa, administrativa o presupuestal respecto a medidas necesarias para evitar la violación de derechos constitucionales; v) problemas que demandan la acción coordinada de diferentes autoridades; y vi) potenciales problemas de congestión judicial si quienes son víctimas de la violación de derechos constitucionales acuden al sistema para demandar la atención.

El caso específico de la última declaratoria de estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, detallado en al sentencia T-388 de 2013, acude a cuatro elementos centrales que determinan una incompatibilidad con un estado social y democrático de derecho. Primero, se encuentra una situación de hacinamiento carcelario grave, que a su vez deriva en el deterioro en condiciones de seguridad de los internos. La Corte documenta casos como la mayor violencia al interior de los establecimientos penitenciarios; y una escases generalizada de bienes y servicios básicos que derivan en la creación de mercados ilegales sustitutos y corrupción. Señala la Corte que el caso es tan extremo, que en las cárceles se paga prácticamente por todo, por ejemplo: una celda, un lugar en un pasillo o el acceso a un programa de rehabilitación.

Segundo, se evidenciaron tratos crueles, inhumanos e indignos al interior de los establecimientos penitenciarios. El caso de Bellavista en Medellín, documentado por la Procuraduría y detallado por la Corte, da cuenta de ello. Se encontraron celdas de 2 metros de ancho por 8 de largo, denominadas el rastrillo, donde se envían internos castigados por convivencia. Estas celdas no tienen unidad sanitaria, ducha o colchones. Al momento de la visita de la Procuraduría se encontraban 15 reclusos que llevaban un mes allí, sin haber recibido sol y haciendo sus necesidades fisiológicas en un tarro. Sólo salían a las duchas en horas de la tarde. Además, la Corte identificó infraestructura obsoleta en diversos establecimientos, con la que se atenta contra la dignidad humana.

Tercero, se presenta una violación sistemática del derecho a la salud, asociada principalmente a las condiciones de reclusión. Espacios insalubres y sin higiene, sumados a una mayor exposición a la violencia, determinan un deterioro sostenido en las condiciones de salud de los internos. Como señala la Corte, se afecta tanto su integridad física como mental.

Finalmente, hay una falta de protección generalizada de grupos vulnerables. Las mujeres, por ejemplo, se ven obligadas en ocasiones a compartir espacios con hombres, lo cual puede consistirse en un riesgo para su seguridad e integridad física. Adicionalmente, los establecimientos penitenciarios y carcelarios no cuentan con espacios dignos que garantices unas mínimas condiciones de salubridad para el cuidado de recién nacidos. Los extranjeros, la población LGTBI y minorías étnicas no encuentran tratos que mitiguen los riesgos adicionales a los que se ven expuestos por su lejanía con familiares, orientación sexual o tradiciones culturales.

El que hayan sido dos ocasiones en que la Corte ha tenido que recurrir a esta medida extraordinaria, da cuenta de la gravedad de la situación. Es decir, se tiene el antecedente de al menos una vez en que el Estado no fue capaz de responder al llamado de la Corte. En esta oportunidad, el Ministerio de Justicia ha dado muestras de una capacidad mayor. Por ejemplo, en mayo de 2015 fue aprobado un documento CONPES sobre la política penitenciaria y carcelaria. No obstante, las metas en materia de hacinamiento que plantea el documento son, como menos, tímidas. Se propone reducir el hacinamiento en 7 puntos entre 2014 y 2018. Esto implica pasar del nivel de hacinamiento del 53% que se presentaba a 2014 al 46% en 2018. Además, por ahora no se dan muestras de poder lograrlo, en tanto a septiembre de 2015 se tenía un hacinamiento del 55% en Colombia.

Hay una situación particular en donde creemos que se concentra gran parte del problema de hacinamiento carcelario y las deterioradas condiciones de reclusión que de este se derivan, y es en la incapacidad del sistema judicial para dar respuesta a políticas punitivas recientes. Con la entrada en vigencia del Estatuto Anticorrupción y el Estatuto de Seguridad Ciudadana (***), se presentó un incremento en el número de personas que ingresan al sistema. No obstante, la justicia no ha sido capaz de procesarlos. De hecho, en los últimos dos años la población sindicada ha crecido en un 21%, pasando de alrededor de 35.700 a 43.200 personas. En el mismo período, el número de personas sindicadas cuyo tiempo de detención superaba 36 meses creció 163%, pasando de 1.700 a cerca de 4.500. La figura 1, construida con datos del INPEC, da cuenta de esta situación.
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Esta situación tiene un agravante. El período de detención por el que este creciente número de sindicados está pasando, es una bomba de tiempo para todos los organismos que intervienen en el funcionamiento de la justicia. Por ejemplo, los policías que capturaron al sindicado tendrán que atender diligencias judiciales permanentemente. El fiscal que acusa y el juez que lleva el caso tendrán que dedicar atención a estos procesos hasta que se resuelvan. El sistema penitenciario y carcelario tendrá que atender los internos, y brindarles alimentación, salud y asesoría legal durante su paso por la cárcel. La posibilidad de generación de capital criminal por parte de estos internos, se constituye en un riesgo inminente, en tanto, aunque no sean criminales, estarán compartiendo todo su tiempo con muchos de ellos.

La permanencia por largos períodos de tiempo de sindicados en las cárceles, genera enormes traumatismos en el buen funcionamiento del sistema. Esto es así, en tanto contribuyen al hacinamiento, se puede generar capital criminal a partir de sus experiencias con criminales condenados, su atención implica un aumento en los costos del sistema, su salud física y mental se deteriora tras su paso por la inadecuada infraestructura carcelaria y se destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, entre otros.

Los fines del sistema carcelario son la retribución, la resocialización y la reintegración de las personas que fueron privadas de la libertad, y la disuasión que garantice la no repetición. Para lograrlos, el Estado colombiano debe desplegar una serie de acciones tendientes a mejorar las condiciones de reclusión de sindicados y condenados. Mejorar los procesos de judicialización e investigación criminal, es el punto de partida para superar el hacinamiento. Además, racionalizar el uso de la medida preventiva de encarcelamiento, utilizar subrogados penales como la vigilancia electrónica o recurrir a medidas dentro de la alternatividad penal, son elementos del ordenamiento jurídico sobre los que el Estado debe avanzar más. El nuevo llamado de atención de la Corte, no sólo debe alertar a las autoridades sobre la violación sistemática de derechos fundamentales, debe interpretarse como un llamado a repensar algunas de las instituciones sobre las que se fundamenta nuestra sociedad.

(*) Ver las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013.
(**) Ver la sentencia T-025 de 2014.
(***) Ver la ley 1474 de 2011 para el Estatuto Anticorrupción, y la ley 1453 de 2011 para el Estatuto de Seguridad Ciudadana.

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