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La otra cara de los cultivos ilícitos

Por: Isabel Gutiérrez (@IsaGutierrezR) y Santiago Tobón (@SantiagoTobon)

En el último reporte sobre Monitoreo de Cultivos de Coca, producido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC y el Gobierno de Colombia, con cifras a 2014, se señala que alrededor de 64.500 hogares percibieron algún tipo de ingreso asociado al cultivo de hoja de coca. Esta cifra representa el 5% del número de hogares en zonas rurales dedicados a la producción agropecuaria, sin considerar empleados o jornaleros.[1] Una pregunta de política pública que debería llegar de manera inmediata al escritorio del Presidente debería ser: ¿por qué estos 64.500 hogares eligen, si es que es su elección, un cultivo ilícito sobre alternativas lícitas? En esta columnaintroducimos un marco racional para analizar las posibles respuestas, y proponemos un nuevo enfoque en las políticas del Gobierno con el fin de lograr soluciones de largo plazo a las problemáticas actuales de cultivos ilícitos.

Como primer elemento para el análisis, la participación en la cadena de producción de cocaína ha cambiado en los últimos años para los pequeños productores encargados del cultivo de coca. Según señala el reporte, en el año 2006 el 65% de los cultivadores realizaban procesos de extracción del alcaloide en los sitios de siembra. Es decir, los productores incorporaban elementos iniciales de valor agregado que podían elevar sus ingresos brutos.[2] Ahora, el 68% de los cultivadores venden la hoja de coca en el sitio, sin valor agregado. Esto implica un cambio en la distribución de los ingresos. Conforme ha transcurrido el tiempo, los cultivadores participan menos de las rentas del narcotráfico. En esta medida, para el análisis que hacemos a continuación suponemos que los cultivadores derivan su ingreso fundamentalmente de la venta de hoja de coca fresca.

En este orden de ideas, según se detalla en el mismo reporte, el ingreso promedio anual bruto por hogar asociado al cultivo de hoja de coca fue de US $5.800, lo que lleva a un ingreso bruto mensual por hogar de alrededor de $967 mil.[3]Adicionalmente, elreporte señala que la relación costo beneficio para un cultivador de coca se encuentra entre el 50% y el 62%, es decir, de cada mil pesos que se obtienen por ingresos, entre $500 y $620 se gastan en insumos y servicios asociados al proceso productivo. Esto lleva a un ingreso mensual promedio, neto de gastos, de alrededor de $425 mil. Este es el dinero que un hogar promedio dedicado al cultivo de coca tiene para atender sus necesidades de subsistencia, inversión en capital humano, y otros. Esta cifra representa alrededor del 70% del salario mínimo para 2014.

En contraste, según cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para 2014, los hogares dedicados a actividades agrícolas y pecuarias en zonas rurales del país, tienen un ingreso mensual derivado de la producción de alrededor de $302 mil, neto de gastos. Si se restringe el análisis a los departamentos con mayores extensiones de cultivos de coca,[4] el ingreso neto mensual de los productores agropecuarios baja a $265 mil. Es decir, el 43% del salario mínimo mensual para 2014 y el 62% de los que podría obtener este hogar si dedicara su tierra a la siembra de coca.

Ahora bien, un agricultor racional no basaría su análisis únicamente en el ingreso, neto de costos, de su actividad productiva. En la alternativa de dedicar su tierra a actividades agropecuarias lícitas, el productor enfrenta un costo asociado al no sometimiento a la presión de grupos armados y bandas criminales interesados en comprar hoja de coca. En otras palabras, está expuesto a las amenazas que conlleva desobedecer a guerrillas y bandas criminales. Respectivamente, en la alternativa de dedicar su tierra al cultivo de coca, el productor enfrenta un costo asociado a la certeza y severidad del castigo provisto por la justicia colombiana.

Con todo lo demás constante, un agricultor racional ubicado en los departamentos con mayor extensión de cultivos ilícitos: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá y Cauca, optará por el cultivo de coca si la diferencia entre los $425 mil de ingreso neto asociado al cultivo ilícito y el costo del castigo de la justicia colombiana, es mayor a la diferencia entre los $265 mil de ingreso neto por el producto agropecuario lícito y el costo esperado de las amenazas de grupos armados y bandas criminales. Estos territorios han sido abandonados por el Estado colombiano por décadas, y son las FARC y otros grupos asociados al negocio del narcotráfico quienes han ocupado su lugar. En este contexto, el costo del castigo por parte de la justicia colombiana es mínimo, en tanto la probabilidad de captura, judicialización y sentencia son presumiblemente muy bajas. En cambio, dado el dominio territorial de los grupos ilegales, el costo asociado a sus amenazas es posiblemente muy elevado. Esta situación hace inevitable que la mejor alternativa para un campesino en estos departamentos se encuentre en el cultivo ilícito. Aún así, desde Bogotá es fácil declararlos como unos criminales sin redención, merecedores de largas penas en prisión.

Para estos campesinos, perdidos en la selva colombiana, el Estado se hace visible únicamente mediante la presencia de la fuerza pública. Los programas de formación del SENA, el incentivo a la capitalización rural ofrecido por el Ministerio de Agricultura a través del sistema financiero, o procesos de formalización en la tenencia de la tierra, son programas que difícilmente llegan a estos territorios. Lo mismo ocurre con las grandes inversiones en vías o ferrocarriles. En estos casos, la siembra de cultivos lícitos deja de ser una elección, en tanto no se cuenta con un mínimo de acceso a mercados en condiciones competitivas para desarrollar estas actividadesde manera rentable. El gran reto de la paz en Colombia está en la ruralidad, en entender que hay ciudadanos a los que se les han negado sus necesidades más básicas y se les ha dejado solos a merced de los ilegales.

El Estado colombiano tiene la responsabilidad de brindaralternativas legales que faciliten los medios de vida de las familias campesinas en estos territorios. Solo en ese momento, podrá salir a perseguir a campesinos, aplicar medidas de extinción de dominio y procesar por porte y tráfico de estupefacientes a quienes siembren coca. Sin estas condiciones mínimas, tendrá que darle el tratamiento de ciudadano en situación de vulnerabilidad, quien merece de toda su atención y cuidado. Porque entre otras, somos un Estado Social de Derecho, ¿o no?


[1] Cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para 2014. Se consideran hogares con productores agropecuarios aquellos donde la naturaleza de la ocupación es patrono o empleador, y se dedican a actividades agrícolas o pecuarias según los respectivos códigos CIIU.
[2]Este incremento puede ser de hasta el 198%. El cálculo se basa en el ingreso bruto por hectárea por producción de hoja de coca fresca, pasta básica de cocaína, o base de cocaína, según cifras del reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca publicado en 2015.
[3]Estimado con base en la tasa de cambio promedio para 2014.
[4]Este análisis se realiza con los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Caquetá y Cauca. No se incluye Putumayo en tanto no se tiene información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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