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El hambre no se calma con limosnas o del derecho a la rebelión

Por: Walter Leandro Aguirre Mazo (@walteraguirrema)

«Y miren lo que son las cosas porque, para que nos vieran, nos tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre; apostamos el presente para tener futuro; y para vivir… morimos.»

Subcomandante Insurgente Marcos

El convenio internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que constituye la base de todo el derecho internacional y es además el soporte de la globalización tanto económica como de la democracia misma, establece en su preámbulo una serie de postulados básicos que implican para cualquier Estado Social de Derecho sobre todo a Colombia la obligatoriedad de garantizar no sólo los derechos políticos básicos o de primera generación (El voto, a un debido proceso, a ser elegido, la libertad, Etc.) sino además garantizar la ejecución de los Derechos Económicos Sociales y Culturales – DESC – o derechos de segunda generación (El trabajo, la salud, la alimentación, la vivienda, la seguridad social, la educación entre otros) los cuales son la consagración máxima del Pueblo como poder soberano en la Constitución Política de 1991 y se positivizaron con el objetivo de acabar con el conflicto social que surgió a causa de las desigualdades sociales nacidas por la concentración histórica de la riqueza en Colombia y el conflicto armado que nació como mecanismo para garantizar la distribución y redistribución de la riqueza y del poder que por medios políticos-pacíficos no se obtiene, es decir, nace la Constitución como medio discusión democrática y la palabra como intercambio de ideas y argumentos honestos y pacíficos para solucionar las controversias sociales en la asignación de los recursos que se suponen escasos con el objetivo que el hombre no se vea obligado a usar la violencia y la fuerza como medio de satisfacción de sus necesidades básicas y garantía de medio de vida y reproducción de su clase y especie,  establece entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos que… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;además continúa diciendo que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;para lo cual es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

24 años después verificamos que la Constitución es de papel, no tiene eficacia, ni eficiencia en la garantía de los derechos ciudadanos teniendo como contexto 22 millones de compatriotas pobres, más de 5000 mil niños muertos en La Guajira por desnutrición y quien sabe cuántos más en todo Colombia, en Medellín hay más de 250.000 personas desconectadas sin acceso a los servicios domiciliarios básico como el agua potable, la electricidad o la información de la red [Analfabetismo digital] , entre muchas otras razones que muestran como lo plantea Loïc Wacquant que sumada a esa marginalización social histórica la penalización de la respuesta social caótica, crítica y resistente al modelo de desarrollo capitalista, convierte a Colombia y todo estado que lo aplique en “una dictadura sobre los pobres”, disfrazada de democracia y refrendada por los pocos que se benefician en las urnas cada 4 años.

Esto ha llevado a legitimar los grupos armados que ejercen soberanías en los territorios de Colombia y luchan contra el Estado como medio de garantía de sus derechos, medios de vida, cultura, tradiciones y vida misma, dado que no es sólo la exclusión, sino una intención clara y manifiesta de hacer desaparecer a los pobres tanto de la esfera pública como del país mismo. Surgen entonces, líderes y proyectos políticos respaldados por las armas como medio de hacerse escuchar, respetar y sentir.

Esto es y será así, siempre que el Estado ejerza violencia frente a cualquier ciudadano o grupo, estos abanderando el supremo recurso de rebelión contra cualquier tipo de tiranía, sea la del Estado o como sucede en la actualidad y se ha generalizado en todo el globo, la de Tiranía del Mercado, se tendrá respuesta legitima violenta como mecanismo de participación y defensa de los intereses de los marginados de Colombia y el mundo.

Superar esto requiere de un nuevo lenguaje como lo plantea Juan Manuel Santos, es verdad, pero sobre todo requiere un compromiso serio del Estado en la ejecución y garantía de los derechos humanos políticos, los DESC y los de tercera y cuarta generación, como medio de acabar con el conflicto armado que nos toca a todos.

Requiere distribución de la tierra, del ingreso, hacer que efectivamente los gastos e ingresos públicos sean progresivos, una vocación sin precedentes a la educación, el aprendizaje y la enseñanza como medios de desarrollo, requiere además de un compromiso ineludible por crear las condiciones y garantizar la participación democrática de la ciudadanía en las esferas de poder, dado que, no basta con desconcentrar la riqueza, es necesario desconcentrar el poder y todo lo que ello implica, retornándolo al Pueblo como poder soberano primario.

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