Por: Camilo Arango (@camiloarangoo)
La paz, la equidad y la educación, son los propósitos centrales del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. Así lo afirmó ayer en sus palabras de posesión, en un discurso más concreto y menos ambicioso que el presentado por él mismo hace cuatro años cuando llegaba por primera vez a la Presidencia. Pero pocas luces dio el presidente Santos sobre el proceso de paz con las Farc, del que se refirió como su gran propósito personal y de su gobierno, pero frente al que volvió a referirse sobre lugares comunes en una alocución presidencial sin novedades ni grandes propuestas innovadoras.
Es por eso que más allá de lo expresado por el presidente, la discusión sigue instalada en el Congreso de la República que ha tenido un alterado inicio de discusiones entre los partidos de la Unidad Nacional, el Centro Democrático y el Polo Democrático Alternativo. Los editoriales y columnas de opinión más optimistas frente a la conformación del actual Congreso de la República, lo llamaron el Congreso de la paz por la tarea compleja de construir un escenario institucional capaz de hacer frente al cumplimiento de un eventual acuerdo de paz en La Habana. El debate electoral de los candidatos al Congreso, tal como ocurrió con las elecciones presidenciales, estuvo muy ligado a definir el apoyo de los candidatos a la propuesta de paz del gobierno Santos respaldada por la mayoría de los partidos políticos del país, y aquellos seguidores de la propuesta de oposición del Centro Democrático. Pero las casi tres semanas de sesiones ordinarias que se completan, parecen dar la impresión contraria en relación con el compromiso de la corporación de dar un paso adelante en la construcción, a través de un comportamiento ejemplar, de un nuevo escenario de país de cara a la paz.
No será una tarea sencilla pues parece un parlamento desinteresado de sus funciones naturales para dar espacio a la proposición de debates que pretenden zanjar discusiones entre sus miembros por intereses personales. Las denuncias de varias organizaciones sociales y centros de pensamiento que han hecho estudios y publicaciones sobre los vínculos entre la clase política y los actores del conflicto en Colombia, han denunciado que la conformación actual del Congreso no es ni mucho menos renovadora y, por el contrario, permite la vuelta a escena de viejos sectores clientelistas vinculados a guerrillas y paramilitares. Aun así, lo que esa clase política instalada para el próximo cuatrienio en el Congreso debe entender es que el país requiere de su compromiso para la creación de condiciones institucionales reales y suficientes para dar el paso hacia la consolidación de un escenario de paz.
La alocución presidencial de ayer reconoce que la paz no es ni puede ser un propósito exclusivo del gobierno nacional, y que sin el compromiso y acompañamiento de todos los estamentos del Estado no lo vamos a alcanzar. Este Congreso tiene una responsabilidad calificada con el país. No significa que por ello no se pueda ejercer una oposición seria y fundamentada respecto del actual del gobierno frente a temas como la paz, la educación, la justicia, la salud o la seguridad, pero esa oposición debe ser constructiva para el mejoramiento de las condiciones de vida en el país. El Congreso de la paz le habrá fallado a Colombia si, como hasta ahora, se deja llevar por intereses personales. Se habrá convertido en el Congreso de la guerra.
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